El quiebre del compromiso ecológico en el Acuerdo de Paris | Por: Pedro Pablo Alcántara

• La industria petrolera continúa sus derrames de crudo con sus impactos en amplias zonas marítimas, lacustres y fluviales, además de la quema de millones de metros de gas hacia la atmósfera

La ruptura con el compromiso ambiental por parte de quienes han destruido la institucionalidad en Venezuela, llegó a su apogeo con el llamado “Arco Minero”.

Primero desapareció el Ministerio del Ambiente. Este organismo pionero en el ordenamiento ambiental en América Latina y que contó con una ley penal de reconocida capacidad para enfrentar a los depredadores, hoy es “letra muerta”.

Desaparecida entonces la estructura protectora ambiental de los espacios venezolanos, sus funcionarios profesionales fueron sustituidos u obligados a emigrar y comenzó el festín. El ejecutivo modificó ABRAES y permitió talas ilegales en áreas boscosas, omitió deberes en la protección de Uverito, permitió que bosques sembrados por Conare fueran intervenidos y que Parques nacionales en áreas protegidas de reservas vegetales y acuíferas se intervinieran para que la destrucción ambiental se volviera indefendible.

La industria petrolera continúa sus derrames de crudo con sus impactos en amplias zonas marítimas, lacustres y fluviales, además de la quema de millones de metros de gas hacia la atmósfera.

LA DESTRUCCIÓN DEL ARCO MINERO

Capítulo aparte la intervención en el Parque Nacional El Avila, tanto en la zona de Galipan, como en las laderas desde San Bernardino hasta El Marqués. Allí se han denunciado la construcción ilegal de viviendas que los lugareños y caminantes señalan cómo propiedad de militares y civiles, calificados como “enchufados “ o “alacranes”.

El capítulo más horrendo de esta historia de destrucción y rapiña es el llamado “Arco Minero”.

Allí sociedades criminales con participación de irregulares extranjeros armados procedentes de Colombia y vinculados a sus guerrillas, es decir, ELN, FARC y bandoleros disidentes de ambas facciones en armonía con toda clase de elementos identificados con fuerzas armadas y policiales, planes, traficantes, gobernadores de estado y hasta aliados internacionales del régimen, cuenta con su propias “minas” y las explotan en aquelarre permanente con aventureros de toda laya.

Sonoros apellidos de la nomenclatura del poder se asocian a tales explotaciones ilegales y entre noticias de masacres y venderás, se horadan tierras ancestrales y se contaminan ríos tan importantes como el Cuyuni y sus afluentes con mercurio.

Sonoros apellidos de la nomenclatura del poder se asocian a tales explotaciones ilegales y entre noticias de masacres y venderás

Entretanto oficialmente somos miembros del Acuerdo de Paris y cómo signatarios se comprometió el país a cumplir con las normas derivadas del mismo, para disminuir el calentamiento y la emisión de gases para evitar que se superen los Dos grados de temperatura promedio y el calentamiento global ponga en jaque a la población mundial.

Mientras en nuestro país se destruye el ambiente, se incumple el Acuerdo mundial y quedan impunes las matanzas de mineros y en particular los atropellos a las etnias originales, el nuevo gobierno de los Estados Unidos regresa al Acuerdo y se compromete a cumplir su contenido.

¿Y qué hace la ONU? Muy poco o casi nada. Recientemente nos ha visitado una Relatora suya y olímpicamente ha ignorado tal agresión a los Derechos Ambientales, incluso los de las poblaciones afectadas por razones de salud. Victimas de la variada agresión ambiental.

El pais que posee uno de los mayores catálogos naturales de tierras y ambiente del planeta, se está quedando solo, en tan desigual batalla contra individuos armados e inescrupulosos protegidos por el Estado y las complicidades.

Sin embrago potentes voces en diversos países, tomando como evidencia el drama del “Arco Minero” en Venezuela, están dirigiéndose a la Corte Penal Internacional para solicitar que estos crímenes contra la naturaleza y la ciudadanía a partir de las perseguidas etnias originales, los trabajadores de la minería y los Derechos ambientales de la población, sean calificados como «delitos de lesa humanidad», lo cual apoyamos y desarrollaremos más extensamente en nuestro próximo artículo.

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