“La neutralidad ante el abuso es complicidad. Y la complicidad, en política, siempre se paga”.
A veces la historia se repite, pero no como tragedia ni como farsa, sino como negligencia. En noviembre de 2022, Washington creyó haber encontrado una fórmula eficaz para desactivar la bomba de tiempo venezolana: permitir que Chevron volviera a operar bajo licencia en el país a cambio de una apertura democrática futura. La jugada parecía astuta, casi elegante: brindar oxígeno financiero con una mano y exigir concesiones políticas con la otra.
Pero Nicolás Maduro no es ingenuo. Es un heredero disciplinado del modelo cubano de simulación y control. Supo desde el principio que no tenía que cumplir nada: solo aparentarlo. Mientras en Washington se redactaban informes optimistas sobre una “transición negociada”, en Caracas se planificaba, en secreto, un nuevo fraude electoral para el 28 de julio de 2024. Como en la novela La fiesta del Chivo del Nobel peruano, el poder no se comparte: se perpetúa. Y quien no lo entienda, pierde.
Chevron, símbolo de la diplomacia económica de Estados Unidos, se convirtió —sin proponérselo— en el soporte funcional de un régimen acusado de crímenes de lesa humanidad. Bajo el esquema autorizado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), el crudo venezolano fluye hacia refinerías estadounidenses. Los ingresos, en teoría limitados al pago de deudas y dividendos acumulados, en la práctica generan excedentes que acaban en cuentas controladas por el Banco Central de Venezuela. En otras palabras: en las manos de Maduro.
Se trata de divisas líquidas, legales. Pero esos dólares no llegan a los hospitales. No reactivan escuelas. No reponen medicinas. Sostienen la maquinaria del chantaje: la propaganda, la compra de lealtades y los cuerpos represivos.
Algunos lobistas y funcionales al régimen insisten en que Chevron debe quedarse para “contener a China” o “mantener canales abiertos”. Es una narrativa gastada. La presencia energética china en Venezuela comenzó a declinar hace casi una década. Hoy, el verdadero canal abierto es el que va del petróleo al autoritarismo.
Desde la teoría de juegos —que tanto obsesiona a diplomáticos y asesores—, Estados Unidos no enfrenta a un jugador racional, sino a un manipulador de reglas. Maduro no responde a incentivos, los desactiva. No cumple acuerdos, los convierte en recursos. No ofrece paz, simula estabilidad para mantenerse en el poder.
Cada gesto de apertura —como la farsa electoral de 2024— es parte de una estrategia de doble contabilidad: por un lado, vende diálogo a los diplomáticos; por el otro, infunde miedo a la población.
Washington, mientras tanto, pierde apalancamiento, aliados y autoridad moral en la región. Y peor aún: se desliza hacia la irrelevancia geopolítica frente a un régimen que aprendió que la impunidad también se puede negociar.
La situación, hoy, exige una decisión política que vaya más allá del cálculo burocrático. Porque mantener el statu quo implica cuatro riesgos concretos:
- Validar el fraude del 28 de julio de 2024, lo que implica ignorar que Maduro incumplió el pacto que justificaba la Licencia Chevron.
- Financiar indirectamente la represión, al permitir ingresos legales que nutren un aparato criminal.
- Transformar la migración en chantaje, dándole a Maduro influencia sobre la política interna de Estados Unidos.
- Deslegitimar a la oposición democrática, particularmente tras el triunfo de Edmundo González Urrutia, respaldado por 82% de las actas auditadas.
El menú de opciones para la administración Trump no es amplio, pero sí claro:
- Mantener las condiciones actuales, lo que posterga la confrontación, pero consolida a Maduro.
- Suspender por completo la licencia, una medida audaz que recuperaría autoridad moral, aunque con riesgo migratorio.
- Reformular el esquema, atándolo a hitos verificables como la liberación de presos políticos y el reconocimiento del resultado electoral del 28J.
La Operación Guacamaya —que logró rescatar, sin disparar un solo tiro, a cinco venezolanos secuestrados en una embajada— demostró que todavía hay fuerza, estrategia y coraje del lado de la democracia. El 28 de julio mostró que el pueblo no quiere simulacros, sino ruptura con el sistema de oprobio. Las condiciones están dadas. Lo que falta es voluntad política para dejar de jugar bajo las reglas de un régimen que ya no disimula ni siquiera su desprecio por las normas.
En los años por venir, cuando se escriba la historia de esta etapa latinoamericana, no bastará con decir que Washington lo intentó. Se le juzgará por lo que toleró. Por los recursos que entregó. Por las reglas que aceptó.
Maduro ya movió su ficha. Ahora le toca a Estados Unidos.
La verdadera pregunta no es si hay otra alternativa. La verdadera pregunta es si Estados Unidos está dispuesto —por fin— a dejar de comportarse como el jugador que respeta reglas que el adversario ha roto desde el primer minuto.
La neutralidad ante el abuso es complicidad. Y la complicidad, en política, siempre se paga.
