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Los combates no se detienen al sur de Venezuela, en las riberas del río Arauca que marcan la frontera con Colombia. En el terreno ha habido fuego cruzado entre militares venezolanos y grupos irregulares, señalados como presuntas disidencias de las FARC. Han sobrevolado aviones, se han desplegado blindados, se han enviado tropas de refuerzo militares y también policiales de las cuestionadas Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Bolivariana. Este viernes 23 de abril se escucharon, otra vez, bombardeos en la zona, según Fundaredes, una ONG que ha documentado la presencia de grupos irregulares en la frontera.
Vladimir Padrino, el ministro de Defensa de Nicolás Maduro, ha contado ocho bajas en sus fuerzas y más de 34 soldados heridos por minas antipersona. También asegura que han matado a nueve irregulares, entre los cuales hay cuatro miembros de una familia que denuncia un ajusticiamiento desde el lado colombiano de la frontera. Caracas dice haber detenido a presuntos miembros del cartel mexicano de Sinaloa. También se suman dos periodistas y dos activistas detenidos durante 24 horas en un puesto militar venezolano y miles de desplazados por la violencia. En Colombia, en el pueblo fronterizo de Arauquita, más de 5.000 personas llenan albergues y hasta un campo de fútbol con carpas humanitarias.
Diálogo roto
Las históricamente tensas relaciones entre Venezuela y Colombia, cuya chispa se encendió en la era de Hugo Chávez y Álvaro Uribe, entraron en ebullición por los problemas fronterizos. Decenas de organizaciones no gubernamentales y miembros de la sociedad civil han exigido a las Naciones Unidas un enviado especial que sirva de vaso comunicante. “Colombia y Venezuela no pueden tomar los sucesos de Apure y Arauca como excusa para un escalamiento de tensiones”, señalaban hace unas semanas en un comunicado en el que hacen la petición de intervención al secretario general António Guterres, que hasta ahora no ha respondido públicamente.
El canciller venezolano, Jorge Arreaza, ha señalado a Colombia de “narcoestado” y también ha pedido la intermediación de Naciones Unidas para facilitar la comunicación binacional. “El territorio y la población en ese territorio colombiano no está bajo el control de ese Gobierno, por conveniencia, seguramente, pero allí en ese sector manda un grupo paramilitar, en atrio guerrillero; las autodefensas y el paramilitarismo y otras combinaciones con el denominador común de la industria del narcotráfico”, dijo en una rueda de prensa.
La vicepresidenta de Colombia, Marta Lucía Ramírez, respondió. “El régimen de Maduro representa una amenaza para la seguridad regional”, y reiteró la supuesta complicidad del régimen de Maduro con el narcotráfico, las disidencias de las FARC y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN). “Lo que estamos viviendo es una guerra entre mafiosos”, declaró, “el vecino incómodo en la región es la dictadura de Maduro”.
La Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, manifestó su preocupación “por el grave impacto de los enfrentamientos que han provocado que miles de residentes locales huyan de la zona a través de la frontera; por las denuncias de ejecuciones extrajudiciales y por la detención de periodistas y defensores de los derechos humanos”. Una misión de verificación internacional, conformada por delegados de Alemania, Brasil, Canadá, Francia y Reino Unido, junto con el ministro de Defensa colombiano, Diego Molano, visitó Arauquita, desbordado desde el 21 de marzo, cuando comenzaron los enfrentamientos. Mientras, el panorama es el de una peligrosa escalada. Desde Miraflores y la Casa de Nariño se acusan mutuamente de azuzar una confrontación militar.
Ruptura definitiva
La última vez que los presidentes de Venezuela y Colombia hablaron cara a cara fue el 11 de agosto de 2016. Juan Manuel Santos y Maduro, con sus equipos de gobierno, estuvieron sentados en el vestíbulo con vista al río Caroní del Club Macagua de Puerto Ordaz, en el estado Bolívar, en el sur de Venezuela. El encuentro sirvió para terminar con un atolladero de un año atrás, cuando Caracas decidió cerrar intempestivamente la frontera con la excusa de evitar el paso de supuestos paramilitares al lado venezolano. En esa operación militar se expulsaron a la fuerza a 20.000 colombianos residentes en el país y sus casas fueron marcadas con una D, para indicar que serían demolidas. En esos años, Venezuela participaba como garante en las negociaciones en La Habana para los acuerdos de paz entre el Estado colombiano y la guerrilla de las FARC, que se firmaron un mes después de ese encuentro.
Luego de esa cita aparentemente distendida, las tensiones crecieron hasta el quiebre de 2018, con el cambio de gobierno en Colombia y la crisis de legitimidad que desató la reelección de Maduro, desconocida por la comunidad internacional por presunto fraude, un punto de inflexión en la deriva autoritaria de Venezuela. En 2019, el respaldo de Iván Duque al interinato presidencial de Juan Guaidó —ambos se reunieron dos veces en persona— llevó a la ruptura definitiva de las relaciones bilaterales. Casi dos millones de venezolanos emigrados se quedaron entonces sin servicios consulares.
El conflicto binacional pasa por el tamiz de la prolongada crisis institucional de Venezuela. Maduro ha reducido su margen de interlocución diplomática, acusado de cometer violaciones de derechos humanos y de bloquear las negociaciones con la oposición. Duque difícilmente ceda en su veto al gobierno chavista. Es ahí donde la petición de intermediarios vuelve una y otra vez. “Sin cooperación entre Venezuela y Colombia, la situación en la frontera va a empeorar en el corto plazo, con consecuencias dramáticas para las poblaciones, corriéndose el riesgo de escalar en la confrontación”, advierten en un comunicado unas sesenta ONG colombianas y venezolanas y gente de la sociedad civil de ambos países.
Puentes cerrados
Más de cinco millones de personas viven a ambos lados de la frontera. Socorro Ramírez, exmiembro de la Comisión Presidencial de Integración y Asuntos Fronterizos Colombia-Venezuela (entre 2000 y 2018), y de la organización Puentes Ciudadanos, señala que la apertura de los siete pasos fronterizos —ahora también bloqueados por el cerco sanitario de la pandemia— debe ser el punto de partida para destrabar la crisis. Otro aspecto clave es la mediación. “Los buenos oficios de Naciones Unidas han existido en todos los conflictos”, señaló Ramírez esta semana en un foro organizado por International Crisis Group. Desde su punto de vista, existen mecanismos para intervenir en esta crisis sin tener que pasar por el Consejo de Seguridad, donde tienen más peso los factores geopolíticos.
El aumento de la violencia en la frontera tiene relación directa con el cierre de relaciones, insiste Ramírez, de la que se han beneficiado los grupos armados que controlan y sacan provecho de los pasos informales. La crisis fronteriza ha llevado al mínimo en 25 años el intercambio comercial formal entre las dos naciones, tras alcanzar en 2008 un máximo de 7.000 millones de dólares, según los datos de la Cámara de Integración Económica Colombo Venezolana. “No es posible que no exista ningún canal de comunicación en dos países con semejantes interacciones”, añadió Ramírez en el foro.
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