EL VENEZOLANO COLOMBIA
La congresista republicana por Florida, María Elvira Salazar, ha alzado su voz con firmeza tras la reciente decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos de poner fin al Estatus de Protección Temporal (TPS) para más de 350.000 venezolanos.
En un contexto de creciente incertidumbre, Salazar ha instado al expresidente Donald Trump a implementar medidas humanitarias, como la Salida Forzosa Diferida (DED) y la preservación del parole humanitario, para evitar que miles de personas sean devueltas a un país sumido en la crisis. Su mensaje refleja la urgencia de proteger a quienes huyen de la opresión y el peligro en Venezuela.
Un golpe a la protección migratoria
La resolución de la Corte Suprema ha eliminado el TPS, un mecanismo que resguardaba a ciudadanos venezolanos de la deportación y les otorgaba permisos laborales en Estados Unidos. Este programa, gestionado por el Departamento de Seguridad Nacional, amparaba a quienes escapaban de contextos de inestabilidad, como desastres naturales o conflictos graves.
La decisión anula una sentencia previa de un juez federal en San Francisco que había mantenido estas salvaguardas, desafiando la orden de Trump de clausurar el beneficio en abril. La medida ha generado alarma entre las comunidades migrantes y sus defensores.
La súplica por la salida forzosa diferida
En respuesta, Salazar ha propuesto la activación de la Salida Forzosa Diferida (DED), un recurso migratorio que depende exclusivamente de la voluntad presidencial. Este instrumento permite a ciertos grupos permanecer en territorio estadounidense sin temor a ser expulsados, durante un periodo determinado.
“No podemos enviar a personas inocentes a las garras de un narcoterrorista”, afirmó la congresista, aludiendo al régimen de Nicolás Maduro y su vínculo con el crimen organizado, como el Tren de Aragua. Su petición busca garantizar un refugio temporal para quienes enfrentan amenazas en su nación de origen.
Defensa del Parole Humanitario
Además, Salazar ha extendido su llamado a proteger el parole humanitario, un programa que beneficia a 532.000 personas de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela. Este mecanismo, impulsado por la administración Biden, permite a migrantes ingresar legalmente a Estados Unidos bajo ciertas condiciones.
Sin embargo, la administración Trump ha solicitado a la Corte Suprema su revocación, lo que pondría en riesgo a miles de beneficiarios. La congresista subraya la necesidad de mantener estas vías legales para quienes buscan seguridad y oportunidades lejos de regímenes autoritarios.
Un llamado a la compasión
La postura de Salazar resalta un principio humanitario: la obligación de proteger a quienes huyen de la tiranía. En su mensaje difundido a través de la red social X, la legisladora enfatizó que devolver a los venezolanos a su país sería condenarlos a un entorno de violencia y represión. Su solicitud a Trump no solo apela a la acción política, sino también a la empatía hacia una comunidad que enfrenta un futuro incierto tras el cese del TPS.
