El arribo a la presidencia de Colombia de Gustavo Petro, prominente figura de la izquierda radical colombiana, ha generado todo tipo de especulaciones, análisis y comentarios en los medios de comunicación y en las redes sociales.
No hay duda que su llegada al Palacio de Nariño marcará un cambio importante en la política interna del vecino país, y por supuesto en las relaciones con el nuestro, sobre todo por las afinidades ideológicas y políticas existentes entre ambos gobiernos, que ha permitido ya, la designación de embajadores por parte de ambos gobiernos.
De entrada pienso que Petro no podrá cargarse la democracia colombiana e instaurar un régimen autoritario como el ya establecido en nuestra Venezuela.
El vecino país tiene establecida la no reelección del Presidente de la República. Ni Petro tiene la fuerza política para cambiar esa realidad, ni la sociedad democrática colombiana se lo va a permitir. De modo que esta sola previsión constitucional ya garantiza que su gobierno tiene fecha de vencimiento en los próximos cuatro años.
La esperanza madurista de contar en el vecino país con un modelo gemelo que lo justifique no va a ser posible. Y se puede apreciar ya, en estas primeras de cambio, que la naturaleza abusadora y avasalladora del autoritarismo vigente en nuestro país va a ir encontrando dificultades con el nuevo gobierno colombiano.
Lo pudimos observar con la solicitud pública formulada por el jefe del partido socialista de Venezuela, miembro conspicuo de la camarilla roja Diosdado Cabello, quien exigió a Petro entregarle al gobierno “revolucionario” a los exiliados venezolanos residentes en Colombia. La respuesta vino del mismísimo presidente, quien a través de Twitter afirmó de forma escueta pero directa: «Colombia garantiza el derecho de asilo y el refugio» .
Más claro no se puede hablar. El madurismo se estrelló contra una pared que es la tradición jurídica de la sociedad colombiana. Diosdado y Maduro acostumbrados a desconocer el orden constitucional y legal no contaban que les iban a ofrecer tamaña respuesta.
Lo mismo está ocurriendo en materia de relaciones diplomáticas y económicas. Mientras Petro da muestras concretas de promover nuevamente la apertura del comercio formal y darle curso al intercambio económico legal, Maduro evade con argumentos pueriles las materia.
La ausencia de las autoridades venezolanas en el evento sobre apertura comercial organizado en Cúcuta por el gobierno y el sector privado colombiano, el jueves 18 de agosto, constituyó una clara prueba de la falta de seriedad y de políticas claras por parte del madurismo. En el fondo desean mantener la situación actual: continuar con el estado híper policial en toda la frontera. Ahora dicen que no están preparados para la apertura de los puentes y para el comercio formal.
La verdad es que a partir de esa absurda política de cierre formal y ruptura con Colombia se estableció una relación clandestina, oscura e informal entre ambos países donde el derecho no rige. Allí prevalece la ley del más fuerte. Quien tiene armas y dinero impone su ley en la frontera.
De ese esquema ilegal se nutren la estructura política y clientelar del régimen venezolano. Por eso no desean la apertura. El comercio por las trochas alimenta las estructuras de los grupos armados al margen de la ley (guerrilla y grupos criminales), así como a elementos de todos los organismos de seguridad del estado, que diseminados por esos predios, extorsionan cada día a quienes allí trabajan o necesitan movilizarse.
A Maduro y su camarilla no les importa haber arruinado la economía fronteriza. No se inmutan por haber destruido la zona industrial y comercial de Ureña y San Antonio, al haber generado el cierre de más de 3.000 industrias y empresas de comercio y servicios.
No se arrepienten de haber generado las condiciones para la pérdida de más de 20.000 empleos, y de haber empujado a más de 200.000 personas a huir a territorio colombiano. Nada de eso les importa.
Por ello no tienen prisa en la apertura comercial y en la normalización de las relaciones comerciales con Colombia. Ellos quieren unas relaciones a su medida e interés político. No a la media y necesidad de nuestra sociedad.
La excusa de un gobierno “oligarca”, “paramilitar” y “vinculado con el narco”, como calificaban a la administración democrática de Colombia ya no la pueden sostener para justificar el “estado de sito y la franja criminal” que han establecido en la frontera con Colombia.
No nos extrañe que ante tal comportamiento, en algún momento se rompa la luna de miel con Petro, y Maduro junto a su camarilla terminen peleando e insultando a Petro y su gobierno.
Esa es la naturaleza de la barbarie roja que, en mala hora, nos gobierna. Hagamos votos porque ello no ocurra y continuemos exigiendo la verdadera apertura.
Que dejen las excusas y abran de una vez los puentes de la hermandad con Colombia.
