EL VENEZOLANO COLOMBIA
El juez federal James Boasberg, titular de la Corte de Distrito de Washington D.C., ha determinado que existen fundamentos suficientes para iniciar un procedimiento por desacato penal contra integrantes del gobierno del expresidente Donald Trump.
La decisión surge tras el incumplimiento de una orden judicial que prohibía la expulsión de migrantes venezolanos hacia El Salvador bajo la Ley de Enemigos Extranjeros. El magistrado considera que la conducta de los funcionarios demuestra una violación intencional de la autoridad del tribunal.
Una orden ignorada
El 15 de marzo, Boasberg emitió una instrucción precisa que suspendía temporalmente las deportaciones de ciudadanos venezolanos a territorio salvadoreño. No obstante, ese mismo día, se ejecutaron vuelos que trasladaron a migrantes en contra de lo dispuesto.
Según el juez, el gobierno argumentó que la directriz no llegó a tiempo, alegando que los aviones ya habían abandonado el espacio aéreo estadounidense. Sin embargo, Boasberg considera que la orden fue clara, tanto en su versión verbal como escrita, y suficientemente específica para detener el procedimiento.
Rechazo a las justificaciones
El tribunal no aceptó las explicaciones presentadas por los representantes del gobierno, calificándolas como insuficientes y evasivas. El juez subrayó que no tomó su decisión de manera precipitada, sino que ofreció oportunidades reiteradas para que los acusados respondieran con claridad.
“La Constitución no ampara el incumplimiento consciente de un mandato judicial”, afirmó Boasberg, quien advirtió sobre las consecuencias de permitir que funcionarios federales eludan la autoridad de los tribunales.
Una disyuntiva inminente
Boasberg ha fijado como fecha límite el próximo 23 de abril para que el gobierno elija entre dos caminos: presentar una explicación detallada del desacato y las medidas adoptadas para rectificarlo, o identificar a los responsables directos de no acatar la resolución del 15 de marzo. Esta última alternativa podría desencadenar sanciones individuales y abrir la puerta a procesos judiciales más severos.
Un precedente con peso constitucional
Aunque la Corte Suprema anuló posteriormente la orden de Boasberg por motivos técnicos, el juez enfatizó que ninguna resolución judicial debe ser ignorada mientras esté vigente. “Desobedecer una sentencia en lugar de impugnarla legalmente es motivo suficiente para que el tribunal actúe”, escribió en su memorando de 46 páginas. Con esta postura, el juez reitera la importancia de salvaguardar el Estado de derecho y la independencia del poder judicial frente a decisiones unilaterales del Ejecutivo.
