Es una lectura de la historia promovida especialmente por los militares venezolanos y algunos sectores políticos, según la cual Venezuela fue despojada de importantes porciones de territorio por las marrullas que sus vecinos transaron con potencias europeas en desmedro de la integridad territorial de la otrora Capitanía General de Venezuela.
Y no es para menos: al Estado venezolano le suele ir mal en los arbitrajes territoriales. De hecho, la posición histórica de Venezuela es la de evitar la jurisdicción de arbitrajes, cortes y tribunales internacionales y propender por negociaciones bilaterales directas. Razón por la cual no sorprendió que la tercera pregunta del referendo consultivo del pasado 3 de diciembre buscara reafirmar esa tradición venezolana: “¿Está usted de acuerdo con la posición histórica de Venezuela de no reconocer la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia para resolver la controversia territorial sobre la Guayana Esequiba?”
Sin embargo, la invocación al sentido nacionalista no salió como el régimen de Maduro esperaba. Los resultados presentados por el Gobierno con una supuesta participación de más de 10 millones de ciudadanos no concuerdan con las imágenes de la población que asistió a las urnas. La opacidad en la socialización de dichos resultados, el afán por imponer narrativas y las medidas unilaterales tomadas por el presidente Maduro, que van desde la publicación del mapa que anexiona el territorio del Esequibo, pasando por la firma de decretos para otorgar concesiones de exploración de recursos petroleros, hasta el proyecto de ley orgánica para hacer de dicho territorio el estado número 24 de Venezuela.
El régimen de Maduro ha desplegado toda una estrategia interna e internacional para hacer de la disputa territorial con Guyana el instrumento que le permita la continuidad en el poder, lo cual no puede pasar por alto el Estado colombiano.
Desde la llegada de Nicolás Maduro al poder, hace una década, se distanció de las posiciones conciliadoras promovidas por Hugo Chávez, quien instrumentalizó las relaciones internacionales y los diferendos limítrofes en función del posicionamiento de su proyecto político y su propia figura, quien, en su afán por erigirse como líder regional y contar con los votos de los países del Caribe en los espacios multilaterales, dio lugar a ambigüedades en el caso de Guyana.
Por el contrario, Maduro, acreedor de una alta antipatía internacional, ha promovido una posición más nacionalista y patriotera, tratando de capitalizar, por un lado, la lealtad de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, para quienes la defensa de la integridad territorial siempre ha sido uno de sus pilares, y movilizar el sentimiento nacional de la población, quienes, a pesar de no comprender muy bien la situación con Guyana y sus complejidades, caen en la trampa sentimental del nacionalismo territorial. El siempre subestimado Maduro también ha encontrado en el caso de Guyana una excusa para arremeter contra los sectores opositores y arreciar la persecución contra aquellos que ahora, según él, “traicionan la patria”.
Llama la atención la desidia del presidente Petro para abordar la situación entre Guyana y Venezuela, él tan participativo en la agenda internacional y regional, así como “su” canciller, quienes no han fijado una posición contundente frente a las acciones que adelanta el régimen de Maduro, ojalá sea por prudencia y porque se encuentran revisando acuciosamente el reciente mapa publicado por Venezuela y sus posibles implicaciones para la resolución del diferendo limítrofe de zonas marinas y submarinas entre Colombia y Venezuela.
No se puede olvidar que en la era de la Revolución Bolivariana de Maduro ha ocurrido el paso de militares a territorio colombiano y la emisión de decretos unilaterales que han pretendido afectar los intereses territoriales de Colombia; así, lo que hoy hace el chavismo con Guyana para permanecer en el poder a la vuelta lo puede intentar con Colombia.
