EL VENEZOLANO COLOMBIA
Un grupo de 848 personas emprendió este domingo el viaje de regreso a sus casas en zonas rurales del departamento colombiano de Antioquia (noroeste) tras huir el mes pasado a la cabecera municipal de Ituango debido a la violencia y las amenazas de disidencias de las FARC.
«Han tomado la decisión 10 veredas (aldeas) del municipio de Ituango de regresar al sitio del que nunca debieron haber salido. 466 familias, 848 personas, tomaron la decisión de volver a su vereda donde tienen su huerta campesina, su proyecto productivo», expresó el director territorial de la Unidad para las Víctimas en Antioquia, Wilson Córdoba.
En total, hasta la semana pasada, eran 4.041 personas de 1.675 familias que se acomodan como pueden en siete escuelas y colegios de Ituango que, por necesidad, se han transformado en improvisados albergues para recibir a los desplazados que huyen de sus tierras por las amenazas que les hacen las disidencias de las FARC.
Los campesinos también huyen de los enfrentamientos entre las disidencias de las FARC con miembros del Clan del Golfo —la mayor banda criminal del país— que se disputan el control de un territorio en donde hay siembras de coca y minería ilegal, que según el Gobierno colombiano son el principal combustible de la violencia que azota a esta parte de Colombia.
El territorio ha ganado importancia para los grupos armados ilegales porque permite la conexión de los departamentos de Antioquia, del que hace parte Ituango; Córdoba y Chocó, y también porque permite la salida al Pacífico y al Atlántico.
REGRESO VOLUNTARIO
El gobernador de Antioquia, Luis Fernando Suárez, aseguró que los campesinos, que regresan a sus tierras en autobuses escalera, lo están haciendo de forma voluntaria y que no hay presión de ningún tipo por parte de las autoridades.
«Solo los líderes, lideresas y las comunidades son los que definen las condiciones para regresar a sus viviendas, a sus parcelas. Nuestra responsabilidad es dar las garantías de seguridad y las condiciones que ellos consideren necesarias para que puedan regresar», expresó.
Agregó que desde la Gobernación se analizan las condiciones que ellos piden para volver, que es principalmente una mayor presencia de la fuerza pública en esos territorios montañosos del noroeste de Colombia.
«La Gobernación acompañará de manera subsidiaria los recursos que se necesiten para el regreso de estas familias cuando ellos necesiten hacerlo», aseveró Suárez.
CULPAN AL ESTADO
Isabel Zuleta, que hace parte del Movimiento Ríos Vivos de Colombia, culpó la semana pasada al Estado colombiano de los desplazamientos y le pidió tomar acciones urgentes para solucionar la problemática que, según dijo, «no es nueva».
«Los grandes responsables del desplazamiento hoy no son los grupos criminales, es el Estado colombiano. El Estado colombiano es el responsable de las 4.000 personas que están perdiendo su patrimonio, que están perdiendo sus bienes, que se están empobreciendo cada días más a causa de un delito de lesa humanidad (desplazamiento forzado)», dijo Zuleta en una rueda de prensa.
