EL VENEZOLANO COLOMBIA | fundaredes.org
Juan García, coordinador de FundaRedes por el estado Apure, denunció formalmente ante la Defensoría del Pueblo que aproximadamente 200 árboles de la especie Samán han sido destrozados para financiar a los grupos armados irregulares que operan en estas zonas.
Según dijo García, la tala se hace para generar los terrenos donde se construyen pistas clandestinas para sus actividades criminales.
En el municipio Achaguas existe una grave deforestación de árboles de Samán, ya que la madera es comercializada para obtener recursos económicos para los grupos armados irregulares, aseguró García, al tiempo que dijo que las autoridades tienen información de este delito ambiental.
“Los cortes de madera se vienen haciendo de manera abierta, esta es trasladada a diferentes estados del país, atravesando varias alcabalas y puntos de control de diversos organismos de seguridad del Estado sin ningún tipo de restricciones”, expresó el coordinador de FundaRedes.
CRIMEN AMBIENTAL
Los cortes de madera de Samán están prohibidos en Venezuela desde hace muchos años, solo otorgándose cortes y aprovechamiento de algunos árboles en casos especiales, sin embargo, esta práctica se ha convertido en algo común, generalmente para los grupos terroristas que operan en la zona.
Juan García acotó que esta actuación constituye un crimen ambiental, ya que estos ejemplares de Samán tienen características particulares como el tiempo para lograr su máximo crecimiento, además de los beneficios que le brinda a los ecosistemas en las aéreas donde se encuentran.
“Las organizaciones criminales como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las Fuerzas Bolivarianas de Liberación (FBL) son quienes operan en estas tierras poniendo en riesgo al ambiente y a las comunidades cercanas. Las autoridades del Ministerio de Ambiente y del Ministerio Público, no toman acciones inmediatas, ya que este delito tiene atribuciones para privar de libertad en flagrancia” indicó García.
Esta situación, aseguró el representante de la ONG, causa daños irreparables al ambiente y a las comunidades establecidas en regiones cercanas, ya que no solo deben padecer por los daños que se hacen a la naturaleza, sino que también deben vincularse con los grupos irregulares que operan en la zona.
