EL VENEZOLANO COLOMBIA
La exfiscal Luisa Ortega Díaz ha hecho públicas recientemente acusaciones graves contra Tarek William Saab, el actual fiscal general de Venezuela. Según Ortega Díaz, Saab habría utilizado su posición en cargos públicos para su beneficio personal, involucrándose en contratos entre el gobierno y empresas de su propiedad.
Acusaciones detalladas
En un video difundido en una red social, Ortega Díaz afirmó que Tarek William Saab es propietario de la empresa constructora Conkor, aunque legalmente figuran como dueños Alejandro Josue Ruíz Mazzeo y Elías Ramón Koury Guevara, quienes actuarían como presuntos testaferros del fiscal general.
Beneficios durante su gestión
Durante el periodo en que Saab ejerció como gobernador del estado Anzoátegui (2005-2012), la empresa Conkor habría sido favorecida deliberadamente con la asignación de 84 contratos para la realización de obras públicas en esa región.
Ortega Díaz indicó que estas afirmaciones se basan en pruebas obtenidas durante el allanamiento de las oficinas de Conkor, en el marco de una investigación sobre corrupción en la faja petrolífera del Orinoco.
Irregularidades en los contratos
La exfiscal explicó que los documentos obtenidos durante el allanamiento revelan diversas irregularidades en los contratos, como adjudicaciones directas sin licitación, obras inconclusas y contratos con sobreprecio.
Además, señaló que entre los años 2003 y 2017, Conkor celebró 59 contratos con empresas filiales y mixtas de Pdvsa, con un valor total que supera los 1.000 millones de dólares.
Las acusaciones de corrupción contra Tarek William Saab plantean serias preocupaciones sobre la integridad y la transparencia en el ejercicio de cargos públicos en Venezuela. Ante estas revelaciones, es crucial que se lleve a cabo una investigación exhaustiva e imparcial para determinar la veracidad de estas denuncias y establecer la responsabilidad correspondiente en caso de comprobarse la existencia de actos ilícitos.
Además, es imperativo fortalecer los mecanismos de control y vigilancia para prevenir y combatir la corrupción en todas sus formas, garantizando así la confianza de la ciudadanía en las instituciones del Estado y el respeto del Estado de derecho.
