EL VENEZOLANO COLOMBIA
La reciente expulsión de migrantes venezolanos desde Estados Unidos a El Salvador bajo la sospecha de vínculos con el Tren de Aragua ha generado preocupación en organizaciones defensoras de derechos humanos. Human Rights Watch (HRW) ha advertido que muchos de los deportados no tienen antecedentes penales y fueron expulsados sin el debido proceso.
Según Juanita Goebertus, directora para las Américas de HRW, estas acciones forman parte de una política de criminalización de migrantes impulsada por la administración de Donald Trump, que ha utilizado la supuesta presencia de esta organización criminal para justificar medidas restrictivas en materia migratoria.
Criminalización sin pruebas
HRW ha denunciado que la estrategia del gobierno de Trump se basa en estigmatizar a los venezolanos en situación irregular, vinculándolos con actividades ilícitas sin pruebas suficientes. La organización sostiene que, aunque es legítimo actuar contra quienes cometen delitos, la generalización de acusaciones sin sustento es una violación a los derechos fundamentales de los migrantes.
“Desde la campaña presidencial, se ha tratado de asociar a los migrantes venezolanos con el Tren de Aragua, a pesar de la falta de evidencia”, explicó Goebertus. La experta añadió que esta narrativa ha servido para justificar la revocación del Estatus de Protección Temporal (TPS) y la deportación expedita de cientos de personas, algunas incluso enviadas a centros de detención como Guantánamo.
Deportaciones sin garantías judiciales
Uno de los puntos más preocupantes para HRW es la ausencia de un proceso legal adecuado en las expulsiones recientes. Según Goebertus, varios migrantes fueron detenidos y deportados sin derecho a presentar pruebas de su inocencia ni acceder a un proceso de apelación.
La organización también ha señalado que las acusaciones en contra de algunos migrantes se han basado en pruebas endebles, como la presencia de tatuajes. “No se puede asumir que alguien pertenece a una banda criminal solo por su apariencia”, enfatizó Goebertus, calificando estas prácticas como una muestra de falta de rigor investigativo por parte de las autoridades estadounidenses.
El impacto humanitario de las expulsiones
Para HRW, estas deportaciones ponen en riesgo la vida y estabilidad de muchas personas que han huido de Venezuela en busca de protección y mejores oportunidades. La mayoría de los migrantes que llegaron a Estados Unidos lo hicieron escapando de la crisis política y económica del país sudamericano, y su expulsión forzada los expone a nuevos peligros.
“Las personas deportadas no solo enfrentan la incertidumbre de estar en un país ajeno, sino que además quedan marcadas como criminales sin haber cometido delitos”, denunció Goebertus. La experta insistió en la necesidad de garantizar un proceso justo para quienes son acusados, evitando decisiones arbitrarias que afecten a miles de personas.
Un llamado a la revisión de las políticas migratorias
HRW ha instado a las autoridades de Estados Unidos a revisar sus políticas de deportación y garantizar que los procedimientos se lleven a cabo con transparencia y respeto por los derechos humanos. La organización enfatizó que la lucha contra la criminalidad no puede servir de excusa para aplicar medidas indiscriminadas que afectan a toda una comunidad.
Mientras continúan las deportaciones, el debate sobre la criminalización de los migrantes venezolanos sigue abierto, y las organizaciones defensoras de derechos humanos exigen un enfoque más justo y basado en pruebas reales.
