EL VENEZOLANO COLOMBIA
Contar con una visa vigente o con la residencia permanente legal no representa una protección absoluta frente a una deportación en Estados Unidos. A pesar de tener estatus migratorio legal, cientos de personas se enfrentan a procesos de expulsión por razones que van desde delitos hasta consideraciones políticas o de seguridad nacional, según criterios aplicados con creciente rigurosidad por la administración del expresidente Donald Trump.
Marco legal que permite expulsiones
La normativa migratoria estadounidense establece que cualquier extranjero, aunque cuente con documentación en regla, puede ser retirado del país si incurre en ciertos actos considerados inadmisibles.
Entre ellos se incluyen fraudes, violaciones a las condiciones del visado o situaciones que, a juicio del gobierno, representen un riesgo para la nación. Las autoridades han intensificado la vigilancia sobre individuos vinculados a discursos o acciones políticas, alegando amenazas a la estabilidad interna.
Casos recientes que generan debate
Dos episodios recientes ilustran esta tendencia. El primero involucra a Mahmoud Khalil, titular de una green card y vocero de manifestaciones propalestinas en la Universidad de Columbia. Su arresto por parte de agentes migratorios y posterior traslado a un centro de detención en Luisiana abrió un proceso judicial que aún está en curso. La Casa Blanca ha señalado que su comportamiento justifica su expulsión.
Otro hecho similar fue protagonizado por Rumeysa Ozturk, estudiante turca que cursaba un doctorado en la Universidad de Tufts. Su detención ocurrió luego de publicar un artículo crítico sobre el conflicto en Gaza. Su deportación fue detenida gracias a una medida judicial provisional, en espera de la revisión de su expediente. Su caso ha sido presentado como un ejemplo de represión ideológica, según su defensa legal.
Libertad de expresión, bajo la lupa
El gobierno argumenta que estas acciones no están motivadas por censura, sino por consideraciones vinculadas a la seguridad interna. Sin embargo, sectores defensores de derechos civiles alertan sobre una posible criminalización de la disidencia. Las acusaciones de antisemitismo contra manifestantes han sido utilizadas como base para cancelar visados, especialmente entre estudiantes internacionales que han expresado su postura frente al conflicto en Medio Oriente.
Según declaraciones del senador Marco Rubio, el Departamento de Estado ha anulado cerca de 300 visados estudiantiles relacionados con estas protestas. Esta cifra ha encendido alarmas en universidades y organizaciones jurídicas que defienden la libertad académica.
Implicaciones y reacciones en curso
El panorama actual deja en evidencia la fragilidad del estatus migratorio frente a decisiones discrecionales del poder ejecutivo. La distinción entre ciudadanía y residencia legal se vuelve crucial, ya que solo el primer grupo goza de derechos plenos. Mientras tanto, los tribunales continúan recibiendo apelaciones y las comunidades migrantes viven con creciente incertidumbre sobre su futuro en el país.
