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Al menos 28 personas fueron víctimas de violencia sexual y otras formas de violencia de género durante la represión policial del estallido social del pasado año en Colombia, denunció Amnistía Internacional (AI) en un informe, en el que insta al Gobierno de Gustavo Petro a garantizar justicia y la no repetición de estos casos a la hora de abordar cualquier reforma policial.
En su reporte, la ONG documentó 28 casos de violencia contra mujeres y personas LGBTIQ+ en siete ciudades, perpetrados por agentes de la Policía Nacional y su Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad), en el marco de la ola de protestas que golpearon al país en 2021 contra el entonces Gobierno del conservador Iván Duque.
NO SE HA SUPERADO
“La violencia de género, y especialmente la violencia sexual, arrastra un doloroso historial en el contexto del conflicto armado de Colombia: un historial que las autoridades aún no han superado», expresó la secretaria general de Amnistía Internacional, Agnès Callamard, en un comunicado.
Según la activista, la ONG recibió «cientos de reportes de violencia de género» durante las movilizaciones, en los que se exponían con detalle violencia psicológica, discriminación, amenazas, tocamientos, acoso sexual, desnudez forzada, tortura y violencia sexual.
COMO HERRAMIENTA DE REPRESIÓN
«Tras haber documentado 28 de estos incidentes en profundidad, está claro que la violencia de género fue utilizada por la Policía Nacional como herramienta de represión para castigar a quienes se atrevieron a alzar la voz y protestar”, sentenció.
Los casos documentados tuvieron lugar en Bogotá, en Cali -epicentro de las protestas-, Palmira y Popayán, en el suroeste del país; en la norteña Soledad y también en Tunja y Manizales, en el centro.
De acuerdo al informe, entre las víctimas hay mujeres afrodescendientes e indígenas, defensoras de los derechos humanos, periodistas, trabajadoras de la salud y madres.
Con respecto a las mujeres y diversidades dedicadas al periodismo y a la defensa de los derechos humanos, el texto documenta ataques caracterizados por el «machismo, la homofobia y otras formas de odio y estigmatización».
Las violaciones de derechos humanos tuvieron lugar, principalmente, durante la actuación policial para dispersar las protestas y en el marco de las detenciones que siguieron a la intervención inicial.
Según la ONG, el factor común en todos estos casos fue la intención con la que se perpetró la violencia: «sus autores pretendían castigar a quienes se manifestaban por cuestionar las normas sociales de género y por salir a la calle a ejercer su derecho a la libertad de reunión pacífica».
Por otra parte, se registraron casos en los que el sistema de justicia «eludió responder o respondió inadecuadamente» a las denuncias presentadas por sobrevivientes de violencia de género, muchas de las cuales declararon haber decidido no presentar denuncia ante la Fiscalía «por temor y por desconfianza».
“Cómo máximo mandatario de la Policía Nacional, el presidente Gustavo Petro debe dictar una orden en la que condene todas las formas de violencia sexual y de género y exija que se les ponga fin. Es preciso investigar todas las denuncias relacionadas con el Paro Nacional de 2021 y hacer rendir cuentas a los responsables», insistió Callamard, quien también pidió a las autoridades abordar las causas fundamentales de esta violencia y trabajar con las mujeres y disidencias para adoptar medidas efectivas al respecto.
«Este es el mínimo indispensable para empezar a preparar el camino a la justicia y la rendición de cuentas”, concluyó.
