La Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia formuló cargos contra la multinacional Rappi S.A.S y abrió una investigación administrativa por presuntamente incumplir cinco ordenes impartidas para que la compañía cumpla la normativa de comercio electrónico en el país, informó este miércoles la entidad.
La Superintendencia señaló en un comunicado que las órdenes fueron dadas mediante una resolución de agosto pasado y que la investigación administrativa se iniciará para determinar si Rappi atendió dichos requerimientos.
«La decisión fue tomada luego de evaluar la respuesta y documentos allegados por la sociedad, con los que se pretendía acreditar el cumplimiento de la orden administrativa impartida, determinándose de manera preliminar, el presunto incumplimiento de cinco de los requerimientos efectuados por este ente de inspección, vigilancia y control», agregó la información.
El primero de ellos es el supuesto incumplimiento a una orden con la que se le pedía a la compañía que informara a los consumidores que tienen «derecho de retracto y de revisión de pago» antes de aceptar la oferta.
Por el contrario, la aplicación «limitó» esta orden a los miembros de Rappi Prime y para el resto de usuarios los remitió al «aliado comercial».
La segunda orden buscaba que Rappi cambiara las cláusulas de términos y condiciones, pues no asume su responsabilidad como proveedor, mientras que con otra pretendía que el valor de los productos no pudiera ser modificado después de que el usuario hiciera la compra.
«Respecto de la orden relacionada con establecer de manera clara, en los acuerdos de cooperación celebrados con sus aliados comerciales, la intervención de cada uno de los suscriptores del acuerdo frente a la efectividad de la garantía, esta entidad la consideró presuntamente incumplida», subrayó.
Por último, la Superintendencia afirmó que hubo un «incumplimiento parcial» de una orden para que los consumidores pudieran acceder a información sobre el trámite y tiempo de respuesta y solución de sus peticiones, quejas y reclamos.
En caso de que la entidad logre probar lo anterior, se podrían imponer multar por hasta 1.000 salarios mínimos legales vigentes, lo que equivale a 828.000 millones de pesos (unos 240.000 dólares).
Rappi nació en 2015 en Colombia como una «startup» de entregas a domicilio y opera además en Argentina, Brasil, Chile, México, Perú, Uruguay, Ecuador y Costa Rica.
El pasado septiembre la Superintendencia abrió una investigación contra la multinacional por presuntas violaciones a las normas que rigen el comercio electrónico y le ordenaron proteger al consumidor.
Con información de EFE
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