Actualmente, Colombia es el país que ha recibido un mayor flujo de refugiados y migrantes venezolanos en el mundo, con una cifra aproximada de 2.48 millones, de acuerdo con Migración Colombia; el 20% de estos se encuentra en la capital del país.
Ya pasados nueve meses del cambio de gobierno en Colombia, entre tantos escándalos políticos, ajustes de miembros del gabinete, protestas y propuestas de reformas sociales y políticas, parece que la migración venezolana quedo muy atrás en el listado de prioridades de este gobierno.
Y es que para el cierre del gobierno de Iván Duque aproximadamente 1.4 millones de venezolanos ya se habían regularizado gracias a la creación e implementación del nuevo Permiso por Protección Temporal.
Su administración también gestionó la asignación presupuestal de alrededor de 13 billones de pesos para la atención a esa población durante los próximos 10 años, un objetivo que se trazó mediante un Conpes que estableció como política de Estado la atención a los migrantes venezolanos y creó lineamientos de política pública para la integración socioeconómica de esta población.
Hasta ahora nada o muy poca de esta inversión se ha visto, de plano, fueron suspendidas las entregas masivas y progresivas de los PPTS, además, no se conoce de la continuación del plan de implementación, integración y reforma de los sistemas públicos y privados para que este documento pueda ser utilizado para el acceso a productos y servicios, asi como para la oferta pública en atención social.
Mientras esto ocurre, la población migrante se encuentra en un limbo legal muy peligroso, que puede llevar a la pérdida de empleos, el perder sus viviendas en arriendo o como ya se ha registrado, pierden el acceso a sus cuentas bancarias, seguro y atención en salud, los niños en edad escolar pierden su acceso a la educación, entre otras situación que hoy se están registrando.
Esto me llama poderosamente la atención, pues, una vez establecida una política de estado, no puede ser ignorada por el gobierno entrante, tampoco debe ser modificada, pero parece que al gobierno Petro o se le olvido esta tarea delegada por la comunidad internacional, o sencillamente no cuenta con el conocimiento técnico o la voluntad política para darle continuidad.
Lo que trae el crecimiento significativo de la Xenofobia, el aumento de la mendicidad, el comercio informal en las calles del país y una nueva crisis que se había superado durante el cuatrienio del Expresidente Duque, por lo que pido a las autoridades colombianas, a la comunidad internacional, pero sobre todo, a los ciudadanos ser parte de la solución a este problema, todos debemos alzar la voz, solicitar a la procuraduría, a la defensoría del pueblo y a las altas cortes de ser necesario, el fiel cumplimiento de la resolución 971 de 2021 como también el CONPES 4100.
