EL VENEZOLANO COLOMBIA
Dos tribunales federales en Estados Unidos han emitido fallos temporales que impiden la expulsión inmediata de migrantes venezolanos hacia una cárcel de alta seguridad ubicada en El Salvador.
Las decisiones representan un freno significativo al controvertido plan del Gobierno Trump, que ha invocado una legislación centenaria para justificar estos traslados. Las demandas fueron presentadas por organizaciones defensoras de los derechos civiles, argumentando que los afectados no están recibiendo el debido proceso legal.
Tribunales enfrentan medida presidencial
Las sentencias judiciales, emitidas en Texas y Nueva York, surgieron como respuesta a la implementación de la Ley de Enemigos Extranjeros, una norma de 1798 que permite expulsar personas consideradas una amenaza en contextos de conflicto internacional.
Sin embargo, los jueces advirtieron que su uso actual carece de base suficiente y vulnera derechos fundamentales, especialmente cuando no se prueba una vinculación directa con actividades delictivas o terroristas.
Uso polémico de una norma histórica
La administración de Donald Trump ha justificado estas expulsiones señalando que algunos migrantes pertenecen a la banda criminal Tren de Aragua. A pesar de ello, un análisis reciente del medio Bloomberg reveló que el 90% de los deportados no posee antecedentes penales. Esto pone en entredicho la generalización con la que se ha aplicado la norma, lo cual fue clave en la argumentación judicial para detener los traslados.
Fallo en Texas: peligro de no retorno
En el sur de Texas, el juez Fernando Rodríguez recibió una demanda en nombre de tres ciudadanos venezolanos retenidos en un centro de detención migratoria.
Según su resolución, existe un riesgo elevado de que los expulsados no puedan regresar a Estados Unidos, incluso si tienen estatus migratorio legal, como ocurrió con un salvadoreño con residencia permanente que fue igualmente enviado a la megacárcel salvadoreña.
Nueva York exige audiencias previas
Paralelamente, el juez Alvin Hellerstein en Nueva York dictó que los migrantes venezolanos bajo su jurisdicción deben recibir una audiencia formal antes de cualquier traslado. Este pronunciamiento subraya la importancia de proteger el derecho a la defensa y de evitar decisiones unilaterales que afecten directamente la libertad y el futuro de personas sin historial delictivo.
Tensión legal frente a política migratoria
Los fallos judiciales no invalidan por completo el plan del Ejecutivo, pero sí introducen límites importantes al uso discrecional de herramientas legales con multas migratorias. Además, obligan a las autoridades a demostrar con pruebas individuales la peligrosidad de cada caso antes de proceder a una deportación.
Mientras tanto, organizaciones de derechos humanos continúan monitoreando la situación para evitar abusos y garantizar que las decisiones de política migratoria respeten los principios fundamentales del sistema judicial estadounidense.
