Para los activistas que han tenido que huir de Venezuela, Colombia se siente como un país cada vez menos “hermano”.
“Siento mucha hostilidad por parte del gobierno colombiano. Después de todo lo que hemos pasado, huimos de un régimen que no nos permite desarrollarnos, y creo que quedarnos acá para replicar eso no tiene sentido”. Así es como una defensora de derechos humanos venezolana, que prefirió reservar su nombre para proteger su integridad y la de sus familiares, describe su experiencia en Colombia.
Es lo mismo que sienten otros cinco defensores de derechos humanos, periodistas y activistas venezolanos que han tenido que emigrar para escapar de la represión política del régimen de Maduro. Todos son figuras reconocidas en la lucha por los derechos en su país y todos hablaron desde el anonimato, por su seguridad. La Silla los identificará con letras. Esta es la historia de su llegada y de las barreras que han tenido que enfrentar en su paso por Colombia.
El escape: perseguidos por el régimen de Maduro
Las elecciones del 28 de julio marcan un punto de inflexión para la violencia política en Venezuela. El chavismo siempre persiguió a la oposición, pero los activistas dicen que cuando el régimen no pudo ocultar el fraude con el que se robó las elecciones, solo le quedó la represión para silenciar las manifestaciones y a cualquiera que se atreviera a cuestionar los resultados.
En los días que siguieron a las elecciones, el régimen activó toda una red de delatores a nivel comunitario. “Si te vieron celebrando la elección, leyendo los resultados en un centro electoral o siendo miembro de una mesa en la que ganó González te señalaban como sospechoso”, dice A., una de los activistas.
Muchos ciudadanos inocentes fueron detenidos. Maduro incluso reveló cifras de la cantidad de encarcelados antes de detenerlos, dándoles una carta blanca a las autoridades para apresar a cualquiera, incluso a menores de edad. “Hay jóvenes de 16 y 17 años en la cárcel, pero que no se nos olvide que también separaron a chamitos de nueve y diez años en hospitales”, dice B.
Así comenzó la “cacería de brujas” que llevó a estos seis activistas a salir de Venezuela, no sin antes convertirse en víctimas de una persecución sistemática, materializada en cuatro leyes que criminalizan a la sociedad civil sin tener que aportar más pruebas que la mera resistencia al régimen: la Ley contra el Odio, la Ley contra el Fascismo, la Ley anti-ONG y la Ley Simón Bolívar contra el Bloqueo Imperialista.
Estas últimas tres fueron aprobadas entre abril y noviembre del año pasado, durante el periodo electoral. Crean penas y sanciones para toda voz disidente, alegando que cualquier discurso contrario al régimen promueve el “odio” y el “fascismo”, o que cualquier persona que tenga una conexión con organizaciones extranjeras está siendo financiada por el “imperialismo” para atentar contra la soberanía nacional.
Autoridades como Diosdado Cabello, el actual ministro de Interior y Justicia, lideran los espacios de acoso público contra civiles. “Diosdado montó un programa de televisión para la delación. En él, utiliza denuncias anónimas para inventar expedientes políticos contra activistas y líderes sociales. Todos los miércoles en la noche podíamos ser señalados por corrupción solo por defender los derechos humanos”, dice C.
Con técnicas como esa, el régimen sofisticó los medios de represión política. Los castigos van desde la retención de bienes y multas hasta violaciones de derechos humanos y asesinatos. “De un día a otro todos pasamos a ser enemigos internos y sujetos de vigilancia. Sin ninguna prueba contra mí, allanaron mi casa y se robaron mi dinero. A veces los agentes de inteligencia te roban solo para mantener el salario que no tienen”, dice B.
Otro de los defensores fue detenido arbitrariamente por el servicio de inteligencia. Le quitaron su pasaporte, lo encapucharon y lo metieron en un cuarto que cambiaba abruptamente de temperatura, en un momento estaba hirviendo y en otro helando. Allí lo sometieron a “música de terror” a altos volúmenes. Luego lo amenazaron con secuestrar a su familia si él intentaba huir del país. Dice que aún lidia con el trauma de la tortura física y psicológica a la que fue sometido. “El terror te lo dejan sembrado en la piel, en el cuerpo, en todos los aspectos de tu vida”, recuerda D., con un nudo en la garganta.
“En Venezuela ya se está aplicando la técnica nazi del Sippenhaft, en donde culpan a tus familiares por los mismos ‘delitos’ que a ti. Por eso, si van a detenerte y no te encuentran, se llevan a tu familia como un canje o una forma de extorsión”, corrobora C.
En este entramado de persecución, el régimen anuló los pasaportes de cientos de defensores de derechos humanos para evitar que escaparan a otro país. De forma discrecional, vincularon a activistas con la campaña política de la oposición y suspendieron la validez de sus pasaportes dentro del territorio venezolano. Ahora, cada vez que pasan por algún punto migratorio aéreo o terrestre, aparece una orden de retención en su contra.
A pesar de todo, los seis lograron salir de Venezuela. Utilizaron protocolos confidenciales de extracción y reubicación segura para llegar a Colombia. Pero aquí tampoco encontraron la tranquilidad.
La llegada: pocas garantías para la protección y el refugio
Aunque tuvieron que entrar a Colombia como turistas, no son turistas en ningún sentido. Salvo uno, los demás no pidieron refugio por miedo a comprometer sus procesos de visado. Temen que las autoridades no les crean sobre la persecución, o peor aún, que alguien los delate con el régimen y pueda haber retaliaciones contra sus familias en Venezuela.
Desde que llegaron, los oficiales de Migración Colombia les exigieron requisitos que no son usuales para turistas: además de su pasaporte (anulado, incluso), les pidieron reservas de alojamiento y pólizas de salud internacional para poder entrar.
También un tiquete aéreo de regreso a Venezuela o hacia otro país al término de su visa de turista, que en el mejor de los casos dura 90 días — aunque un par recibió una visa de solo dos semanas, sin razón alguna. Solo saliendo y volviendo a entrar podrían ser reconsiderados para una extensión. Todos alegaron que podían salir por tierra, por la frontera, pero el agente de Migración no aceptó su respuesta.
“Nosotros no estamos aquí porque nos dio la gana o porque teníamos plata y tiempo para visitar Colombia. Pedirnos salir y volver a entrar genera costos que en muchos casos no podemos asumir. Impactan nuestras posibilidades de quedarnos aquí, o de comer o no comer”, dice A.
Según Ligia Bolívar, directora de AlertaVenezuela, una organización de incidencia internacional en derechos humanos, estas exigencias son “absurdas”. “Para muchos migrantes movilizarse por tierra es la única forma que tienen para salir y entrar de Venezuela. Algunos tienen el pasaporte anulado y no pueden regresar en avión. Migración Colombia expone a estas personas a una retaliación al regreso a Venezuela”, dice.
Otros requisitos son imposibles de cumplir, como presentar estados financieros individuales o una constancia de antecedentes penales. Por su condición, los activistas no tienen acceso a las páginas oficiales del Estado venezolano, o no quieren generar una alerta sobre su estatus migratorio.
Además de Migración Colombia, las aerolíneas también han elevado las barreras de entrada. “Ya hemos visto casos en los que una aerolínea retiene los pasaportes o documentos de identidad de un venezolano hasta que no compre un tiquete de salida. El personal de Avianca utiliza la nacionalidad venezolana como una herramienta para humillarnos”, dice B.
(La Silla contactó a Avianca para corroborar los hechos. La aerolínea niega haber retenido los documentos “bajo ninguna circunstancia”, y dice que solo pide los requisitos que exigen las autoridades migratorias del país hacia donde se dirigen los pasajeros).
En su llegada a Colombia, los seis activistas dicen que los oficiales de migración no les dieron explicaciones sobre por qué los tratan diferente a otros turistas o qué órdenes están siguiendo. La realidad es que por ley los funcionarios de Migración pueden solicitar requisitos adicionales según su criterio para admitir turistas, lo raro es la coincidencia de que se los pidieran a estos seis venezolanos.
“La normativa dice que los niveles de discrecionalidad no pueden ir en contra de los derechos humanos, pero pareciera como si en Migración Colombia tuvieran una presunción de mala fe contra los extranjeros” dice Lublanc Prieto, abogada y directora de la ONG Refugiados Unidos. Según ella, es común que las poblaciones provenientes de países con crisis humanitarias encuentren más barreras que el visitante promedio en los aeropuertos de Colombia. Ya ha atendido casos de ucracianos, haitianos y hasta colombo-venezolanos.
Al parecer, es un patrón que ha empeorado para los venezolanos con el gobierno Petro, que eliminó la emisión de nuevos permisos del Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos (ETP), una política implementada por el gobierno Duque.
El decreto sigue vigente, y el permiso de aquellos que lograron sacarlo sigue activo hasta 2031. Fuera de eso, el gobierno Petro creó un Permiso Especial de Protección “Tutor” (PEP Tutor), que permite regularizar a padres o custodios cuyos hijos hayan accedido a un Permiso de Protección Temporal antes de diciembre de 2023. El problema es que a pesar de que existe el decreto que lo crea, el permiso todavía no se ha reglamentado.
También existe la visa V de Visitante Especial. En teoría, los migrantes podrán empezar a solicitarla desde el 4 de marzo, pero aún hay dudas sobre si el congelamiento de Usaid pueda afectarla. Según Refugiados Unidos, el 87% de todos los proyectos y atenciones a venezolanos han sido suspendidos por Usaid. Por ejemplo, Migración Colombia cerrará múltiples Puntos Visibles de atención a migrantes por falta de fondos.
Encima de todo, Petro cerró la Gerencia de Fronteras y repartió sus funciones entre la Cancillería y el Ministerio de Igualdad. “Esa decisión fue un desastre, pues la oficina tenía nivel presidencial e integración con todos los ministerios. Hoy en día nadie encabeza la atención a los venezolanos en Colombia, que son tres millones, o el 8% de la población nacional”, dice Lucas Gómez, ex gerente de fronteras del gobierno Duque.
Para los defensores que han huído a Colombia en el último año, la consecuencia directa de esto es la incertidumbre. “Con las crisis políticas y los cambios de gabinete, no sabemos a quién acudir. Y cuando hemos tenido la oportunidad de hablar con funcionarios de Cancillería han llegado a decirnos que el sistema de salud colombiano colapsó por culpa de los venezolanos. Dicen que no tienen recursos para atendernos, y más ahora con el fin de Usaid”, dice E.
Sienten que la Cancillería no es receptiva, lo cual es un desincentivo para solicitar refugio en Colombia, un país históricamente cerrado a los refugiados. Los aspirantes tienen que demostrar que son perseguidos políticos y su caso va a la Comisión Nacional de Refugio, en donde estudian minuciosamente sus antecedentes. Mientras tanto, se les otorga un salvoconducto que les permite residir de manera legal en Colombia, pero no pueden arrendar un apartamento ni beneficiarse del sistema de salud pública o los programas sociales del Estado.
Usualmente tampoco podían trabajar, pero un nuevo decreto de la Cancillería abrirá la posibilidad de que los portadores de salvoconductos puedan hacerlo desde el próximo julio.
“El gobierno Duque se abrió a la migración en un país que no estaba preparado para esto. Nos tocó aprender en el camino, pero todo el proceso implica un gasto adicional para un gobierno deficitario, y vaya uno a ver si todos son perseguidos políticos de verdad”, le dijo a La Silla un alto funcionario de la Cancillería que pidió la reserva de su nombre.
En Colombia hay alrededor de 61 mil solicitudes de refugio, según datos de La Cancillería con corte a enero de 2024. De éstas, el 97% son de venezolanos, que pueden esperar hasta cinco años en recibir respuesta. Pero menos del 5% de las solicitudes son exitosas.
La vida en Colombia: tejiendo alianzas desde la sociedad civil
A estos activistas los acosa la paranoia de una persecución transnacional. Viven escondidos del ojo público, creando ficciones para evadir las preguntas sobre su origen o su verdadera ocupación. A algunos los atormenta la culpa de que por su trabajo no solo sus vidas sino las de la gente que más quieren se vean trastornadas.
“Esta es la vida que yo elegí, y volvería a hacerlo, pero arrastrar a mi familia me duele. Por ahora no puedo ver a mi hijo. Es la primera vez que no voy a poder despertarlo en su cumpleaños. No voy a poder abrazarlo, por mi culpa”, dice A. entre lágrimas.
En Colombia se están gastando el patrimonio de su familia. Viven de sus ahorros, algo de trabajo virtual y un puñado de fondos de emergencia internacionales para cubrir su traslado y unos meses de manutención. Además de costear una nueva vida en Bogotá, aún tienen que pagar arriendo y servicios en Venezuela, o enviar dinero para apoyar a sus parientes.
Se sienten desarraigados, como parias en una sociedad que los estigmatiza como ladrones y que los ve como una carga. “Te enteras de tanto casos de xenofobia que se te mete en la cabeza el temor a la discriminación. El otro día me hice unos exámenes médicos y me dejaron un morado en el brazo. Seguramente fue un error, pero uno se pregunta: ‘¿y si esta persona me odia y me maltrata solo por ser venezolano?’ ‘¿y si lo hace a propósito?’”, dice D.
“En un taxi tuve que fingir que era de Costa Rica mientras averiguaba en internet como es que hablan allí. El conductor me preguntó de dónde soy y obviamente no iba a responderle que venezolana”, dice F.
Solo se sinceran entre sí, en privado, o ante unas cuantas instancias civiles que les han tendido la mano. Dicen que la Defensoría del Pueblo es la única institución que trata de entenderlos con una mirada humana. Les ha ofrecido acompañamiento y asesoría sobre sus derechos en Colombia, servicios que cada vez son más escasos a nivel estatal.
Fuera de la Defensoría, otras organizaciones como Las Paces, les han ofrecido asesoría en justicia restaurativa, así como espacios de reparación integral. Allí han podido encontrarse, compartir y llorar. “Cada vez que nos vemos es una catarsis colectiva. La migración es como un duelo”, dice F.
El consultorio jurídico de la Universidad de Los Andes, Colombia Diversa, Dejusticia y el Alto Comisionado para los Derechos Humanos también han apoyado su incorporación a la vida civil colombiana.
Así han podido tejer una red de apoyo entre otros defensores, activistas, periodistas y líderes sociales exiliados. “Coincidir con este grupo es lo que me ha permitido sobrevivir en Colombia. Si no, ya me hubiera ido. Yo estaba sola y rota, y ellos me salvaron. Son mi cable a tierra”, dice A.
El limbo: regresar a Venezuela o escapar de nuevo
“Cuando salí no sabía que era definitivo, y aún no lo asumo. Para mí sigue siendo transitorio, pero los abogados me dicen que sería suicida intentar volver”, dice E. Ninguno de ellos quería salir de Venezuela, el país al que le han dedicado toda su vida y trabajo. “Yo todavía me niego. Todas las mañanas me levanto diciendo ‘esta no es mi cama’”, agrega A.
Pero si tuvieran que asentarse en otro lado definitivamente, Colombia no sería una opción. No se sienten seguros, ni mucho menos representados por el discurso del gobierno Petro frente a Venezuela. “Vemos que el presidente lanza un discurso sobre la dignidad de los migrantes pero todos los días su gobierno está maltratando sistemáticamente a personas de otras nacionalidades en los aeropuertos y la frontera. Se vende a sí mismo como el gran dador de derechos pero no respeta los del resto”, dice B.
Según Bolívar, de AlertaVenezuela, el presidente Petro acogió las cuatro narrativas del chavismo sobre la migración: que no existe, que Colombia solo es un país de tránsito, que la culpa del éxodo la tienen las sanciones y que los venezolanos ya están regresando. “Ninguna de las cuatro está estadísticamente probada”, dice.
Esto sumado al hecho de que funcionarios como Mauricio Jaramillo Jassir, el recién nominado vicecanciller de asuntos multilaterales, simpatiza con el chavismo. “¿Cómo no nos vamos a sentir asustados si la relación con Venezuela está en manos de un líder que el 28 de julio celebró a Chavez como el comandante eterno? No sabíamos que íbamos a tener que enfrentar al reto de defender los derechos humanos en otro gobierno de izquierda”, dice C.
“Y si a eso le sumas que hay amenazas territoriales reales, que nos recomiendan no ir al sur de Bogotá porque hay grupos delatores chavistas, o que en Cúcuta hay gente del Sebin — el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional —, la vida acá parece insostenible. Colombia no es un territorio seguro para nosotros”, agrega D.
Todavía no han decidido qué harán ni a dónde migrarán ahora. Confían en que países como Argentina, Brasil, México y Chile sean más acogedores. Siempre con dudas, porque fuera de la narrativa petrista sienten que en el mundo hay un discurso de solidaridad con Venezuela, pero no con los venezolanos. Los miden en números y hacen cuentas de los costos de mantenerlos, pero muy pocos se sientan a escucharlos.
Algunos juegan con la idea de que “vienen del futuro” a alertar a los colombianos sobre lo que pasa cuando se desmantela la democracia en manos de autócratas de izquierda o de derecha. “En Colombia aún tienen separación de poderes, y eso es increíble. En Venezuela nos la arrebataron hace 13 años”, dice E.
Todos quieren seguir defendiendo los derechos humanos en Venezuela, en Colombia o a donde los lleve este escape incierto. Desde aquí siguen haciendo incidencia: se reúnen con periodistas y embajadores, citan a la Cancillería y a la Defensoría para exponer sus casos, tejen redes con otros venezolanos exiliados que llegaron antes que ellos.
“No podemos anularnos ni encajar desde el silencio. No voy a hacer un curso de uñas porque lo único que sé hacer es esto. Si no me callé frente a una dictadura tan canalla en 25 años no me voy a callar ahora. Ser activista no te convierte en delincuente, tenemos que insistir en eso”, dice B.
