EL VENEZOLANO COLOMBIA
El juez federal James Boasberg otorgó un día adicional al gobierno de Donald Trump para que entregue detalles sobre los vuelos que trasladaron a más de 200 venezolanos a El Salvador. Esta decisión surge tras la negativa del Departamento de Justicia de proporcionar la información solicitada, argumentando razones de seguridad nacional.
El caso ha desatado un intenso enfrentamiento entre el poder judicial y la administración republicana, en un contexto donde la política migratoria de Estados Unidos se encuentra bajo creciente escrutinio.
Uso de una ley del siglo XVIII para justificar expulsiones
La controversia comenzó cuando el presidente Trump invocó la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 para justificar la deportación sumaria de ciudadanos venezolanos. Dicha normativa permite la expulsión inmediata de extranjeros en tiempos de guerra, aunque su aplicación en este caso ha sido ampliamente cuestionada.
Pese a que Boasberg ordenó el sábado bloquear la implementación de esta ley, el gobierno estadounidense continuó con los vuelos de deportación. Según el Departamento de Justicia, los venezolanos deportados pertenecían a la organización criminal Tren de Aragua, por lo que fueron entregados a las autoridades salvadoreñas.
El Departamento de Justicia desafió la autoridad judicial
El Departamento de Justicia ha argumentado que el juez Boasberg no tiene competencia sobre asuntos de política migratoria y exterior, desafiando abiertamente su orden de entrega de información. Además, la administración de Trump evalúa invocar el privilegio de secretos de Estado para evitar la divulgación de detalles sobre los vuelos.
Este recurso legal permitiría al gobierno eliminar pruebas que consideren sensatas para la seguridad nacional, lo que prolongaría el litigio y dificultaría el acceso a información clave sobre las deportaciones.
Intento de destitución del juez Boasberg
La postura del juez ha generado una fuerte reacción por parte del círculo cercano a Trump. Stephen Miller, subjefe de gabinete, respaldó los llamados del presidente para destituir a Boasberg, argumentando que los jueces no deberían intervenir en las decisiones del comandante en jefe.
En este contexto, el congresista republicano Brandon Gill presentó artículos de destitución en la Cámara de Representantes. No obstante, los analistas legales consideran que el proceso difícilmente prosperará, ya que su aprobación en el Senado requeriría el respaldo de al menos 14 legisladores demócratas.
Un caso que pone a prueba la separación de poderes.
Abogados que representan a algunos de los venezolanos deportados han advertido que este caso podría derivar en una crisis constitucional. Mientras el Ejecutivo intensifica sus ataques contra jueces que bloquean sus medidas, crece la preocupación sobre el respeto a la independencia judicial en Estados Unidos.
El resultado de esta disputa podría sentar un precedente en el manejo de políticas migratorias y en el equilibrio de poderes dentro del país. Entretanto, el reloj avanza y el gobierno de Trump debe decidir si accede a la solicitud del juez Boasberg o persiste en su negativa, desafiando abiertamente la autoridad del poder judicial.
