El gobierno venezolano ostenta el merecido título de violador de cuanto derecho humano existe: el de la vida, la propiedad, el de los pensionados y jubilados o los sociales y políticos. De esa violación sistemática dan cuenta los informes presentados por quien fuera Alta Comisionada de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas y los de la Comisión de Expertos independientes.
En el mes de septiembre la citada Comisión, en cumplimiento de la resolución 45/20, presentó las conclusiones detalladas sobre dos temas acordados previamente: 1) “los crímenes de lesa humanidad cometidos a través de estructuras e individuos pertenecientes a los servicios de inteligencia del Estado como parte de un plan para reprimir a personas opositoras al gobierno y, 2) “la situación de los derechos humanos en la región del Arco Minero del Orinoco y otras zonas de extracción de oro en el Estado Bolívar”
En relación con este segundo aspecto, dos organizaciones de la diáspora, Watunna y Amazine, desde principios de este año iniciaron la convocatoria a un concurso de vídeos sobre lo que ocurre al sur de Venezuela con la explotación del oro y otros minerales. Los cortos fueron evaluados por reconocidos profesionales y el acto de premiación y reconocimiento se realizó los primeros días del mes de noviembre en Madrid. Participaron 17 cortos y, por distintas razones, incluidas las de seguridad, se retiraron cuatro de los proyectos. Los 13 restantes retratan la belleza de la cultura, la geografía y la biodiversidad y la inmensa tragedia y devastadores efectos de la explotación de los minerales de manera irracional y descontrolada.
ANIQUILACIÓN DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS
Las desgarradoras imágenes de la situación social, cultural, económica y ambiental de la zona, causan una honda indignación. Su elocuencia permite comprender la magnitud de la violación simultánea de muchos derechos: trata de personas, trabajo y explotación infantil, prostitución forzada y la aniquilación de los derechos de los pueblos indígenas.
El gobierno sustituyó con el nombre de Ecosocialismo, al otrora Ministerio del Ambiente, que fue pionero y referencia en el mundo por sus esfuerzos y políticas de preservación ambiental. Después de ver los vídeos y leer el informe de la Comisión de Expertos sobre la explotación irracional y bárbara de oro, diamante, coltán y bauxita, el nombre que mejor les calza es Ministerio del Ecocidio en grado superlativo.
Además, el citado informe nos advierte de los grupos criminales, ‘pranes’ o ‘sindicatos’, cuya actividad y control se expande por las zonas mineras y las rutas de transporte, y de la participación económica de la propia Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), a través de la Compañía Anónima Militar para las Industrias Mineras, Petrolíferas y de Gas (Camimpeg). Todo ello ocurre pese al decreto 8413, que declara a las regiones auríferas como zonas de seguridad y como garantes de ella se responsabiliza a la FANB, la Guardia Nacional Bolivariana y la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) de resguardar la seguridad y el orden y enfrentar la amenazas al desarrollo de la actividad minera.
De hecho, de acuerdo con la versión oficial, el Arco Minero se estableció en 2016 con el fin de combatir la minería ilícita y mejorar la producción de oro para ayudar a la recuperación económica del país, cuando ya cumplía dos años de sistemático decrecimiento. La realidad, según los datos del citado informe, dista de ese propósito. “La misión ha revisado la información disponible públicamente que indica que los miembros de la élite militar y política venezolana se ha beneficiado y continúan beneficiándose financieramente de las actividades relacionadas con la minería del oro en el Arco Minero”.
ARCO MINERO EN PODER DE GRUPOS ARMADOS
Añade el informe: “La Misión recibió información según la cual las fuerzas de seguridad del Estado y grupos armados criminales han cometido y siguen cometiendo asesinatos, secuestros, torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes; violencia sexual y de género, especialmente contra las personas residentes y trabajadoras de las zonas mineras del estado Bolívar”, “también recibió información” (…) “que señala la connivencia de algunas autoridades estatales con los grupos criminales que operan en ciertas zonas mineras”.
Los hallazgos de la Comisión al sur del Orinoco, son consistentes con los resultados de la primera parte del informe dedicada al tema de los crímenes de lesa humanidad; certifican que la justicia venezolana contribuye a perpetuar la impunidad. El gobierno viola los derechos e impone sanciones a los venezolanos: castiga a los ciudadanos con la destrucción consentida del ambiente y además los inhabilita para poder ejercer sus derechos.
Previamente, en 2019, lo había señalado el primer informe: el gobierno viola e impone sanciones, castiga cada uno de los derechos de los ciudadanos y por ello puedo llevar por título, “el compendio de las violaciones”. El punto 73 del informe afirma “las personas venezolanas tropiezan con obstáculos para obtener o legalizar documentación, lo cual vulnera su derecho a salir del propio país y su derecho a tener identidad”. La violación de ese derecho medular, el de la identidad, impide el ejercicio de los restantes derechos. Esta sanción a la ciudadanía promueve la irregularidad, entorpece la movilidad y fomenta la apatridia de los venezolanos. Es necesario recordar que sin documento de identidad no hay pasaporte, ni registro electoral, ni voto y de ellos hay un buen número en la diáspora.
Se considera apátrida, de acuerdo al artículo 11 de la convención de 1954, “a una persona que no es considerada como nacional suyo por ningún Estado de acuerdo con su legislación”. La violación del derecho a la identidad por parte del gobierno venezolano suma a decenas de miles de sus ciudadanos a los 10 millones de apátridas que se estima hay en el planeta.
El gobierno venezolano convierte a los ciudadanos en irregulares mientras los gobiernos de otros países despliegan políticas a fin de regularizarlos, para que puedan acceder a los servicios de salud y educación, llegando al punto de otorgarles la nacionalidad. El clímax del cinismo y las sanciones a los ciudadanos lo contempla la Ley Orgánica de Procesos Electorales (LOPE) pues exige a la diáspora estatus regular en el país de residencia. Usted, amigo lector ¿se imagina las consecuencias sobre la diáspora, si los gobiernos de la región adoptan semejante criterio?
El desconocimiento del derecho a la identidad convierte al gobierno en violador (¿qué es una raya más para un tigre?) del Pacto Internacional de Derechos Sociales y Políticos del cual Venezuela es signatario, junto a otros 170 países. Este desconocimiento ha sido documentado en estudios y reportajes que recogen la terrible situación de apatridia en la que se encuentran decenas de miles de venezolanos. Cada día nacen centenares de niños apátridas quienes, para el Estado venezolano, simplemente no existen.
Por fortuna, los gobiernos se comportan de un modo más humano y ofrecen un trato más digno a la diáspora venezolana. Los aceptan con pasaporte vencido, le otorgan nacionalidad, los visibilizan y regularizan. Dos estrategias contrapuestas: los gobiernos que acogen, visibilizan, regularizan e integran y el gobierno venezolano que desconoce y coloca a sus ciudadanos en condición de irregular.
Ante las violaciones de los derechos humanos y las sanciones impuestas por el gobierno venezolano a sus ciudadanos en el planeta, hay quienes todavía optan por el silencio, se colocan de perfil, ejerciendo la imbecilidad del indiferente, o se solidarizan con el gobierno violador. Pienso en quienes vieron en la desnutrición a niños rollizos, en la escasez y el racionamiento un modelo de alimentación al que premiaron o el silencio ante el desastre ambiental de quienes denuncian barbaridades ambientales a la carta.
La diáspora y sus organizaciones son parte del cambio que se está produciendo. Construyen, eligen y por tanto descartan. Su esfuerzo ético es la búsqueda de una vida mejor, la construcción de una sociedad de seres libres e iguales, en un ambiente de autoestima y solidaridad.
Los vídeos y el informe de la Misión de expertos independientes, constituyen valiosos documentos que se usarán para informar y sensibilizar a la opinión pública global, a fin de sumar voluntades políticas e institucionales a la defensa del ambiente y de los derechos humanos, sociales y políticos de los venezolanos. Más que ruido muchas nueces, animadas con el propósito de ejercer la política como un formidable instrumento de construcción de consensos alrededor de la salvaguarda de los derechos humanos.
La protección de los derechos humanos incluye a quienes podrían encontrarse en la condición de irregular. Los gobiernos de los países receptores de nuestra diáspora son ejemplos de políticas de regularización. Con ella todos se benefician, el migrante y los países de origen y acogida. Además, facilita la integración y el diseño de políticas públicas más efectivas.
La profunda y sistemática violación de los derechos humanos en las dos primeras décadas del siglo XXI ha generado una crisis social, económica, institucional y ambiental de un hondo calado. Se necesitarán muchos años de ejercicio de la política y de la participación de todos para recuperar la calidad de vida perdida, el ingreso per cápita y los derechos humanos; por ello cuanto antes establezcamos los acuerdos e iniciemos el proceso, tanto mejor.
