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El Grupo de Trabajo sobre la utilización de mercenarios acogió con beneplácito la decisión del gobierno entrante de Estados Unidos de dejar de utilizar los presidios federales de gestión privada, aunque consideró que no es suficiente porque deja fuera a personas que se encuentran en situación extremadamente vulnerable.
Por este motivo, los expertos en derechos humanos que integran el grupo exhortaron al gobierno del presidente Joe Biden a que también ponga fin a la subcontratación de todos los centros de detención, incluidos los que retienen a migrantes y solicitantes de asilo.
“Poner fin a la dependencia de las cárceles privadas para los presos federales es un paso alentador, pero se necesitan más acciones”, dijo Jelena Aparac, presidenta del Grupo de Trabajo.
Aparac explicó que dada la magnitud del encarcelamiento masivo que existe en Estados Unidos, la decisión anunciada beneficiará sólo a un porcentaje muy pequeño de presos federales que se encuentran recluidos en prisiones privadas, excluyendo específicamente “a las personas vulnerables recluidas en centros de asilo y migrantes que corren un riesgo particular de sufrir violaciones graves de derechos humanos”.
El 26 de enero pasado, una orden ejecutiva dispuso que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos no renovara sus contratos con doce centros de detención penales federales administrados por empresas privadas.
Los datos de la Oficina de Estadísticas de Justicia estadounidense indican que en 2019 había unos 116.000 prisioneros recluidos en instalaciones privadas, lo que representa cerca del 7% del total de prisioneros estatales y el 16% de los presos federales.
PRISIONES CON FINES DE LUCRO
Los expertos independientes conminaron a Estados Unidos a “eliminar todos los centros de detención con fines de lucro”, argumentando que las personas encerradas en ellos no deben convertirse en un beneficio económico.
El Grupo de Trabajo ha expresado sistemáticamente su preocupación por la subcontratación de funciones estatales inherentes, incluidas las cárceles y los centros de detención.
ABUSOS GRAVES A LOS MIGRANTES
Además, ha planteado repetidamente al gobierno estadounidense y a sus contratistas los estándares inadecuados y las violaciones graves de derechos humanos en los centros de detención de migrantes.
Entre esos abusos se cuentan las esterilizaciones involuntarias, los confinamientos en régimen de aislamiento y violaciones del derecho a la atención médica.
PODER ECONÓMICO E INFLUENCIA POLÍTICA
En su informe anual a la Asamblea General de la ONU de julio del año pasado, el Grupo advirtió que debido a su tamaño y poder económico, las empresas privadas de seguridad ejercen una influencia significativa en las decisiones normativas y de políticas de diferentes maneras, que van desde los debates en los pasillos del poder hasta las contribuciones a las campañas para la elección de cargos en los órganos parlamentarios u otros órganos decisorios o de otros cargos directivos.
Citó como ejemplo que a raíz de importantes presiones y contribuciones financieras de las empresas administradoras de los centros de detención, el Congreso de Estados Unidos había estado autorizando desde 2009 proyectos de ley de asignación presupuestaria que exigían a las autoridades competentes mantener una cuota diaria de camas (fijada en 34.000 para 2020) en los centros de detención de inmigrantes, independientemente del número real necesario.
Asimismo, señaló que la pandemia de COVID-19 confirmó las deficiencias flagrantes de los sistemas establecidos y reforzó la necesidad de adoptar medidas inmediatas, ya que debido a las condiciones deplorables existentes, muchos de esos centros estaban sumamente mal equipados para hacer frente a la emergencia.
Destacó también que la mayoría de las empresas privadas de seguridad tienen su sede en Norteamérica y Europa.
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