EL VENEZOLANO COLOMBIA | EL TIEMPO
Sus nombres eran Eliza Ascuntar Quiroz y Gloria del Carmen Rodríguez Retamozo. Ambas eran mamás y lideresas en su comunidad. La primera vivía en Orito, Putumayo. Tenía 52 años; en su salón de estética se dedicaba a embellecer a otras mujeres y a la par encabezaba una organización de volqueteros. La segunda residía en Santa Marta y tenía 43 años.
Eliza y Gloria del Carmen fueron dos víctimas más de los feminicidios que azotan al país. Sus vidas fueron truncadas y sus hijos ahora son huérfanos. Pero sus historias quedaron bajo la sombra de otros dos lamentables casos de asesinato de mujeres por razón de género que fueron más mediáticos, por las circunstancias y las condiciones que los rodearon.
El de Érika Aponte, de 26 años, mamá y empleada de una pizzería en el centro comercial Unicentro, en el norte de Bogotá; y el de Merly Andrea Rengifo, de 33 años, también madre y trabajadora en oficios varios en la ciudad de Cali.
Ambas murieron el Día de la Madre a manos de quienes fueron sus parejas sentimentales. El caso de Érika se dio mientras laboraba en el reconocido centro comercial, cuando cientos de familias se encontraban allí celebrando la fecha. Su asesino, Christian Rincón Díaz, ingresó al establecimiento con el arma de fuego que acabó con su vida.
Y a Merly la asesinaron cuando visitaba en la cárcel de máxima seguridad de Cómbita a Efraín Sarmiento, su novio, en un centro de reclusión que tiene un complejo sistema de protección (cámaras, cordones de seguridad, guardias armados). Paradójicamente, él está condenado por feminicidio.
Las cuatro mujeres son los más recientes rostros de la violencia machista, que no da tregua. Un fenómeno que no obstante las leyes que se han aprobado sigue sin tener la atención que amerita y suma, en el contador que nadie quisiera llevar, 114 casos de asesinatos por razón de género entre el 1.° de enero y el 14 de mayo de este año, según la Fundación Feminicidios Colombia. Alrededor de un caso por día.
Por su lado, el Observatorio Colombiano de Feminicidios habla de 133 asesinatos en razón de género entre enero y el 31 de marzo de este año. Casi dos por día.
De acuerdo con la Fiscalía, hasta el pasado 10 de mayo se habían imputado 64 feminicidios, en el 2023. Esto se explica porque de los casos de homicidios de mujeres que llegan a ese organismo, no todos son catalogados como feminicidios. En algunas investigaciones, la justicia los categoriza como violencia intrafamiliar o como delitos sexuales. Pese a todo, las denuncias de estos hechos han venido en aumento debido a la visibilización que ha alcanzado el delito, desde su tipificación en el Código Penal.
Las cifras de la Fiscalía señalan que entre el 13 de febrero de 2022 y el 12 de febrero de 2023 se registraron 995 casos de mujeres víctimas de asesinatos (el 8 por ciento de los homicidios en el país): 179 de ellos fueron tipificados como feminicidios consumados y, de estos, el 40,7 por ciento ocurrieron en zona rural. Durante el mismo periodo, las regiones con mayor número de feminicidios fueron Bogotá (15 víctimas), Cali (14), Medellín (14), Nariño (12) y Antioquia (11).
Carol Rojas, analista del Observatorio de Feminicidios Colombia, explica que la diferencia que hay entre las cifras oficiales y el conteo de algunas organizaciones se debe a que, en muchas ocasiones, tienen una concepción jurídica diferente de los feminicidios.
“Los movimientos de mujeres feministas y la politización han permitido construir otros conceptos jurídicos. No contamos los feminicidios de la misma forma porque estamos visibilizando situaciones que están invisibles. Es decir, a las mujeres no solo las matan en términos del sostenimiento de relaciones erótico-afectivas, sino también por su condición de mujeres”, señala la analista.
Aunque a nivel país son más los casos de asesinatos de hombres que de mujeres anualmente, las razones por las que matan a las mujeres son diferentes. Estas tienen una connotación relacionada con su género y con un entendimiento de que la vida de ellas vale menos, por una construcción sociocultural patriarcal (machismo). “El feminicidio hace parte de las múltiples y complejas violencias contra las mujeres, y no puede entenderse solo como un asesinato individual, sino como la expresión máxima de esa violencia”, explica ONU Mujeres.
¿Qué hacer?
Para Yamile Roncancio, de la Fundación Feminicidios Colombia, se debe empezar por entender que hay dos tipos de feminicidios: los consumados y las tentativas. En el caso de Érika Aponte, el Estado falló en prevenir la comisión del delito, pues ella venía viviendo una serie de hechos abusivos hasta ser víctima de la violencia más fatal.
En ese sentido, para la abogada y representante de víctimas y familiares de feminicidio hablar de prevención lleva a las acciones relacionadas a evitar la tentativa y consumación de este crimen. “No se puede prevenir el feminicidio caso a caso. ¿Cómo se puede hacer? Desmontando la tolerancia a la violencia machista. La gente a veces no relaciona cómo los productos culturales que se consumen promueven una visión degradante frente a las mujeres”, apunta Roncancio.
Del consumo de productos a la consumación, dice la abogada, “hay un solo paso, no es una escalada. A la hija de una mujer que representamos, el hombre que la mató actuó en apenas dos meses. Él la secuestró, la torturó, la violó y la desplazó forzosamente”.
La prevención del delito no es solo responsabilidad de las instituciones judiciales, sino también de empresas, organismos y de la sociedad en general, que terminan tolerando o pasando por alto acciones y comportamientos que se constituyen en violencias simbólicas y que después pueden convertirse en violencia física. Por esto, Roncancio no culpa en su totalidad a la Rama Judicial o a los entes territoriales que se quedan cortos en sus actuaciones.
“Social y culturalmente hay muchas cosas que están fallando. Estas discusiones van más allá del Estado. Se tienen que crear espacios en la sociedad para que no se sigan reproduciendo violencias contra las mujeres. Somos una sociedad que no ve y tampoco escucha. Esta es una conversación que no es solo de las mujeres víctimas de feminicidio o de tentativa de feminicidio, sino de todos”, asegura Carol Rojas.
Legislación y vacíos
En términos jurídicos, Colombia tiene una amplia jurisdicción para la prevención de las violencias basadas en género. Sin embargo, hay muchas problemáticas al momento de hablar sobre la aplicación de la ley y del personal encargado de atender el tema. Lorena Ruiz Vásquez, experta en género, explica que hay tres ejes sobre esas falencias.
El primero está relacionado con los vacíos legales que hay de los “delitos huérfanos”, que no están necesariamente tipificados y que tampoco tienen un protocolo al momento de la denuncia. La segunda barrera es que, en muchas ocasiones, los funcionarios o trabajadores sociales que están al frente de estas violencias no están capacitados, no tienen experiencia y tampoco sensibilidad en materia de género, por lo que terminan revictimizando.
“Es ahí cuando la víctima desiste de denunciar y deja a un lado los procesos penales en contra de su agresor”, señala Ruiz.
Por último, el sistema está colapsado. “Hay insuficiencia de personal para atender cada caso y esto no permite que haya agilidad en la protección de las mujeres”, agrega la experta.
En este contexto, el defensor del Pueblo, Carlos Camargo, dice que “faltan acciones que vayan más allá de sancionar penalmente el hecho y atender situaciones de violencia que en cualquier momento pueden escalar y desencadenar un feminicidio. Esto implica fortalecer los mecanismos de detección del riesgo, la actuación de las entidades bajo el principio de debida diligencia que implica efectividad e inmediatez y una articulación real entre las entidades, para que exista un acompañamiento integral”.
También hay una brecha en la implementación de políticas públicas con recursos técnicos, humanos y financieros que respondan a la realidad de mujeres víctimas y que permitan atención, protección y acceso a la justicia. La abogada Roncancio insiste en que si el derecho es dinámico, las soluciones y herramientas también lo deben ser.
Según su planteamiento, esto debería ser transversal a temas como los subsidios para las mujeres víctimas que deben dejar sus hogares y pertenencias; en la articulación interinstitucional a todo nivel; también en la compulsa de copias a la Fiscalía de forma expedita y con el caso detallado; en la celeridad de los procesos para evitar el vencimiento de términos, así como en convertir a las Casas Refugios en hogares de paso, mientras se imputa al agresor y se le dicta medida de aseguramiento intramural.
Igualmente, que las empresas se comprometan con la atención a empleadas víctimas de violencia de género en el área psicosocial y de asesoramiento jurídico y, como medida extrema, gestionar su traslado a otra ciudad, asegurándoles trabajo y vivienda.
A diferencia de los casos de Eliza, Gloria del Carmen y Merly Andrea, el de Érika Aponte fue el que más impacto generó por su despliegue mediático. Esto se da, según Rojas, por la visión que se tiene sobre algunos feminicidios que no generan tanta ‘bulla social’. A esto se suma que muchas “matrices mediáticas” responsabilizan a las mujeres por no salir de relaciones violentas o “llegar tarde a denunciar”.
Organizaciones de mujeres recalcan que las víctimas de violencia de género denuncian cuando tienen las herramientas y posibilidades para hacerlo, y en ellas no debe recaer la culpa de sus muertes.
Los asesinatos por razón de género se perpetran todo el tiempo y en todas partes. Y todos los casos deben suscitar el mismo rechazo social y la acción del Estado. Como lo señalan las expertas, “el feminicidio es la materialización de una naturalización de las violencias de género y aquí la responsabilidad es compartida”.
Hace 8 años se tipificó el delito
El feminicidio fue tipificado como un delito autónomo por la Ley 1761 de 2015, conocida como la ‘Ley Rosa Elvira Cely’, tres años después de su brutal asesinato, en mayo de 2012, en el parque Nacional.
Según el Código Penal, es el asesinato de una mujer por su condición de ser mujer o por motivos de su identidad de género que da entre 20 y 40 años de cárcel, con agravantes cuando se trata de menores de edad. Sandra Cardozo, docente e integrante del Observatorio de asuntos de género de la Universidad del Rosario, explica que el feminicidio es una forma brutal de la violencia basada en género hacia las mujeres y niñas que no tiene fronteras.
Quienes ejercen este tipo de violencias usualmente son la pareja o expareja sentimental, algún familiar, un cercano o un extraño que tienen como fin hacerles daño a las mujeres, las niñas y las mujeres transgénero y acuden al feminicidio como último acto de una cadena de un continuum de violencias (intrafamiliar, económica, sexual, entre otras).
