EL VENEZOLANO COLOMBIA | INFOBAE
Era la mañana del 11 de marzo de 2006 cuando Slobodan Milošević fue encontrado muerto en su celda de Scheveningen, La Haya. El serbio estaba confinado allí porque estaba siendo juzgado por el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia acusado de cometer crímenes contra la humanidad. Más de diez años como amo y señor de Serbia y Yugoslavia, Milošević había sido procesado por haber ordenado una implacable limpieza étnica en Croacia. Esperaba su juicio en el ocaso. El hombre que se creyó Josip Broz Tito -y que reunió el mismo poder que el veterano dictador- había tenido que rendirse y entregarse en abril de 2001.
Nicolás Maduro -heredero de Hugo Chávez-tragó saliva al conocer el pasado 3 de noviembre los próximos pasos de la Corte Penal Internacional, un tribunal también en La Haya similar al que apresó al serbio. Fue el propio fiscal Karim Khan quien le comunicó que la investigación por haber violado los derechos humanos de los venezolanos durante años avanzaba al siguiente nivel. Los nervios en Caracas son cada vez más evidentes. Esos nervios son diametralmente opuestos a la esperanza que guarda gran parte del pueblo sometido. Ver a Maduro -y a varios de sus jerarcas, Milošević no cayó solo-desfilar por La Haya sería considerado un acto de justicia y consuelo para millones.
La novedad sobre el avance del caso se avisó en semanas poco amigables para el Palacio de Miraflores: es que por un lado, un anaranjado Alex Saab cavila cuánto abrir el grifo de su memoria antes de purgar 40 años en la sombra; por otro, el diálogo cortado con la oposición y unas elecciones en las que nadie confía; y por último seis (¿o siete?) rehenes que queman, y cuya situación procesal no adornan las notas que toma Khan.
Los seis rehenes son los ejecutivos de CITGO que el régimen de Maduro volvió a encerrar en los rincones del Helicoide del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional(SEBIN). Están allí recluidos como respuesta a la extradición del próspero empresario colombiano a los Estados Unidos el pasado 16 de octubre. Lo hizo de manera implacable, sin que mediara un documento de notificación a sus abogados y apenas horas después de que Saab llegara a la Florida. Ellos son: José Pereira, los hermanos Alirio y José Zambrano, Tomeu Vadell Recalde, Jorge Luis Toledo Kohury y Gustavo Adolfo Cárdenas Cardona.
Habría una séptima rehén: para algunos, Camilla Fabri -esposa del colombiano- es moneda de cambio y parte de la negociación para que el testaferro no confiese la amazónica corrupción chavista.
La situación de los “6 de CITGO” -como se lo conoce a los ejecutivos de la petrolera de capitales norteamericanos- es delicada. Con problemas de salud y escaso contacto con sus abogados defensores, permanecen en uno de los centros de detención más nefastos del régimen, donde el COVID-19 genera estragos entre la población carcelaria. “Recién este miércoles los pude ver 15 minutos desde que los detuvieron hace casi tres semanas, el pasado 16 de octubre, sin orden judicial”, cuenta María Alejandra Poleo, representante legal de los hermanos Zambrano y de Pereira.
“Están presos como retaliación política, son usados como moneda de cambio por el gobierno de Nicolás Maduro por Alex Saab. Su detención no está sustentada bajo bases legales. Los delitos que se les imputan se cometieron antes de que ellos llegaran a ocupar sus direcciones. No formaban parte de la Junta Directiva” de CITGO, explicó Poleo a Infobae. “Esto es un chantaje”, dice convencida.
Todos ellos tienen ciudadanía norteamericana y sus familias viven en los Estados Unidos. Washington ya exigió a Miraflores su liberación sin suerte.
“No tenemos respuesta a nuestros recursos. Hace un año que la justicia no responde ningún tipo de solicitud de la defensa. La fiscalía es parte de esta farsa. Aquí no hay división de poderes. Son presos políticos. Están detenidos simplemente por ser ciudadanos norteamericanos”, dice. Poleo es consultada respecto a si sus clientes sufrieron tormentos, teniendo en cuenta la fama del Helicoide: “No fueron torturados físicamente, pero que te lleven y traigan cuando quieran constituye otro tipo de tortura”. “Están solos aquí, no tienen nada, solo unos pocos parientes que les traen, cuando pueden, algo de comida y ropa”, narra la letrada.
Poleo cree que luego de la visita del fiscal de la Corte Penal Internacional sería “un acto de buena voluntad mostrar que quieren enmendar errores”. Podría ser una oportunidad para exhibirse ante el mundo como dispuestos a colaborar. Sólo Maduro y su círculo más próximo sabe hasta cuánto los retendrán como rehenes.
En este contexto de rehenes y posibles arrepentidos, se esperan elecciones en Venezuela. “Elecciones”. El régimen ha intervenido en los partidos para imponer sus delegados y candidatos y así mostrar al mundo que técnicamente no habrá fraude, es decir, nadie cambiará urnas o papeletas. Es difícil saber hasta qué profundidad se embarrará por Maduro el Alto Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Josep Borrell, quien decidió enviar observadores a mirar el desarrollo de los comicios. De nuevo: no podrán descubrir ese día las trampas que se cometieron mucho antes.
“La voluntad del pueblo no se expresará en estas elecciones. La población opositora entiende que es un proceso complementario, no es el centro”, señala Freddy Guevara. El coordinador nacional de Voluntad Popular supone que la esperanza del pueblo venezolano está en las noticias más recientes: el avance de la CPI. “Lo de la Corte Penal Internacional es esperanza de justicia entre la gente”, asegura. Por fin, creen muchos, el mundo será inapelable y sabrá qué ocurrió en los últimos años en Venezuela.
El factor Borrell y su papel previo a los comicios aparece en la conversación del dirigente con Infobae: “Si la Unión Europea dice que ya hay un fraude por el secuestro que el régimen hace de los partidos, habrá servido mucho para la democracia. Pero si esa misión ignora esto y se concentra en aspectos técnicos…”, concluye Guevara.
Ya lejos de la especulación opositora, personal del área castrense piensa que en lugar de representar una pesada piedra, la decisión de Karim Khan podría configurar una oportunidad. “Una salida, un puente”, dice brevemente un coronel en actividad en completo anonimato. “Esto coloca a Maduro en una situación de necesaria negociación. Tiene la necesidad de buscar un acuerdo”, agrega.
Son muchos los que quieren hacer entrar a Maduro en razones. Por el momento parecen no tener la suerte de su lado. Mostrarse abiertamente colaborativo con la Corte Penal Internacional (y soportar las consecuencias), liberar y enviar a los Estados Unidos a los seis rehenes de CITGO y retomar el diálogo (absolutamente cortado) con la oposición mejoraría su debilitada situación al menos un poco.
El dictador, en cambio, se refugia en una penosa lógica latinoamericana: creer que la división de poderes no existe y que la presión política y la extorsión permitirán modificar el parecer de un juez de Florida. A todo esto, ¿Saab confiará en esta última estrategia?