EL VENEZOLANO COLOMBIA
Una controversial decisión de la Sala Tercera de Apelaciones de Guatemala ha desatado tensiones diplomáticas al solicitar la detención de dos destacados colombianos: Iván Velásquez, exministro y actual embajador en el Vaticano, y Luz Adriana Camargo, fiscal general de Colombia.
Acusados de supuestas irregularidades en el caso Odebrecht durante su labor en la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), ambos enfrentan señalamientos que han sido calificados como persecución política. La medida, impulsada por una fiscalía cuestionada internacionalmente, ha generado rechazo en Colombia y críticas por su falta de sustento jurídico.
Una corte bajo cuestionamiento
La Sala Tercera de Apelaciones, liderada por Alejandro Prado, ha sido señalada por expertos judiciales por decisiones polémicas, como el encarcelamiento del periodista José Rubén Zamora, preso por más de mil días sin pruebas contundentes.
Esta instancia también ha emitido fallos contra el partido Movimiento Semilla, el exfiscal Stuardo Campo y magistrados electorales de 2023, lo que refuerza las acusaciones de parcialidad. La orden de captura contra Velásquez y Camargo, basada en supuestos delitos en el caso Odebrecht, intensifica las dudas sobre la independencia de esta corte.
Acusaciones en el caso Odebrecht
El Ministerio Público guatemalteco, encabezado por el fiscal Rafael Curruchiche, alega que Velásquez y Camargo incurrieron en asociación ilícita, obstrucción de justicia, tráfico de influencias y colusión al favorecer a la constructora brasileña Odebrecht.
Según Curruchiche, los acuerdos de colaboración firmados por la Cicig en 2017 con directivos de la empresa fueron irregulares, causando pérdidas millonarias al Estado guatemalteco. Sin embargo, dichas acusaciones han sido cuestionadas por su falta de pruebas sólidas y por el historial de sanciones contra la fiscalía por parte de Estados Unidos y la Unión Europea.
La labor de la Cicig
Entre 2014 y 2019, la Cicig, bajo el liderazgo de Velásquez y con la participación de Camargo, desarticuló más de cien redes corruptas en Guatemala, implicando a políticos, empresarios y funcionarios. Este organismo, respaldado por la ONU, logró la condena del expresidente Otto Pérez Molina por un escándalo en aduanas.
La ONU ha recordado que los exfuncionarios de la Cicig gozan de inmunidad, lo que pone en duda la legalidad de las órdenes de captura emitidas por Guatemala.
Reacciones desde Colombia
El Gobierno colombiano, a través de su Cancillería, expresó un “enérgico rechazo” a la medida, calificándola como una violación al derecho internacional. La ministra Laura Sarabia destacó que la acción carece de fundamento jurídico y representa un ataque a la justicia internacional. Velásquez, desde su cuenta en X, denunció una persecución orquestada por una fiscalía guatemalteca señalada de corrupción, mostrando solidaridad con otros exiliados por motivos similares.
Críticas y contexto político
Juan Francisco Sandoval, exfiscal guatemalteco exiliado, señaló que la Sala de Apelaciones carece de competencia para emitir órdenes de detención, según la legislación local. Organizaciones sociales consideran estas acciones como parte de una estrategia para criminalizar a quienes combatieron la corrupción. El presidente guatemalteco, Bernardo Arévalo, también rechazó la medida, argumentando que vulnera acuerdos internacionales y carece de legitimidad.
La orden de captura contra Velásquez y Camargo ha encendido alarmas sobre la instrumentalización de la justicia en Guatemala. Mientras Colombia defiende a sus funcionarios y cuestiona la legitimidad de la medida, el caso pone en evidencia las tensiones entre la lucha anticorrupción y los intereses políticos en la región.
