EL VENEZOLANO COLOMBIA
El presidente de Chile, Gabriel Boric, expresó su preocupación ante la posible implicación del gobierno venezolano en el asesinato del teniente desertor Ronald Ojeda, quien se encontraba en Santiago bajo protección del Estado chileno.
De confirmarse los señalamientos contra altos funcionarios de Venezuela, el mandatario advirtió que se trataría de un hecho de extrema gravedad con serias repercusiones diplomáticas.
Un crimen con impacto internacional
Ronald Ojeda, exmilitar venezolano que desertó y buscó refugio en Chile, fue secuestrado de su residencia por hombres encapuchados y posteriormente hallado sin vida, enterrado en la capital chilena. La investigación de la Fiscalía General de Chile ha determinado que se trata de un crimen de carácter político, lo que ha intensificado la crisis entre ambos países.
El caso tomó un giro aún más delicado cuando uno de los detenidos por el homicidio declaró que la orden provino del ministro de Interior del régimen de Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, a través de la organización criminal Tren de Aragua. Esta revelación generó alarma en la administración de Boric, quien enfatizó que, de comprobarse, se trataría de un atentado contra la soberanía chilena.
Boric exige claridad y condena la ruptura diplomática
Desde Montevideo, tras reunirse con el expresidente uruguayo José Mujica, Boric quedó enfático en su rechazo a cualquier intento de minimizar la situación. «Aquí que nadie le baja el perfil. Si se confirma que hubo una acción de un gobierno extranjero para asesinar a un disidente en nuestro país, no solo es una violación a la soberanía, sino también a los derechos humanos», afirmó.
El presidente chileno lamentó, además, la decisión del régimen de Maduro de cerrar sus operaciones consulares en Chile como respuesta a las investigaciones en curso. Esto ha dejado a millas de ciudadanos venezolanos desatendidos en trámites esenciales, lo que ha generado incertidumbre entre la comunidad migrante.
Aumento de tensiones entre Chile y Venezuela
Las relaciones entre ambos gobiernos se han deteriorado significativamente tras el crimen de Ojeda. Desde Caracas, las autoridades han rechazado las acusaciones y han calificado las investigaciones chilenas como una provocación. Sin embargo, la comunidad internacional ha seguido de cerca el caso, con llamados a una investigación exhaustiva y sin interferencias políticas.
Por su parte, organizaciones de derechos humanos han instalado en Chile para fortalecer sus mecanismos de protección para refugiados políticos, ya que el asesinato de Ojeda ha dejado en evidencia la vulnerabilidad de los disidentes que buscan asilo en el extranjero.
Un caso que podría marcar un precedente
La muerte de Ronald Ojeda no solo ha abierto una crisis entre Chile y Venezuela, sino que también ha puesto sobre la mesa el debate sobre la protección internacional a opositores perseguidos. Mientras la Fiscalía chilena avanza en la investigación, Boric ha dejado claro que su gobierno no permitirá ninguna injerencia extranjera en el país.
En los próximos días se espera que las autoridades chilenas presenten más detalles sobre el caso y definan si se tomarán medidas adicionales contra el régimen venezolano. Entretanto, la comunidad internacional sigue atenta a la evolución de un hecho que podría marcar un punto de inflexión en la relación entre ambos países.
