EL VENEZOLANO COLOMBIA | LA OPINIÓN
El fenómeno de movilidad humana de los venezolanos que huyen de su país hacia Colombia pasó de 23.573 personas en 2014 a 2.477.588 en 2022. Este incremento en la llegada del número de migrantes y refugiados motivó una respuesta humanitaria y protección y esto requirió que el Estado colombiano y las agencias de cooperación internacional ofrecieran respuestas.
El Estado colombiano ha venido en un proceso de aprendizaje a lo largo de estos 7 años, en marcos legales y políticas públicas y buscando reconocer las buenas prácticas para canalizar acciones hacia la integración socioeconómica.
Frente a este panorama, el equipo del Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario, adelantó la investigación ‘El Reto de la Integración, desafíos y oportunidades de la gestión migratoria en Colombia 2022-2026’.
A continuación reproducimos parte de un análisis del diario La Opinión sobre recomendaciones que dan para cada uno de los desafíos planteados en el tema migratorio en Colombia.
1. Fortalecer la institucionalidad y la gestión migratoria desde un enfoque de integración
Entre las recomendaciones de este grupo de investigadores está establecer una estrategia específica para la atención e integración de la migración en el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 que incluya la ampliación y distribución de recursos a entes nacionales y territoriales, así como lineamientos de política exterior en asuntos migratorios.
Pero, además, de reglamentar la Ley 2136 de 2021, por medio de la cual se establecen las definiciones, principios y lineamientos de la Política Integral Migratoria (PIM).
Y piden fortalecer la capacidad institucional y operativa de Migración Colombia y el Ministerio de Relaciones Exteriores.
Pero, precisaron la necesidad de aumentar los recursos humanos y financieros de los departamentos y programas encargados de temas migratorios en el Ministerio de Relaciones Exteriores, entre ellos: la Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano, con especial énfasis en el Grupo Interno de Trabajo Colombia Nos Une como responsable de la vinculación de los colombianos en el exterior y de la Comisión Asesora para la Determinación de la Condición de Refugiado (Conare), autoridad encargada de analizar y estudiar los casos de los solicitantes de refugio y del reconocimiento o denegación de dichas solicitudes.
2. Continuar la implementación del Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos (ETPV)
Tras la implementación del ETPV, el grupo de expertos precisa que se requiere impulsar campañas para lograr el reconocimiento del Permiso por Protección Temporal (PPT) como un documento de identificación válido para el acceso de derechos y servicios, con especial énfasis entre los funcionarios públicos, prestadores de servicios públicos, de salud y de educación, sistema financiero, empleadores, comunicadores sociales y la propia comunidad migrante.
Así como la necesidad de incorporar el PPT en todos los sistemas y plataformas informáticas para el acceso a servicios y derechos de la población migrante.
Así como evaluar la posibilidad de extender nuevos periodos de inscripción en el Registro Único de Migrantes Venezolanos (Rumv) para aquellos migrantes en condición irregular que forman parte de núcleos familiares con estatus migratorios mixtos, una condición que pone en riesgo la unidad familiar y aumenta la vulnerabilidad en materia de protección, derechos e integración.
3. Reforzar y ampliar las políticas públicas con enfoque de género
Se requiere robustecer las redes de apoyo institucionales para que las mujeres migrantes insertas en la economía del cuidado de sus hogares puedan buscar, acceder y mantener un trabajo remunerado.
“Es necesario ampliar el acceso de la población migrante a la oferta de programas de jardines infantiles públicos y Centros de Desarrollo Infantil del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar”, establece el informe.
Así como fortalecer las rutas de atención a migrantes víctimas de violencia sexual, trata de personas, y capacitar a funcionarios públicos y miembros de organizaciones civiles en el cumplimiento de protocolos que a su vez deben articularse con las rutas de atención en salud sexual y reproductiva.
4. Establecer una política integral para colombianos retornados
El Estado colombiano debe trabajar en el fortalecimiento de la infraestructura financiera, técnica y operativa y de los recursos humanos del programa Colombia Nos Une del Ministerio de Relaciones Exteriores.
“Hacer seguimiento al censo y sociocaracterización de los colombianos en el exterior, las familias transnacionales y las familias con integrantes en el exterior, en consonancia con lo establecido en la PIM”, dice el documento.
Mitigar las barreras de acceso a derechos y servicios de los colombianos retornados procedentes de Venezuela. Para ello se requerirá establecer una mayor coherencia entre los marcos normativos y programas ofertados a esta población con el contexto migratorio venezolano.
Implementar programas y acciones específicas que promuevan la integración de migrantes de primera, segunda y tercera generación, que reconozcan sus diferencias y necesidades, así como la de aquellos colombo venezolanos que no han podido adquirir la nacionalidad colombiana por dificultades en el cumplimiento de los requisitos.
5. Fortalecer el sistema de protección para refugiados
Entre las sugerencias de los investigadores de la universidad están: robustecer la Comisión Asesora para la Determinación de la Condición de Refugiado (Conare) del Ministerio de Relaciones Exteriores con más funcionarios y recursos para agilizar la revisión de los casos de solicitudes de refugio y garantizar el cumplimiento de un plazo razonable de respuesta a los solicitantes.
Recomiendan reconsiderar las disposiciones en los artículos 16 y 17 del Decreto 216 de 2021 por medio del cual se adopta el ETPV, para que los solicitantes de refugio puedan ser beneficiarios del ETPV hasta el momento en el cual se les dé respuesta a su solicitud por el Ministerio de Relaciones Exteriores, con el propósito de que dicha población en condición de vulnerabilidad pueda tener acceso al trabajo y a otros derechos fundamentales.
6. Robustecer la atención en salud a la población migrante
Entre las acciones que proponen para fortalecer el tema de la atención en salud están: desplegar campañas de promoción de servicios y divulgación de información dirigidas a migrantes sobre acceso a atención médica, ingreso al Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén) y procedimientos para la afiliación al sistema de salud; capacitar al personal del sector de la salud para que se implemente de manera generalizada el concepto de “atención de urgencias” conforme a la sentencia T-197 de 2019 de la Corte Constitucional; fortalecer las jornadas de atención en salud sexual y reproductiva a la población migrante e incluir este servicio en la atención en urgencias; impulsar estrategias territoriales para la población migrante en condición de discapacidad; y desarrollar programas de salud mental que incluyan la atención integral a personas refugiadas, desplazadas, retornadas y migrantes.
7. Garantizar el acceso, permanencia y promoción de niños, niñas y adolescentes migrantes en el sistema educativo
Se debe generar a través del Ministerio de Educación y las secretarías municipales y departamentales programas de nivelación de la población escolar proveniente de Venezuela que permitan su promoción a los diferentes grados escolares.
Entre las recomendaciones, también indican la necesidad de apoyar a los municipios en temas como infraestructura, capital humano y oferta educativa, sobre todo en los departamentos fronterizos, donde se brinda educación al 38% de los niños migrantes.
Fomentar el acceso de los estudiantes migrantes de educación media a la educación superior por medio de estrategias que brinden orientación y acompañamiento; así como elaborar por parte del Ministerio de Educación una cartilla dirigida a los rectores de colegios y al cuerpo profesoral con recomendaciones específicas para el abordaje de situaciones de xenofobia, bullying y discriminación que afecten a los escolares migrantes.
8. Priorizar la atención a niños, niñas y adolescentes migrantes
Se debe priorizar en temas como el apoyo y fortalecimiento de la infraestructura técnica, operativa y de recursos humanos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para aumentar su capacidad e incidencia. Así como erradicar la apatridia, dándole continuidad al programa Primero la Niñez, iniciativa que, al estar vigente hasta el 20 de agosto de 2023, tendrá que prorrogarse si persiste el riesgo de apatridia de los niños y niñas migrantes venezolanos.
Además, hacen énfasis en hacerle seguimiento a la elaboración y discusión en el Congreso de la República sobre el Proyecto de Ley 368 del 17 de mayo de 2022 en el cual se adiciona un capítulo a la Ley 043 de 1993 para la adquisición de la nacionalidad colombiana por adopción de menores de edad migrantes bajo protección del Estado y se dictan otras disposiciones.
9. Alcanzar la integración socioeconómica y productiva de los migrantes
Entre los aspectos que la academia resalta para lograr esto refiere: ampliar y fortalecer la oferta de servicios de los Centros Intégrate; fortalecer y dar continuidad a los programas de certificación y capacitación de habilidades y competencias laborales ofrecidos por el Sena; garantizar que los sesenta colegios profesionales en Colombia reconozcan el PPT como un documento válido para que los migrantes que han convalidado sus títulos académicos obtengan la tarjeta profesional y puedan ejercer en Colombia, y garantizar mediante la Superintendencia Bancaria el reconocimiento del PPT como un documento de identidad que da acceso a servicios financieros.
10. Fortalecer los territorios y la gobernanza local de la migración
Se requiere ampliar la asignación de recursos a los entes territoriales que han recibido mayor migración, así como fortalecer a los departamentos y municipios fronterizos en temas de gestión migratoria; y crear programas sectoriales de oferta de empleo a migrantes.
11. Abordar la xenofobia y seguridad ciudadana desde un enfoque de derechos y no discriminación
Los especialistas de la Universidad del Rosario indicaron como necesidad fundamental: fomentar en la sociedad colombiana una política de cultura ciudadana abierta a la integración migratoria por medio de narrativas que combatan la xenofobia, con especial énfasis en funcionarios públicos, prestadores de servicios públicos, de salud y de educación, sistema financiero, comunicadores sociales y empleadores.
Así como también incluir en la formación en derechos humanos de los cuerpos de seguridad un módulo sobre migración y xenofobia con énfasis en el cuidado del lenguaje en las declaraciones públicas para evitar exclusión y actos de violencia hacia esta población.
12. Fortalecer el tema migratorio en la agenda política exterior colombiana
Sobre este aspecto precisan que es necesario asegurar en el ámbito de la cooperación internacional la consecución de recursos financieros y asistencia técnica para atender e integrar la migración en Colombia.
Preservar con Estados Unidos —el donante del 94 % de los flujos de financiación en la región en materia migratoria— una relación de cooperación que permita regular, financiar y gestionar adecuadamente el fenómeno de la migración continental, junto con el apoyo de diversas fuentes de ayuda internacional como Acnur, OIM y ECHO, entre otras.
Así como mantener y fortalecer la Plataforma del Plan Regional de Respuesta a Refugiados y Migrantes de Venezuela (RMRP); y ser Colombia el líder en el contexto continental y sobre en América del Sur en los mecanismos regionales para atender la migración venezolana y extracontinental que se dirige a Sur, Centro y Norte América.
