EL VENEZOLANO COLOMBIA | LA SILLA VACÍA
En los últimos 5 años Colombia se ha convertido en el país que alberga el mayor número de migrantes venezolanos en el mundo. Pasó de registrar cerca de 100 mil ciudadanos de Venezuela a 1,7 millones a finales de 2020 y, actualmente, Migración Colombia estima que la cifra puede alcanzar cerca de 2 millones de personas. Esta migración masiva, nunca vista en la historia del país, ha generado diferentes reacciones: desde nuevos marcos legales para garantizar sus derechos, hasta reacciones xenófobas por parte de mandatarios locales.
Desde que comenzó la pandemia y hasta los días de hoy, la migración venezolana ha tomado protagonismo por dos razones diferentes. Primero, desde el pasado primero de marzo comenzó a regir el Estatuto de Protección para migrantes venezolanos, que les permitirá a los ciudadanos del país vecino que residan en Colombia acceder a derechos que hasta hace muy poco eran negados (como la salud y la educación). El estatuto tendrá una vigencia de 10 años y beneficiaría a cerca de un millón de migrantes que, según Migración Colombia, están en el país en condición irregular.
En segundo lugar, las declaraciones sobre la migración en medios de comunicación por parte de Claudia López, alcaldesa de Bogotá, han reforzado un estigma frente a la población migrante venezolana por la relación que ella ha sugerido entre los actos criminales más sonados en la ciudad y el incremento de ciudadanos venezolanos en la capital (al finalizar 2020, según Migración Colombia, Bogotá hospedaba a 337.594 venezolanos). No obstante, según las estadísticas de capturas por hechos delincuenciales de la Secretaría de Seguridad de Bogotá, los migrantes han estado asociados al 1 por ciento de los crímenes registrados en 2018, 2019 y 2020.
Teniendo en cuenta esta coyuntura, en el Centro ODS para América Latina de la Universidad de los Andes (Cods) hablamos con Michael Weintraub, profesor asociado de la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes y PhD en Gobierno de la Universidad de Georgetown en Estados Unidos, y quien ha centrado su investigación en temas de seguridad, violencia, conflicto armado y políticas públicas. Además, Weintraub escribió recientemente un capítulo sobre migración y seguridad ciudadana para el proyecto «Comunidad Venezuela, una agenda de investigación y acción local» del Centro ODS y el Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo (Idrc).
Profesor, ¿cómo lee usted la coyuntura de la migración venezolana en Colombia?
Hasta ahora sabemos que más de 5 millones de personas venezolanas han salido en los últimos años de su país, de los cuales el 70 por ciento hacia países como Perú, Chile, Colombia y Ecuador. Este éxodo de migrantes es de similar magnitud al que se ha presentado en Siria, en donde 5,5 millones de personas han huido de la guerra civil. Lo primero que hay que decir es que es una crisis sin precedentes y cuando la juntas con una pandemia, los retos en los países receptores son aun mayores. Desde Venezuela, la inflación continúa, lo mismo que la violencia estatal y la falta de representación política para grandes segmentos de la población. Eso empuja cada vez a más personas a salir de su país.
En Venezuela se han presentado varias fases de la migración. Al comienzo, la mayoría de los ciudadanos se fueron para Estados Unidos.
¿Qué sabemos de los ciudadanos venezolanos en Colombia? ¿Cuáles son sus necesidades?
En efecto, la primera fase de la migración fue de personas con altos recursos que a veces ni siquiera se iban del todo del país sino que estaban entre su lugar de origen y de residencia. Después, en otra fase, estaban personas de un mercado laboral más calificado: médicos, ingenieros o abogados, por ejemplo. En una tercera o cuarta fase migran las personas con menos recursos y que se demoraban en salir del país, también, por dificultades en el mercado laboral, la falta de contactos en el exterior, etc. Estas personas son las que suelen generar preocupación en los países receptores por imaginarios como «llegarán a quitar el trabajo» o «aumentará la inseguridad», etc.
La decisión de regularizar a los migrantes venezolanos por parte del Gobierno va en otra dirección a lo que se presume en ese imaginario que usted menciona…
Claro, porque hay que pensar en los efectos en un corto, mediano y largo plazo, tanto en el aspecto laboral como en el de seguridad. Lo que sabemos es que en un corto plazo la llegada de una población migrante sí puede generar algunos problemas en el mercado laboral, especialmente si hablamos de mano de obra no tan calificada. En esos casos, un migrante puede hacer lo mismo que un trabajador colombiano por un precio menor. No obstante, ese problema suele ajustarse en un mediano y largo plazo.
Regularizar la migración, como lo han demostrado diferentes estudios en Europa y Estados Unidos, tiene beneficios económicos muy grandes. Una vez la situación de permanencia está resuelta se puede gravar a esa población con impuestos, además, la migración suele aumentar la innovación económica y tecnológica —por ejemplo, incrementando el número de patentes— y suele tener un efecto muy positivo en el sector privado.
En cuanto a la seguridad, que es mi tema central de investigación, lo primero que habría que hacer es diferenciar la percepción de inseguridad y la participación real de esa población en la comisión del delito.
¿Qué dice la evidencia?
Uno de mis estudiantes, Juan Sebastián Franco Mora, encontró que no hubo incremento en delitos violentos a causa de la migración venezolana en Colombia. Parece que hay un incremento leve sobre crímenes contra la propiedad, pero esos resultados estadísticos no son muy estables.
Por otro lado, una investigación reciente de Ana María Tribín y Brian Knight demuestra que cualquier aumento de homicidios que se ve en la frontera entre Colombia y Venezuela —a causa de la migración venezolana— se debe más a venezolanos como víctimas de homicidios y no como victimarios. Entonces, no hay evidencia contundente de que la llegada de venezolanos a Colombia haya aumentado de forma significativa los delitos.
Ahora, lo que sí ha aumentado es la percepción de inseguridad y por eso hay que separar esos dos mundos. El hecho de que yo sienta miedo por ver a alguien que no conozco o el hecho de que hoy en día vea a más personas pidiendo dinero en la calle no quiere decir que esté aumentando la inseguridad por la llegada de migrantes venezolanos a Colombia. Y por supuesto, estoy 100 por ciento de acuerdo con el plan de formalizar y garantizar los derechos de la población venezolana y me opongo a cualquier sugerencia que señale que la población venezolana es una fuente de inseguridad o que representa una amenaza. En Colombia deberíamos ser solidarios con una población que, como la colombiana, huyó de su país buscando un refugio en Venezuela, como sucedió hace 20 años.
¿Cómo puede incidir la pandemia en términos de seguridad?
Ya han surgido algunas tensiones por la ayuda humanitaria para la población venezolana y colombiana vulnerable…
El modelo clásico del crimen señala que si uno baja los costos de oportunidad para cometer delitos, aumenta la comisión del delito. Una persona que está desempleada, por ejemplo, tiene costos de oportunidad más bajos que una persona con trabajo y así aumenta la probabilidad de que cometa un delito. Por eso, cualquier propuesta para mejorar la calidad de vida de ese sector de la población es bienvenida.
Cuando hay choques económicos o recesiones es natural ver un aumento en el crimen (a veces unos casos más leves que otros), pero aquí no solo tenemos un choque económico sino cuarentenas y confinamientos que han tenido diversos efectos sobre el comportamiento delictivo. Por solo mencionar un ejemplo: la Policía hoy debe estar concentrada no solo en prevenir el crimen sino en verificar si la gente usa tapabocas, si está respetando el pico y cédula, entre otras. Todo esto implica menos atención frente la disuasión del crimen y su debida investigación.
Es claro que con los confinamientos prolongados ha aumentado el desempleo y ha sido un tiempo muy difícil para el sector informal. Al tener más personas que hoy en día no tienen cómo ganarse la vida, lo que el Estado debería hacer es buscar satisfacer las necesidades básicas, por ejemplo, creando un sistema de protección social que ayude a las familias a salir de ese espiral de efectos negativos que trae la pandemia, comenzando por no tener que salir y contagiarse. Los programas de transferencias monetarias, por ejemplo, son buenos porque permiten que las personas puedan contar con un ingreso básico para subsistir.
Profesor, cuéntenos un poco sobre las conclusiones de su artículo para el proyecto Venezuela 2030…
Con Juan Sebastián Franco Mora estudiamos el tema de la migración y la seguridad ciudadana en los principales países receptores de venezolanos, analizando también la percepción ciudadana. Examinamos encuestas y datos en Ecuador, Perú, Colombia y Chile y encontramos una percepción exagerada de la participación de venezolanos en el crimen. En todos estos países, la mayoría de los ciudadanos asocian la llegada de venezolanos con inseguridad, violencia y desempleo. No obstante, cuando miramos estudios recientes no encontramos ninguna relación significativa entre la llegada de migrantes y los niveles del crimen.
Como ya mencioné, en el caso de Colombia no encontramos mayores efectos de la llegada de migrantes en los crímenes, quizás un aumento leve en los crímenes a la propiedad o un incremento de homicidios en las áreas cercanas a la frontera, pero en este último caso la mayoría de víctimas son justamente ciudadanos venezolanos. Ese tema, el de la instrumentalización y victimización de migrantes venezolanos, es lo que realmente nos preocupa por la condición de vulnerabilidad en la que están y cómo muchos actores, entre ellos los armados, se han aprovechado de esta situación.
Históricamente Colombia ha sido un país muy cerrado a las migraciones.
¿Cómo enfrentar un fenómeno tan novedoso y con las condiciones de violencia como las que vive el país?
En Colombia veo una resistencia a interactuar con las personas venezolanas que están llegando. El bogotano en promedio, por ejemplo, ve a las personas venezolanas que están pidiendo ayuda en la calle y eso le genera unos imaginarios sobre lo que quiere esa persona, sobre lo que podría hacer, y esa falta de contacto en espacios cotidianos es grave. Por otro lado, en efecto, la institucionalidad para los migrantes en Colombia todavía no está bien desarrollada y eso se percibe fácilmente en todos los trámites y en la atención que reciben.
Frente a la segunda parte de tu pregunta, los cambios abruptos de la violencia en Colombia pueden generar problemas para los migrantes, como mayor victimización e instrumentalización por su condición de vulnerabilidad. Cuando uno junta las necesidades de los migrantes y una xenofobia por parte de cierta población, la victimización crece. A mí me preocupa más el colombiano que cometa delitos contra venezolanos por su situación de vulnerabilidad comparado con la persona de Venezuela que pueda llegar a cometer un delito.
En la frontera ya se han visto casos de reclutamiento a jóvenes venezolanos por parte de grupos armados, incluso algunos de ellos trabajan como «raspachines» en el Catatumbo…
Muchos de los retos que enfrenta el Estado colombiano tienen que ver con sus mismos problemas internos. Es claro, y principalmente ahora en pandemia, que las necesidades para la población colombiana y migrante venezolana son muy grandes. Hoy tenemos bares y restaurantes abiertos, pero colegios cerrados, lo que —por ejemplo— afecta a miles de niños colombianos y venezolanos en una situación vulnerable. Digamos, ahora es evidente cómo se niegan diferentes derechos a los migrantes venezolanos, generando una doble victimización.
¿Esa puede ser una de las razones por las que un porcentaje de la población migrante está regresando a Venezuela?
Migración Colombia ha señalado que, mensualmente, el porcentaje de venezolanos radicados en el país disminuye en promedio un 1,16 por ciento….
Honestamente, no sé. Todavía no está muy claro que haya un regreso importante de venezolanos a su país, lo que sabemos es que hay una población flotante muy grande. Por ahora no hay datos tan confiables sobre el número de personas que han regresado a Venezuela en el último año y en todo caso si existieran no sé qué tan precisos serían por lo mismo que decía: la población flotante es muy grande y la frontera es muy porosa, entonces pueden ingresar y salir sin rastrear bien sus movimientos.
En los últimos años usted ha estudiado el tema de la seguridad ciudadana. ¿Cómo han cambiado las dinámicas de seguridad con la pandemia?
En los primeros meses de la cuarentena hubo un cambio en el comportamiento delictivo, una suerte de «congelamiento del crimen», como dijo el director de la Policía. Eso cambió cuando se reactivaron los sectores de la economía formal. Por ejemplo, en septiembre y octubre se disparó la tasa de homicidios en Cali y después bajó. Por otro lado, se ha presentado un reajuste en las economías ilegales. La demanda de sustancias psicoactivas con la cuarentena creció mucho: estar en casa, aburrido es una condición propicia para que muchas personas consuman sustancias. El envío internacional de drogas ha continuado, pero también es cierto que la extorsión ha disminuido porque los grupos armados no tienen cómo cobrar sus vacunas en muchos lugares. Y al no poder exigir esos pagos están buscando otras actividades delictivas para sustituir o complementar sus ingresos. Estamos en un periodo de transición y todavía no tenemos mucha certeza sobre cómo va a cambiar la criminalidad después de la pandemia. Mucho, por supuesto, depende de cómo se recompone la actividad económica en el sector lícito.
En cuanto a la seguridad ciudadana, en los medios hubo varios reportes sobre tiroteos, robos en la calle con armas de fuego. Existe cierta sensación de alarma por la inseguridad…
Aquí es cuando se debe diferenciar la percepción de inseguridad con lo que realmente está pasando. En Bogotá hubo una caída del 6 por ciento en el número de homicidios, pero está disparada la percepción de inseguridad y la gente se siente insegura en las calles. Una medida que han tomado diferentes alcaldes es prohibir el parrillero hombre en moto, algo que está comprobado que no ayuda a mejorar las estadísticas sobre el crimen pero que genera una percepción de seguridad en la ciudadanía. No voy a desconocer que vivimos en un país peligroso, con altas tasas de homicidios, pero en los últimos 10 años la situación ha mejorado bastante.
Esta entrevista hace parte del proyecto Venezuela 2030, del Centro ODS y el Idrc. Para conocer más sobre las investigaciones que se adelantaron sobre Venezuela, haga clic aquí.
