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La migración ha adquirido un carácter simbólico de cara a las elecciones presidenciales del 3 de noviembre en Estados Unidos. El endurecimiento de las políticas migratorias impuesto por la Administración del presidente, Donald Trump, ha supuesto una “vergüenza moral” para el país, según su rival demócrata, el exvicepresidente Joe Biden, consciente sin embargo de que estas políticas de Trump contra la migración ilegal fueron facilitadas precisamente por el hombre al que sirvió, Barack Obama.
“Donald Trump no ha hecho sino abusar de la máquina que construyó Obama”, explica la abogada especializada en migración Amy Maldonado, a la cadena CBS. Las cifras hablan por sí solas. Trump ha deportado a casi 750.000 personas desde que llegó al poder hace cuatro años. A mediados del mandato de Obama, más de 400.000 fueron deportadas en un solo año. “Barack Obama sigue siendo el ‘deportador en jefe’ y dudo mucho de que Trump pudiera igualarle aunque ganara las elecciones, porque no es tan competente”, añade Maldonado.
Biden, por lo tanto, se enfrenta a un problema que no se limita estrictamente a Donald Trump ni a sus políticas regresivas. “Biden debe deshacer el daño creado”, indica por su parte el integrante de la plataforma política sobre migración creada por el exvicepresidente estadounidense, Javier Valdés. “Cuando digo ‘daño’ no me refiero solo al que ha ocurrido durante Trump. Es verdad que le ha inyectado esteroides, pero estamos ante un problema histórico”, señala a la misma cadena.
La respuesta del candidato demócrata todavía está por definir. Si bien ha dado indicios de “inclinarse ligerísimamente a la izquierda” en esta cuestión, según el panel de expertos sobre justicia criminal The Marshall Project, en parte gracias a la incorporación del senador y excandidato presidencial Bernie Sanders a su comité de intervención en políticas sociales, Biden todavía no ha confirmado si aplicará algunas de las propuestas más inmediatas, como la declaración de una moratoria de cien días sobre las deportaciones si llega a la Casa Blanca.
De hecho, las propuestas del comité ignoran una de las grandes peticiones de la izquierda norteamericana: la abolición del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), al menos en su forma actual; una agencia que Trump ha empleado como ejecutora de los aspectos más criticados de su política migratoria, comenzando con la separación de los menores de sus padres al pisar suelo estadounidense.
Esta medida, considerada por sus críticos como un ejemplo de crueldad por parte de la Administración Trump, ha provocado que 545 niños separados en la frontera todavía no hayan podido encontrar a sus padres, según un documento judicial presentado el martes, por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos y la Unión Estadounidense de Libertades Civiles.
PROMESAS EN SOLITARIO
Nada representa mejor la política migratoria de Trump que el muro de separación con México, una barrera que Trump ha reforzado, más que ampliado –la Administración ha trabajado aproximadamente sobre 443 kilómetros de muro, pero la mayor parte de estas obras han ocurrido sobre estructuras existentes.
No obstante, se ha tratado de una iniciativa que la Casa Blanca ha desarrollado prácticamente en solitario, hasta el punto de que ha llegado a recurrir a partidas militares para completar el proyecto dada la falta de cooperación del Congreso de EEUU; un modelo de financiación irregular que se someterá a escrutinio el año que viene en el Tribunal Supremo.
La Administración denuncia en este sentido la falta de cooperación a su alrededor, desde la bancada demócrata a los departamentos de Policía de las “ciudades santuario” del país que se niegan a aplicar las políticas federales contra la migración ilegal, según lamentó en 2019 el director en funciones del ICE, Matthew Albence.
Es por ello que Trump ha aplicado esta política a golpe de orden ejecutiva, como la que impuso el pasado mes de julio y que suspendió la emisión de nuevos visados de trabajo, impidiendo que casi 200.000 trabajadores extranjeros y sus familias llegaran a Estados Unidos; una decisión que, según el Instituto Brookings, ha costado a las 500 principales compañías del país más de 100.000 millones de dólares en beneficios.
Desde la Administración se percibe como el precio a pagar por la preservación de la ley y el orden frente al caos y la violencia que, según sus palabras, acompañan al fenómeno de la migración.
“La abrumadora mayoría del pueblo estadounidense está comprometido con el fortalecimiento de la nación estadounidense para el pueblo estadounidense”, asegura a la CBS el asesor de la Casa Blanca en política interior Theodore Wold. “El grito de guerra de la izquierda de ‘sin fronteras, sin muros’ es, en realidad, una coartada para esconder más violencia por drogas, más tráfico de personas, más pobreza intergeneracional y, en último término, menos empleos y menos oportunidades para los trabajadores estadounidenses”, añade.
Amparándose en este argumento la Casa Blanca tiene intención de endurecer las restricciones hasta el último momento. En las últimas semanas, la Administración ha impuesto límites de tiempo para que los estudiantes extranjeros completen sus estudios, requisitos de ADN en algunos casos para obtener beneficios de inmigración y una nueva regla para que los donantes de programas para la entrada de migrantes presenten su historial de créditos, extractos bancarios y financiación adicional.
BIDEN Y EL LEGADO
“Creo que fue un gran error”, reconoció Biden sobre la política de deportaciones de Obama en una entrevista concedida en febrero a la cadena de televisión Univision. “Y hemos tardado demasiado tiempo en entenderlo”, añadió el candidato, quien se vio obligado a admitir que en 2006 votó a favor de una expansión puntual del muro de separación porque “en algunos sitios tiene sentido, pero la noción de que se trataba de lo mismo que Trump está haciendo ahora con el muro de separación es ridícula”.
Sin embargo, Biden, que en su web declara sus propuestas son “un intento de reclamar los valores de una América como una nación de migrantes”, ha adoptado posiciones específicas en solo algunos temas de inmigración –en particular los que se refieren a la expansión de las condiciones de la migración legal– mientras que se ha ofrecido a trabajar con el Congreso en cuestiones sin solución a la vista, como las incursiones policiales en las comunidades de migrantes.
“La comunión entre la intervención policial y política migratoria es algo extraordinario que va a sobrevivir a Trump”, indica al diario ‘Los Angeles Times’ el profesor de Derecho Migratorio de la Universidad de California Hiroshi Motomura.
El candidato demócrata tampoco se ha mostrado especialmente predispuesto a derribar los nuevos segmentos del muro de separación levantados por la Administración Trump y, en su lugar, ha ofrecido paralizar el proyecto. Aunque ha asegurado que mejorará las protecciones para los “soñadores” (los migrantes ilegales que llegaron al país siendo menores de edad), ha guardado silencio sobre la posibilidad de anular otras cuestionadas medidas de Trump, como las que obliga a los migrantes a permanecer en México mientras aguardan el permiso de entrada, en una situación insegura; otra normativa que será objeto de escrutinio por el Supremo.
Todo esto ocurre en un momento en que la migración parece haber pasado a un tercer plano en lo que se refiere a los intereses de los estadounidenses. Según una encuesta de CNBC/Change Research a principios de octubre, solo el 15 por ciento de los votantes declaró que la inmigración era un problema importante, en comparación con el 39 y el 40 por ciento que se decantan por la economía y la pandemia de COVID-19, respectivamente.
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