El retorno al funcionamiento normal de la frontera entre Colombia y Venezuela es una muy buena noticia para ambos países, pero en particular para la población de la región fronteriza. El intercambio tranquilo y fluido de bienes es de fundamental importancia para el desarrollo de la economía en esa área y, por tanto, le asegura bienestar (al menos material) a quienes habitan en la zona limítrofe.
Hemos estado muy acostumbrados a pensar en fronteras como líneas imaginarias, ignorando por completo que se trata de regiones enteras para cuyos habitantes los desencuentros entre los centros políticos de ambos países tienen muy poco sentido. Hay incluso comunidades indígenas como la wayúu, atravesadas por una línea de separación arbitraria que no les genera sino problemas.
Entre más abierta esté la frontera, menores serán los costos que impone la división a las poblaciones fronterizas tanto en Venezuela como en Colombia.
A pesar de los vociferantes enfrentamientos entre ambos gobiernos nacionales, la verdad es que, durante todos estos años de distanciamiento, las sociedades civiles de ambas naciones y los gobiernos locales han insistido tercamente en trabajar de la mano y en profundizar sus acuerdos y entendimientos, con la esperanza de que esa dinámica algún día alcance y contagie a los gobiernos nacionales.
Finalmente parecen haberlo logrado: la academia de ambos lados de la frontera, la sociedad civil organizada y el empresariado han nadado contra la corriente de los gobiernos centrales, se han mantenido firmes y hoy pueden dar un parte de victoria.
Son estos actores entonces, los llamados a acompañar de cerca a ambos gobiernos en el proceso de reconstrucción de la relación binacional. Solamente si la sociedad civil está involucrada es posible garantizar que la armonía entre las dos naciones no sea flor de un gobierno y termine deshaciéndose otra vez cuando la alternancia propia de la democracia, aquí o allá, nos deje con un par de presidentes que no comparten ideología ni proyecto político.
No podemos someter la relación entre los dos países, y mucho menos a la población de frontera, al vaivén de la política electoral y a semejante nivel de inestabilidad.
Por esa razón, además, es de crucial importancia reconstruir la institucionalidad binacional. Pasado el tiempo de los fuertes abrazos, los regalos, las flores blancas y los gestos simbólicos, ahora el compromiso de ambos gobiernos debe ser con rearmar una relación estrecha pero sostenible en el tiempo.
Reconstituir las comisiones de vecindad y alguna versión de las antiguas Combifron-Comisiones Binacionales Fronterizas, con una participación activa y permanente de la sociedad civil, puede ser la fórmula para empezar a administrar la frontera y la relación binacional efectivamente aun cuando haya desentendimientos políticos e ideológicos entre los gobiernos de ambos países.
Pasadas las oportunidades fotográficas y los titulares, es preciso construir una hoja de ruta en la que ambos gobiernos hagan compromisos claros con aportar lo necesario para resolver los grandes problemas que aquejan a la región fronteriza: para empezar, la reactivación de la economía y el proceso de redemocratización en Venezuela es indispensable para que se reduzcan los altísimos niveles de migración y para que los venezolanos que se han ido puedan regresar a su país; y para seguir, el Gobierno colombiano debe acompañar sus planes de paz con una política de seguridad seria que contribuya a reducir las amenazas de organizaciones criminales sobre la población civil que vive de moverse libremente en la frontera.
Llegó el momento de diseñar una verdadera política pública fronteriza de largo aliento, ambiciosa pero también ejecutable. Ni la relación entre los dos países ni la difícil situación de la población de frontera dan más espera.
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