Una solución militar para la liberación de Cuba, no debe ser rechazada bajo ninguna circunstancia.
Paradójicamente, los acontecimientos en Cuba en 2021 fueron en dirección contraria a lo que ocurrió en el resto de América Latina. Mientras que los movimientos de extrema izquierda ganaban poder o impulso en toda la región, la isla era un hervidero de resistencia de masas abierta contra la dictadura comunista, que ya tiene sesenta y tres años. Dado el hecho de que el socialismo latinoamericano está imperialmente requisado desde La Habana, esta situación es irónica pero, no obstante, un hecho frío. En 2022, Cuba podría (o debería) ir en la dirección de una mayor decadencia y debilitamiento del régimen.
El año 2021 terminó con hasta 13,000 presos y condenados políticos en Cuba, según Prisoners Defenders (“Defensores de los Prisioneers”) (DPO). Teniendo en cuenta que el código penal castrocomunista dicta sentencias “pre-delictivas”, muchos cubanos han estado languideciendo en prisión por “delitos” que nunca fueron realmente cometidos. La política estatal del régimen marxista-leninista de criminalizar los actos con base en la sospecha de intención, aumenta enormemente la población carcelaria.
La ONG de vigilancia de los derechos humanos con sede en España añadió en el citado informe del 4 de enero de 2022 que 955 personas fueron añadidas al sistema de prisiones políticas comunistas cubanas. De los 842 que aún sufren cautiverio, más de 700 son del Levantamiento Cubano del 11 de Julio (11J) y de la Marcha por el Cambio Cívico del 15 de noviembre (15N). Cubalex, un servicio jurídico y grupo de derechos humanos, sitúa la cantidad exacta en 710.
Con este telón de fondo y a pesar de que los manifestantes del 11J se enfrentaron a una brutal represión, como revelan estas sentencias bárbaras de larga duración, el pasado mes de noviembre se produjeron 353 protestas en toda la isla, según el Observatorio Cubano de Conflictos. 274 de estos actos públicos de descontento se realizaron antes o después del 15N. El pueblo cubano se opone claramente a la continuidad del régimen comunista.
La cuestión que se plantea es qué pueden hacer las naciones libres, la comunidad cubana en el exilio y otras personas amantes de la libertad para ayudar en el proceso de liberación que se está desarrollando en Cuba. Hay una multitud de cursos de acción de política pública que los gobiernos democráticos pueden claramente hacer. Lo importante es tener en cuenta, para acertar, el fin. Este no puede ser otro que el desmantelamiento sistémico total.
Es decir, hay que derrocar al castrocomunismo y poner en marcha un procedimiento de democratización con generosas dosis de justicia transicional y jurisprudencia preventiva antisistema para salvaguardar de futuros retornos enmascarados de corrientes socialistas no deseadas.
Una solución militar para la liberación de Cuba, no debe ser rechazada bajo ninguna circunstancia. La única razón por la que el alemán o el ruso no son hoy la lengua oficial internacional, es porque la fuerza letal se enfrentó a la amenaza del fascismo y del comunismo soviético. Dada la cobardía crónica que exhiben muchos de los líderes democráticos actuales, hay otras opciones estratégicas que tienen más posibilidades de ser implementadas.
El 18 de diciembre de 2021, la Asamblea de la Resistencia Cubana, una coalición de organizaciones cubanas del exilio y de la oposición, redactó un conjunto de objetivos a seguir y tituló una Declaración del Taller de Acción y Trabajo por la Libertad de Cuba (Declaración). Esta formulación política, a pesar de su brevedad, encierra un enfoque integral para ayudar a que Cuba sea libre.
La Declaración se centra en nueve iniciativas que contribuirían en gran medida a la libertad de Cuba. Lo común de todas estas medidas no es solo asegurar la privación de recursos para frustrar el terrorismo de Estado y otros mecanismos de mantenimiento del régimen, sino que fusiona con ellas principios morales. Esto es fundamental. Los procesos de democratización exitosos que siguen a la liberación han demostrado que la institucionalización de los instrumentos de poder republicanos se apoya en una ética democrática válida.
El Partido Comunista de Cuba es señalado por ser, como afirma su legalismo, la entidad responsable de sostener la situación tiránica en Cuba. Su papel como “la fuerza guía y rectora de toda la sociedad y el Estado cubano” (artículo 5 de la Constitución comunista cubana) debe enfrentarse a la rendición de cuentas.
El régimen castrista ha recibido históricamente financiación, no solo de aliados como la antigua URSS y la Venezuela de Chávez-Maduro, sino también de instituciones democráticas públicas y privadas como la Unión Europea, el Club de París, el Club de Londres y otros organismos estatales, regionales e internacionales. Teniendo en cuenta su práctica inmoral de arrendar a los trabajadores cubanos y saquear el 75-92 % de sus salarios, una práctica neoesclavista que viola los convenios laborales internacionales, el comportamiento decente justifica el cese inmediato de la financiación del mal.
La PDO señaló que 387 presos ya han sido condenados, de los cuales 132 han sido acusados de “sedición”, que suele conllevar penas de 20 años a cadena perpetua. La mitad de los 32 menores condenados lo fueron por “sedición”. 137 presos procesados por cargos no relacionados con la sedición se enfrentan a penas de cárcel de más de 10 años. 107 de este grupo de presos políticos son mujeres.
