Antes de su viaje al Foro Mundial de Economía, en Suiza, el presidente Iván Duque firmó un decreto que amplía la cobertura de salud a un estimado de 750 mil venezolanos en el país. El requisito principal para acceder al beneficio de afiliación al régimen subsidiado es tener vigente el Permiso Especial de Permanencia (PEP), y los menores de edad contar con el registro civil (partida de nacimiento).
El decreto 064, con fecha del pasado 20 de enero, emitido por el Ministerio de Salud y Protección Social, establece que desafiliarán a los venezolanos de las EPS que no reportan su domicilio cada cuatro meses.
En el artículo 3, parágrafo 5 del mencionado decreto se señalan la siguiente condición para la población proveniente de Venezuela: “Los migrantes venezolanos afiliados deberán acreditar su permanencia en el país, actualizando la información de su domicilio cada cuatro meses ante la entidad territorial municipal donde se encuentren domiciliados. La entidad territorial deberá reportar esta información en el Sistema de Afiliación Transaccional”.
“Cuando el migrante venezolano afiliado no haya acreditado su permanencia en el país… la entidad territorial reportará la novedad de terminación de la inscripción en el Sistema de Afiliación Transaccional (SAT), o la registrará en la Base Única de Datos del Afiliado. La última entidad territorial donde el migrante venezolano actualizó su información de domicilio será la responsable de reportar la novedad de terminación de inscripción en la EPS”.
Añade el artículo: “Con la novedad de terminación de inscripción a la EPS cesará para este la obligación de prestación de los servicios de salud del Plan de Beneficios, y el pago de la UPC por parte de la Administradora de Recursos del Sistema – Adres, sin perjuicio de la validación de la vigencia del documento por parte de la Administradora de los Recursos del Sistema Adres para el pago de la Unidad de Pago por Capitación (UPC)”.
En relación con las condiciones establecidas en el decreto para la población venezolana, la abogada de la ONG Women’s Link, Angélica Cocomá, explicó que resulta oneroso pedir un documento de identidad válido para los menores de edad de migrantes, y lo argumenta porque «en el contexto de la crisis venezolana no se puede supeditar la atención de salud a la documentación porque la misma es difícil de conseguir».
«Lo mismo ocurre con el PEP. ¿Qué pasa con las mujeres y niñas que ingresaron al país el año pasado cuando ya no se estaba aplicando la encuesta del PEP?», se preguntó con preocupación la abogada que ha asesorado casos de vulneración de derechos de atención de salud a migrantes venezolanas en Colombia.
«Supeditar la atención en salud al PEP las deja desprotegidas. Pedir a los migrantes actualizar su permanencia cada cuatro meses también es una carga burocrática innecesaria, en particular para una población que no está familiarizada con los trámites en Colombia, con precariedad económica que dificulta los desplazamientos y la movilidad, entre otros temas. Terminar la afiliación si no se cumple con este requisito desprotege especialmente a las mujeres y niñas que no tienen capacidad de pago para transporte y desconocen la normatividad colombiana», advirtió Cocomá.
El decreto 064 también especifica que frente a los menores de edad colombianos y venezolanos, hasta los 18 años tienen garantizados los servicios de salud aunque sus padres no estén afiliados. Asimismo, cuando un bebé de padres venezolanos nazca en Colombia, él y sus padres podrán ser afiliados al sistema. La medida también cobija a la población víctima del conflicto armado, los colombianos retornados y de escasos recursos.
Por su parte, la viceministra de salud Diana Cárdenas explicó, este viernes a emisoras radiales, que el nuevo decreto apuesta a la cobertura universal de atención en salud en Colombia, específicamente con el grupo de venezolanos regularizados que no tengan capacidad de pago.
«Actualmente hay en Colombia 590 mil venezolanos con PEP, de esos, 180 mil están en régimen contributivo y 70 mil en el régimen subsidiado; a la mayoría los estamos atendiendo vía urgencias de forma desordenada y esto nos representa altos costos», dijo tras asegurar que están reforzando los procesos de vigilancia en enfermedades transmisibles.
Brindar atención en salud a los migrantes irregulares es un reto enorme para el sistema de Colombia, reconoció la viceministra. «Hemos hecho un esfuerzo en el aumento de la cobertura, muchos de los venezolanos que llegan son gestantes o menores de edad, con el aseguramiento podemos organizar los servicios de salud con cuidados preventivos».
Con información de Migra Venezuela
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