EL VENEZOLANO COLOMBIA
Un nuevo grupo de migrantes venezolanos fue deportado este viernes desde Estados Unidos, como parte del acuerdo bilateral firmado en enero entre los gobiernos de Caracas y Washington. La medida, implementada tras años de tensiones diplomáticas, ha generado preocupación por sus implicaciones humanitarias y legales.
En esta ocasión, fueron 193 personas, incluidos 11 menores de edad, quienes arribaron al país en un vuelo directo desde Texas.
Cifras que crecen con cada vuelo
El Ministerio de Interior y Justicia de Venezuela confirmó la llegada del contingente mediante una publicación en redes sociales, detallando que entre los retornados se encontraban 153 hombres, 29 mujeres y 11 niños, niñas y adolescentes. Con este nuevo grupo, ya suman 5.396 los venezolanos repatriados en los últimos meses, la mayoría como resultado de las acciones promovidas por la administración de Donald Trump desde febrero.
Estas expulsiones forman parte del cumplimiento de un convenio migratorio que, pese a la ausencia de relaciones diplomáticas plenas entre ambos países desde 2019, ha facilitado la devolución de ciudadanos venezolanos de forma periódica.
Atención oficial a los repatriados
El régimen chavista aseguró que los ciudadanos que regresaron fueron recibidos por diversas instituciones gubernamentales que ofrecieron atención en materia sanitaria, jurídica e identificación. No obstante, organizaciones defensoras de derechos humanos han señalado que, en muchos casos, estos procedimientos carecen de transparencia y no siempre garantizan condiciones dignas para los retornados.
En paralelo, el jueves también aterrizó en Venezuela otro vuelo procedente de México, transportando a 315 migrantes, entre ellos 146 menores y 169 adultos, lo que refuerza la tendencia de un creciente número de venezolanos que enfrenta la repatriación, voluntaria o forzada.
Golpe judicial a la protección temporal
En un giro reciente, el Tribunal Supremo de Estados Unidos falló a favor del gobierno de Trump en su intento por anular un programa de protección temporal que beneficiaba a más de medio millón de migrantes de países como Venezuela, Nicaragua, Cuba y Haití.
Con una votación de siete magistrados contra dos, la corte autorizó la suspensión del llamado “parole humanitario”, una figura que permitía a estas personas residir y trabajar temporalmente en EE. UU. Esta decisión deja sin efecto una sentencia previa de una jueza federal en Massachusetts, que impedía al Ejecutivo actuar de manera generalizada, sin revisión individual.
Consecuencias humanas de una política restrictiva
Este nuevo escenario legal refuerza la línea dura del presidente Trump hacia la migración. En menos de dos semanas, la justicia estadounidense ya ha avalado la eliminación de dos mecanismos claves para los venezolanos: primero el Estatus de Protección Temporal (TPS) para 350.000 personas, y ahora la revocación del parole para otros 532.000 migrantes.
El impacto es inmediato: cientos de miles de venezolanos enfrentan la amenaza de ser deportados, en un contexto donde regresar al país implica riesgos económicos, sociales y políticos. Mientras tanto, los vuelos de repatriación siguen llegando a Venezuela, cargados de personas cuyas aspiraciones fueron truncadas por decisiones políticas tomadas lejos de sus realidades.
