Después de veinte años, la directiva de Fedecámaras en su 77° Asamblea Anual acabó mostrando su alineación con el régimen de Nicolás Maduro, que está señalado internacionalmente por crímenes de lesa humanidad. Un proceso que se inició el pasado mes de enero, cuando Jorge Rodríguez, presidente de la AN chavista, y el diputado Nicolás Ernesto Maduro Guerra, entre otros, se reunieron con los directivos de los gremios de empresarios e industriales cuando el Poder Legislativo creó la Comisión para el Diálogo, la Reconciliación y la Paz. Un nombre que, cabe acotar, más que esperanzas ha generado suspicacias.
En esta ocasión, la asistencia de Delcy Rodríguez, vicepresidenta y ministra encargada de Economía y Finanzas del régimen, aseguró la incorporación de Fedecámaras al blanqueo del segundo mandato del heredero de Hugo Chávez, al abogar el organismo empresarial por las elecciones del 21 de noviembre y el fin de las sanciones económicas estadounidenses. De hecho, esta semana el expresidente de la federación, Ricardo Cusanno, se encuentra en Washington junto con otros voceros para cumplir con esta misión.
El nuevo ambiente de negocios entre el régimen y los empresarios busca retornar a la repartición de la renta petrolera, con base en el secreto de la ley antibloqueo que anula el Estado de Derecho y los controles democráticos constitucionales –la normativa es un intento por legalizar cualquier tipo de decisión unilateral, sin contraloría ni transparencia, en medio de una crisis social y económica de origen político e institucional–.
¿LA SOLUCIÓN ES LA LEGITIMACIÓN DE PODERES?
Vemos entonces que hasta ahora todas las soluciones a la crisis multidimensional de Venezuela apuntan a la legitimación de los poderes Ejecutivo y Legislativo para que la inversión foránea y multilateral regresen al país.
Las políticas económicas del chavomadurismo arruinaron los medios de producción en manos del Estado y el sector privado, lo que causó la destrucción del PIB.
Los últimos 8 años han sido tan graves que con un crecimiento de 5% por año –según la Cepal la estimación de crecimiento regional para 2021 será de 5,2%, producto de un rebote que no asegura una expansión sostenida–Venezuela requerirá 40 años para volver a tener los 320.000 millones de dólares de PIB que obtuvo en 2012.
Así que alinearse –¿o acostarse?, decida usted querido lector– con el madurismo tiene como intención tener acceso a los dólares de la renta petrolera, garantizar la importación de bienes para las CLAP y abrir las puertas a la ayuda humanitaria. También buscan participar, como la contraparte local, en la privatización de los bienes que confiscó y expropió el régimen chavista durante el período 2002-2012 al sector privado nacional e internacional, respectivamente.
¿Y LA PRODUCCIÓN PETROLERA?
El derroche de más de 1 billón de dólares entre bolichicos, enchufados y grupos como el de Saab-Pulido, durante las últimas 2 décadas, es parte de la motivación de algunos directivos de Fedecámaras. Creen que al blanquear la gestión de Maduro y compañía están abonando el terreno para entrar en el reparto del pastel de la renta petrolera, cuando los futuros escenarios prevén un barril por encima de 100 dólares en 2023. Unos ingresos que estarían en el orden de 60.000 millones de dólares por el concepto de exportaciones petroleras para los próximos 3 años.
Pensar que el madurismo busca una perestroika para reconstruir el país es erróneo. No debemos escuchar los cantos de sirena de Delcy Rodríguez en la Asamblea Anual de Fedecámaras: “El Consejo Nacional de Economía Productiva llevará a la transformación del modelo económico de la renta petrolera… Este es el camino: la participación de los sectores económicos privados para desarrollar las altas potencialidades productivas que tiene Venezuela”. Pero mientras la vicepresidenta habla de un mundo ideal, de entendimiento, de respeto, hay que tener presente que la intención de la corporación criminal transnacional instalada en Miraflores es atornillarse en el poder después de las elecciones del 21N.
Y más pronto que tarde volverá a arremeter contra los emprendedores de Fedecámaras porque representan un mal ejemplo a lo que propone la agenda política del socialismo el siglo XXI.
Como señaló Marx en el Prólogo a la Contribución a la crítica de la economía política:
“El conjunto de las relaciones de producción constituye la estructura económica de la sociedad, la base real, sobre la cual se eleva una superestructura jurídica y política y a la que corresponden formas sociales determinadas de conciencia”.
En el caso del socialismo del siglo XXI hablamos de una sociedad sin libertad, pero el régimen de Maduro pareciera estar jugando sus mejores cartas para ser de una vez por todas reconocido como legítimo por la comunidad internacional –principalmente la Unión Europea y Estados Unidos–. Y Fedecámaras (algunos directivos, no todos) es uno de los bastiones para lograrlo. ¡Amanecerá y veremos!
