Nicolás Maduro se enfrenta a una investigación histórica de la Corte Penal Internacional por presuntos crímenes de lesa humanidad. La semana pasada, el fiscal de la CPI, Karim Khan, anunció la apertura de la investigación formal sobre las denuncias de tortura y ejecuciones extrajudiciales cometidas por las fuerzas de seguridad del régimen encabezado por el sucesor de Chávez. Es la primera vez que un gobernante de América Latina se enfrenta al escrutinio de posibles crímenes de lesa humanidad por parte de este Tribunal.
La apertura de la investigación fue anunciada por el fiscal jefe de la CPI junto a Maduro el pasado miércoles, al final de su viaje de tres días a Caracas.
En esa ocasión, afirmó el británico Karim Khan ser consciente de las «confrontaciones» políticas y las «divisiones geopolíticas» que existen en Venezuela. Asimismo, indicó que su trabajo era defender los principios de la legalidad y el Estado de Derecho, mas no ajustar cuentas. En consecuencia, pidió a todo el mundo que ahora, mientras avanza en esta nueva etapa, le den a su oficina el espacio para hacer su trabajo. Así que «verá con malos ojos cualquier intento de politizar el trabajo independiente de su oficina».
Recordemos que el período de investigación en cuestión incluye los actos cometidos por el Comando Antigolpe, como parte de los ataques sistemáticos contra la población civil que protestaba contra el régimen en 2017 –asesinatos, detenciones arbitrarias y tortura– que respondían a una política de Estado. La línea de mando a ser juzgada es: Nicolás Maduro, Tarek el Aissami, Diosdado Cabello, Vladimir Padrino López, Néstor Reverol y Gustavo González.
Además, cuando anunció la creación de dicho comando, el líder del PSUV dijo que se establecían subcomandos en las 24 entidades federales de Venezuela con la participación de la FANB, las fuerzas policiales, el gobierno central «y de todas las fuerzas patrióticas y revolucionarias del país».
En la fase de investigación ante la Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI, se determinan los responsables de los crímenes de lesa humanidad y enjuiciamiento con las respectivas órdenes de detención internacional, si fuese el caso.
Los hechos conducen a Maduro como el principal autor mediato y en muchos casos directo. Buscará relevar su responsabilidad entregando a los militares y policías al mando de los órganos represivos. Pero no le servirá.
El bombardeo y tiroteo al comisario del Cicpc Óscar Pérez y su grupo, en lo que se conoce como la Masacre de El Junquito, cuando ya se habían rendido y la posterior ejecución con tiros de gracia, harán difícil no sentar en el banquillo de los acusados al exsindicalista del Metro de Caracas.
Asimismo, sucede con la orden que dio de activar el Plan Zamora. El Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada que sigue en la cadena de mando la cumplió. El ministro de la Defensa autorizó, a través del comandante en jefe, el uso de la justicia militar para perseguir y castigar a la disidencia política. Un acto que no corresponde porque no se cometían crímenes tipificados en el código militar.
Tomará tiempo juzgarlo por la brutal represión ordenada incluso desde antes, en 2014, durante las manifestaciones en contra del gobierno, y usará todos los mecanismos legales para retardar ese momento.
Sin embargo, su lapso usurpando el poder en Venezuela tiene fecha de vencimiento al iniciar la Fase de Investigación la CPI, por la conculcación de los derechos humanos de forma sistemática desde que heredó la presidencia de manos de Hugo Chávez. Cabe recordar que el enfermo terminal tomó la decisión de nombrarlo su sucesor por recomendación de la élite castrista y es su compromiso de mantener económicamente a la isla uno de los motivos por los cuales Maduro se aferra al poder.
Por lo tanto, el KarimKhanazo que sucedió el 3N será para el chavomadurismo lo que para la democracia adeco-copeyana fue el Caracazo del 27F. “El lunar más feo que tiene la democracia con respecto a los derechos humanos. Fue un escándalo que una democracia tuviera fosas comunes. La respuesta del Estado democrático [en 1989] fue lenta, desproporcionada y brutal. Murieron 500 personas”. [Alonso Moleiro, La nación incivil 2021].
El Caracazo destruyó el fervor popular por la democracia en Venezuela, consolidando el discurso de la antipolítica contra su clase dirigente. Y dio origen a la crisis que sacó del poder al presidente Carlos Andrés Pérez (1989-1993).
El KarimKhanazo sacará también a Maduro de Miraflores. La única forma que no lo haga es que, en México, los factores democráticos acuerden con el régimen adoptar la justicia transicional como respuesta a las violaciones sistemáticas o generalizadas de los derechos humanos ejecutadas por la cúpula del cabellomadurismo.
Es el momento de salir de nuevo a protestar con fuerza para exigir la liberación de todos los presos políticos, la renuncia de Maduro y la elección presidencial y parlamentaria.
Por ejemplo, las grandes movilizaciones populares encabezadas por Alfredo Ramos en Barquisimeto y Manuel Rosales en el Zulia indican que en su mayoría el pueblo está hastiado de la cúpula que tiene secuestrado el poder. Son estas manifestaciones de “Fuera Maduro, elecciones presidenciales ya” y “Rescatemos el Zulia de la destrucción y el abandono” las que permiten el asedio a Maduro para lograr su salida. Porque el KarimKhanazo pondrá a prueba la lealtad de los altos mandos que hasta ahora fueron sus cómplices. Saben que si reprimen a la población, si les violan los derechos humanos, van a ser encausados por crímenes de lesa humanidad y nadie los salvará.
En ese momento el jefe del PSUV, que ha estado más ocupado este año en adelantar la Navidad, repetirá la experiencia de Chávez en 2002, cuando pidió activar el Plan Ávila y la Fuerza Armada le dio la espalda, lo que originó su renuncia.
Por lo tanto, el KarimKhanazo obliga a establecer en México la hoja de ruta del fin de Maduro en el poder. Lo contrario tendrá consecuencias irreparables para la restitución de la democracia en Venezuela.
