EL VENEZOLANO COLOMBIA | AP NEWS
Cuatro de los principales grupos armados ilegales en Colombia no han detenido sus acciones bélicas pese a haber pactado con el gobierno un cese al fuego bilateral desde enero, advirtió el miércoles la Defensoría del Pueblo.
Como parte de un monitoreo de la situación de derechos humanos en el país, la estatal Defensoría documentó 24 hechos violentos ocurridos entre el 21 de enero y el 17 de febrero, especialmente en el norte y oeste de Colombia.
Desde el 1 de enero, el gobierno de Gustavo Petro —primer presidente de tendencia de izquierda en el país— anunció un cese al fuego bilateral con el cártel Clan del Golfo, las Autodefensas de la Sierra Nevada y dos facciones de las disidencias de la extinta guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, el Estado Mayor Central, que agrupa varios frentes que no firmaron la paz con el gobierno en 2016, y la Segunda Marquetalia, liderada por el exnegociador alias “Iván Márquez”.
En el departamento del Cauca, al suroeste, facciones del Estado Mayor Central hostigaron en tres oportunidades al personal del Ejército y a la Policía y se registraron dos enfrentamientos entre ese grupo disidente y las fuerzas militares, según la Defensoría.
La entidad advirtió que tampoco se han detenido las acciones contra la población civil. El Clan del Golfo —también denominado Autodefensas Gaitanistas de Colombia— hizo patrullajes de personas armadas en camionetas y restringió la libre movilidad en los Montes de María de Bolívar y Sucre, al norte del país. También serían los presuntos responsables de al menos tres homicidios de civiles y el secuestro de tres fiscales.
Personas armadas, vestidas de camuflaje y con brazaletes alusivos al Estado Mayor Central, entraron el 2 de febrero a una escuela en la zona rural de Yarumal, en Antioquia, entregando regalos y haciendo actividades lúdicas a los menores.
Días después, el Estado Mayor Central y el gobierno hicieron público un protocolo de cese al fuego en el que se “prohíbe el tránsito o permanencia” del grupo armado ilegal en las cabeceras de los municipios, las zonas rurales y las vías primarias para evitar “cualquier afectación a la vida e integridad física de la población civil”.
Pese a que el cese al fuego se pactó desde el 1 de enero y hasta el 30 de junio de 2023 con los cuatro grupos armados, solo se tiene información de los protocolos alcanzados con el Estado Mayor Central.
La víspera murió un militar y otro resultó herido en el departamento de Huila, al suroeste, luego de que presuntamente la Columna Móvil Dagoberto Ramos, que hace parte del Estado Mayor Central, activara un artefacto explosivo.
El ministro de Defensa, Iván Velásquez, aseguró el miércoles a la prensa que el homicidio del soldado debe pasar por el mecanismo de verificación y monitoreo del cese al fuego y cuestionó al Estado Mayor Central. “Parece que no existiera una unidad real y que esas estructuras estuvieran actuando por su cuenta sin un mando central”, indicó.
