Alto costo de la vida es una expresión que se ha quedado corta ante la realidad que vivimos en Venezuela. Antes se usaba para indicar que después de hacer mercado y de cancelar gastos de vivienda, de salud y mensualidades de las escuelas de los hijos y del carro, nada quedaba para recreación y mucho menos para ahorrar.
A esas limitaciones se refería la clase media cuando decía que la vida estaba cara. En estas últimas décadas, con el desmantelamiento del aparato productivo y menos personas con ingresos en cada familia, “alto costo de la vida” ha tenido un sentido más específico y se refiere a las dificultades para adquirir la canasta básica alimentaria y artículos de aseo personal.
Si en su casa compran carne de res, huevos, cereales, pollo, leche, verduras, azúcar, frutas, jabón y pasta de dientes, entonces enfrentan con relativo éxito el “alto costo de la vida” como se le entiende hoy. Ya no está en la agenda ordinaria, del día a día, hacer un presupuesto familiar previendo seguros, gastos de salud, escolares, de mejoramiento de la vivienda, de vehículo, mucho menos de recreación o ahorrar. El hundimiento económico les bajó el copete a las aspiraciones colectivas. Comer bien, que no falte la comida, es hoy el reto.
En los sectores populares el problema se agrava y los salarios de subsistencia de hace veinte años, que a duras penas alcanzaban para comer, hoy son salarios de hambre. La canasta básica de alimentos para una familia de cinco personas, según el Observatorio Venezolano de Finanzas, se encuentra en 370 dólares. No faltará quien saque del bolsillo cifras y estadísticas para tratar de demostrar que, con el ticket de alimentación, el bono tal y el bono cual, la familia se defiende para comprar la comida.
Esos malabaristas del análisis económico se burlan del país. Lo cierto es que, con el salario mínimo de 130 bolívares, o con diez veces ese salario mínimo, no se puede ser tan atrevido para afirmar que a la familia venezolana le alcanza para comer.
Este es el contexto en el que se han desarrollado las manifestaciones de los educadores reclamando aumento de salarios. Son protestas sociales, expresiones del malestar y la impotencia de trabajadores cuyo esfuerzo no les da para de manera honesta, ejerciendo la profesión para la que se formaron durante años, alimentar a sus familias. El reclamo por un salario digno es justo. No es un subterfugio para preparar un golpe de Estado.
El reclamo por un salario digno nada tiene que ver con la estrategia de los sectores que promovieron el bloqueo económico para agravar la crisis. Decenas de miles de maestros y profesores simpatizantes del PSUV se han rebelado contra el maltrato salarial que les impide enfrentar la inflación. Educadores de todas las tendencias políticas han alzado la voz para pedir justicia.
Docentes sin militancia partidista y ajenos al activismo político son la inmensa mayoría de quienes andan regados por calles de todos los pueblos reclamando ingresos que les permitan llevar comida a su casa. Los salarios de hoy apenas alcanzan para el pasaje, para cumplir con la asistencia al centro de trabajo. Muchos de los manifestantes sostienen que son de izquierda, pero se preguntan ¿y por eso no puedo entonces pedir un mejor sueldo, una remuneración justa por mi trabajo?
No encuentran respuesta por parte del gobierno. Todo es silencio. A la protesta de calle le ha seguido una especie de huelga de brazos caídos. Están en asambleas permanentes. Sus armas son los pupitrazos en calles y canchas deportivas, sus cartulinas pintadas a mano pidiendo justicia. Necesitan una respuesta, un plan que les informe cómo piensa el gobierno superar esta situación de conflictividad en la que los docentes no se sienten a gusto. Quieren estar en el aula con sus estudiantes. Pero necesitan una respuesta, un compromiso con los ingresos justos que reclaman. Están dispuestos a mantenerse firmes.
Lamentablemente otros perdieron toda esperanza ante el silencio del gobierno y optaron por no insistir en sus reclamos. Decidieron dedicarse a otra cosa. Unos al comercio. Otros a transportar pasajeros. Otros programan su ida del país. Esta estampida de educadores que para subsistir se apartan de las aulas es una tragedia.
Está en crisis el oficio de educador. No es un reclamo salarial cualquiera. Es un golpe terrible para el país y para reponernos del mismo habrá que invertir muchísimas más cantidades de dinero que lo que piden los actuales docentes para poder llevar comida a su casa. Urge que el gobierno despierte. Esto no es una guarimba.
Esta protesta del gremio docente no está ligada a interés político alguno, aunque no falten quienes por su corta y perversa mirada sólo piensen en sacarle provecho desde ese ángulo. Es un reclamo justo y pierde el gobierno dándole largas porque se le puede enredar con paros escalonados, con aumento de la conflictividad y con desestabilización política que sectores ya identificados tienen como modus operandi. Provocaciones como la de suplir a los profesores con estudiantes y con voluntarios del PSUV no hacen sino empeorar las cosas.
El gobierno tiene que concentrarse en reducir a su mínima expresión gastos innecesarios, en dejar de ocuparse de lo que puede hacer el sector privado, en cancelar decenas de fundaciones innecesarias, en dejar la compra de camionetas de lujo para servidores públicos. Hay que afilar el lápiz y reformular el presupuesto recién aprobado por la Asamblea Nacional. Con todo y bloqueo hay de donde sacar dinero. Es la hora de tomar decisiones heroicas, de esas que enfrentan intereses creados, para hacer justicia a los educadores. Con ello, además, le darán un piso de tranquilidad a su gobierno para buscar respuestas a los muchos otros problemas del país. Es una hora de decisiones.
