EL VENEZOLANO COLOMBIA ┊ Con información de El TIEMPO y EFE
El empresario barranquillero Álex Naím Saab, señalado testaferro de Nicolás Maduro, sabía que tenía contados sus días en libertad.
Hace menos de dos semanas, en una corte de Manhattan, se descubrieron piezas procesales que confirmaron que Estados Unidos le estaba cerrando el cerco al colombiano, calificado como la piedra angular de una red corrupta del régimen de Maduro, dedicada al lavado de activos y a mover oro y dólares hacia Irán y Turquía.
LA DEA y el FBI planeaba darle un golpe de mano, siguiendo por satélite los movimientos de su flotilla de aviones que se mueven por Venezuela, Alemania, Rusia, Italia e Irán.
Y el viernes, a las 6:30 de la tarde (hora colombiana), uno de ellos aterrizó en uno de los aeropuertos de Cabo Verde –país insular de África–, cuyas autoridades fueron alertadas de que Saab tenía circular azul de la Interpol, para su localización, y una roja (que aún estaba fresca) para su arresto internacional.
“Sabíamos que iba a reunirse con una comisión de Irán para liberar un barco con gasolina retenido en la isla. Estábamos esperando que cometiera un error y lo cometió”, dijo una fuente federal. Y agregó que la tripulación del avión –G5000, de matrícula T7JIS– no lo reportó como pasajero, pero los investigadores sabían que iba ahí.
Puja judicial
Para ese momento, agentes federales ya estaban en la isla con el propósito de evitar que el colombiano se les fuera de las manos, como pasó con el general (r) Hugo ‘Pollo’ Carvajal cuando lo capturaron en Aruba (2014) y luego en España (2019).
El sábado, hacia las 10 de la mañana, la portavoz del Departamento de Justicia, Nicole Navas, confirmó el arresto y el hecho de que estaba vinculado al proceso que se le sigue a Saab y a su socio Álvaro Pulido por el delito de blanqueo de capitales.
En efecto, una corte de Miami señala que, al menos desde 2011, Saab y su socio (conocido también como Germán Rubio Salas) están conspirando para lavar millones de dólares provenientes del negocio de las cajas de alimentos subsidiadas, conocidas como Clap. Así mismo, que pagaron jugosos sobornos para la fabricación de casas subsidiadas. Incluso, en un video Sabb aparece firmando un convenio entre Colombia y Venezuela, de ‘Misión Vivienda’.
Para el gobierno Trump es claro que Saab es la ruta para llegar a bienes y cuentas bancarias de Maduro y de su séquito en el exterior. Y para ubicar el paradero de los lingotes de oro y dólares que han salido de Venezuela a Turquía, Rusia e Irán.
Inicialmente, fuentes oficiales aseguran que el vuelo en el que llegó el barranquillero a Cabo Verde habría salido de Caracas, estaba cargando combustible en la isla y seguía para Rusia e Irán. Pero otra versión señala que venía de Teherán.
Gente del entorno de Saab –que confirmaron la noticia en primicia– dijeron que iba en compañía de un colombiano. Y que la segunda llamada que Saab hizo tras su detención fue a Venezuela.
En ese momento, se inició una carrera contra el reloj para que Estados Unidos lo reclamara, a pesar de no tener tratado de extradición con Cabo Verde, una pequeña isla con autonomía (tras ser colonia de Portugal) pero con poca estabilidad política.
Sin embargo, en septiembre de 2019, Estados Unidos y Cabo Verde firmaron una carta de acuerdo bilateral en materia de apoyo de justicia penal, que haría viable su extradición. Si bien está centrada en temas de narcotráfico, también cobija lavado de dinero y crimen organizado. Por eso, el fiscal de Miami Michael Nadler gestiona su extradición y frena su posible expulsión a Caracas.
VENEZUELA DICE QUE DEFENDERÁ SUS DERECHOS
A través de un comunicado de la Cancillería, el régimen de Venezuela dijo que tuvo «conocimiento de la detención arbitraria del ciudadano venezolano Álex Saab por parte de la Interpol» y destacó que su arresto es un hecho «violatorio del derecho y de las normas internacionales» que «se corresponde con una de las acciones de agresión y asedio contra el pueblo venezolano».
Asimismo, aseguran que Saab se encontraba «de tránsito en la República de Cabo Verde, durante una escala técnica» en su condición de «agente del Gobierno Bolivariano de Venezuela».
Saab tenía como objetivo «realizar gestiones para garantizar la obtención de alimentos» para el programa gubernamental de comida susbsidiada de los Comités Locales de Alimentación y Producción (CLAP), así como de medicamentos, insumos médicos «y otros bienes de carácter humanitario para la atención de la pandemia del COVID-19».
También explican que en su detención se violaron todas las normativas y procedimientos puesto que «no existía código rojo vigente», una orden internacional utilizada por la Interpol para solicitar la detención preventiva con miras a la extradición.
Según el comunicado del régimen la Interpol emitió «una extemporánea orden de captura para justificar la detención».
Apelan además a que no se consideró «la inmunidad diplomática que el derecho internacional le concede a un agente de un Gobierno soberano».
Saab, de nacionalidad colombiana y ascendencia libanesa, tenía una alerta de Interpol debido a «la acusación en Estados Unidos por delitos de lavado de dinero» contra Saab, precisó a Efe una portavoz del Departamento de Justicia estadounidense.
«TODAS LAS GESTIONES CORRESPONDIENTES»
El régimen de Maduro dijo que ha emprendido «todas las gestiones correspondientes por la vía diplomática y legal para garantizar los derechos humanos» de Saab, así como «su inalienable derecho a la defensa».
Asimismo, apeló a «la amistad y las relaciones de respeto» históricas entre el Estado caboverdiano y Venezuela y pidió que se deje en libertad a Saab, así como «que se facilite su regreso protegiendo sus derechos fundamentales, a partir del debido proceso».
El anuncio de su detención se produjo cuatro días después de que la Fiscalía de Colombia impusiera medidas cautelares con fines de extinción de dominio (expropiación) a ocho inmuebles de Saab que, presuntamente, hacían «parte del patrimonio ilícito» que constituyó el empresario «a través de operaciones financieras irregulares».
Según el ente investigador colombiano, esos bienes tienen un valor de 35.000 millones de pesos (unos 9,7 millones de dólares) y están ubicados en la ciudad caribeña de Barranquilla.
