Hace pocos días el Gobierno Nacional expidió un decreto que permitirá a los migrantes venezolanos afiliarse al régimen subsidiado de salud. Se calculan entre 1,5 y dos millones los habitantes del vecino país forzados a emigrar a Colombia por la crisis social y económica del régimen de Nicolás Maduro.
Los datos oficiales estiman en unos 740 mil los venezolanos que estarían en condición de irregularidad en el país. Esta situación está forzando a esas personas a mantenerse en la marginalidad y en la vulnerabilidad social.
El choque que ha causado la migración venezolana es de los más severos en el mundo. Colombia ha sido uno de los países que ha recibido una mayor proporción de los 4 millones de los ciudadanos que han partido de su tierra, según reportes de Acnur y la Organización Internacional de Migraciones.
La respuesta del país a la crisis humanitaria de los migrantes ha recibido los aplausos de la comunidad internacional y de los organismos multilaterales. El gobierno de Iván Duque ha destinado presupuesto, promovido una agenda diplomática y tomado decisiones que han sostenido un abordaje solidario y fraterno ante el éxodo.
No obstante, poco a poco, la amable bienvenida que la sociedad brindó está cambiando. En la última encuesta Gallup que se publicó en diciembre, en mitad de las protestas ciudadanas, solo el 23 por ciento de los colombianos expresó una opinión favorable sobre los “venezolanos que llegaron al Colombia a quedarse”. Estos anuncios humanitarios, como el de la salud, se dan en momentos en que los nacionales están manifestando su descontento sobre la política social y económica, que incluye la calidad de este servicio público.
Afiliar a una población migrante en estado de vulnerabilidad social, en especial a los menores de edad, es una decisión acertada por parte del Gobierno. Sin embargo, el aumento de un sentimiento en contra de los venezolanos es una señal a la cual se debe prestar atención.
Fuente: Portafolio
