Yanira González, coordinadora de la asociación de inmigrantes venezolanos en Cali, asegura estar «agobiada» y «desaborada». Las líneas telefónicas de ayuda no hacen sino sonar. Cientos de venezolanos en esta ciudad del suroeste de Colombia la llaman en busca de auxilio.
«Justo ahora estoy teniendo un caso de suicidio»Habla de un venezolano que fue encontrado por su familia «guindado del techo». Se había ahorcado en medio del nerviosismo que ha generado la pandemia del coronavirus.
La familia no sabe por qué tomó la decisión de matarse, pese a que «él sí estaba muy triste», según relataron a la asociación. Pero Yanira lo atribuye a la crisis sanitaria: «El virus es una amenaza más —explica—, todos tenemos riesgo de quedar en la calle porque no tenemos ingreso fijo y eso ha cambiado nuestra situación».
Más de un tercio de los casi cinco millones de venezolanos que salieron de su país en los últimos años huyendo de la crisis están en Colombia, según Naciones Unidas. Y el 90% de ellos, según las autoridades colombianas, trabaja en la economía informal.
Decenas de organizaciones de derechos humanos han alertado que además de los adultos mayores, la población más vulnerable ante la expansión del covid-19 son los inmigrantes y refugiados, no solo porque viven en condiciones de hacinamiento, sino porque además dependen de la economía informal, congelada por las cuarentenas.
A la espera del Estado
El martes, decenas de personas protestaron en varias ciudades de Colombia debido a la crisis económica que se avecina por una cuarentena nacional de 19 días que empieza oficialmente este miércoles.
Varias ciudades, no obstante, ya completan una semana de aislamiento obligatorio.
Vendedores ambulantes, mensajeros y trabajadoras sexuales, entre otros laburantes informales, se reunieron frente a las alcaldías a exigir medidas para paliar el enfriamiento de sus sectores. Algunas protestas terminaron en disturbios con la policía.
La mayoría de los manifestantes, reportaron medios locales, eran venezolanos.
«Vamos a salir a la Plaza de Bolívar a ver qué ayuda nos dan», le dijo a BBC Mundo el venezolano William Aguilar, en referencia al principal espacio de protesta de Bogotá, donde decenas de personas acudieron el martes.
Aguilar, que cuenta que llegó al país hace dos años, es residente y coordinador de un «pagadiario», un estilo de residencia donde 48 venezolanos, y algunos colombianos, viven por un cobro de 18.000 pesos el día (US$4).
«Ninguno de los que viven acá ha pagado en una semana y muchos ya no tienen comida, porque ya no tienen el trabajito de salir a la calle vendiendo, de meseros, en buses», le relata a BBC Mundo.
El gobierno de Iván Duque anunció que 2,6 millones familias recibirán un promedio de 334.000 pesos (US$80) y 1,7 millones adultos mayores obtendrán 240.000 pesos (US$60) para enfrentar la crisis.
«Estos programas buscan proteger a más de 10 millones de colombianos, a los más vulnerables. Vamos a pasar estas tempestades sin hambre», dijo Duque en una de sus ahora diarias alocuciones.
Sin embargo, el gobierno no ha anunciado medidas asistenciales para los venezolanos (salvo apoyo médico a los que están regularizados). Duque ha sido enfático en que Colombia necesita más recursos internacionales para enfrentar la crisis migratoria.
Según cifras de la ONU, los gobiernos latinoamericanos afectados por la crisis de migrantes venezolanos solo han recibido el 2% de los US$1.350 millones aprobados por organismos internacionales.
Cooperación internacional insuficiente
Ahora, con la emergencia global, muchos venezolanos temen que su situación empeore: venidos de un país donde el Estado prestaba amplia asistencia social, muchos esperan que el gobierno colombiano los trate como locales.
El alcalde de Medellín, Daniel Quintero, denunció que decenas de venezolanos llegaron a la alcaldía el martes porque fueron «engañados por una cadena falsa de Whatsapp» según la cual les iban a dar 60.000 pesos (US$15).
«Increíble que en estos momentos algunos quieran jugar con la esperanza de la gente», escribió el alcalde.
Por eso entidades como Acnur, la agencia para refugiados de la ONU, han enfocado su trabajo en la inclusión: «No queremos ser alarmistas, pero la situación va a empeorar y lo que a nosotros nos interesa es incluir el tema de los migrantes y refugiados en la respuesta general del Estado a la pandemia», le dijo a BBC Mundo el Jozef Merkx, representante en Colombia del organismo.
Migración Colombia estima que poco más de la mitad de los dos millones de venezolanos en Colombia no tienen un estatus legal regularizado. «Eso les impide acceder a los servicios (de asistencia) más rápido», señaló Merkx.
De la mano de organizaciones internacionales como la Iglesia Católica o gobiernos europeos, Acnur ha instalado decenas de centros de asistencia y albergues en todo Colombia para los migrantes venezolanos.
«Afortunadamente aún no tenemos muchos contagiados y eso nos ha dado tiempo para prepararnos y adaptar estos lugares para que no sean focos de infecciones», indicó Merkx.
Willinton Muñoz, coordinador del Centro de Migraciones en la ciudad fronteriza de Cúcuta, maneja un albergue con capacidad para 150 personas, pero desde que empezó la cuarentena no tiene permitido recibir más gente y se quedó con solo 130.
«Sabiendo que yo tengo más espacio, es difícil no poder recibir más gente, pero toca porque es para proteger a los que están dentro y fuera», le dice a BBC Mundo.
Ortiz, que trabaja de cerca con la Iglesia católica, dice que la situación de los venezolanos en la calle es «tan difícil» que quienes están en los albergues son los afortunados: «Desgraciadamente, son los más beneficiados, porque aquí tienen su comida, sus servicios, su estadía, sus medicinas, porque por fuera la situación se puso muy complicada».
«Podemos quedar en la calle»
Dirigentes políticos de izquierda y derecha le han propuesto a Duque que suspenda durante la cuarentena el pago de servicios básicos para suavizar la situación de los más vulnerables.
Incluso la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, pasó un decreto para ejecutar la medida.
Pero Duque, en un nuevo episodio del choque que ha mantenido con López durante la emergencia, se ha negado con el argumento de que el Estado necesita esos recursos para atender la pandemia.
«Si no me suspenden (el pago de) los servicios la señora (la arrendadora) me va a sacar de la casa», indica María Fernanda Mendoza, una venezolana de 32 años que vive en una habitación alquilada en el sur de Bogotá con sus dos hijas, su esposo y sus dos suegros.
«En este momento no tenemos un solo peso —continúa—; tenemos la comida para una semana, pero la cuarentena va a durar dos y tanto a mí como a mi pareja nos pararon del trabajo», dice. Ella era mesera de una panadería y él, mecánico de un taller.
«Nos dicen que hay que limpiar todo para no contagiarse, pero en el momento que tenga que escoger yo voy a darle prioridad a la comida y si no es suficiente, yo y mi pareja vamos a tener que sacrificar bocado para que mis hijas coman lo necesario para estar sanas».
Mendoza no tienen plan b: su única esperanza es el Estado: «Solo nos queda que nos den una ayuda para el venezolano, porque si no vamos a terminar en la calle y con hambre».
