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La Conferencia Episcopal Venezolana (CEV) pidió este lunes a las autoridades de su país y a las de Trinidad y Tobago que respeten «íntegramente y sin discriminación de ningún tipo todos los derechos humanos» de los migrantes tras el naufragio en el que murieron 20 personas cuando iban a la república isleña.
Tanto Venezuela como Trinidad y Tobago «están obligadas a respetar íntegramente y sin discriminación de ningún tipo todos los derechos humanos de las personas migrantes, específicamente todos los deberes de prevención, investigación, sanción a los responsables, reparación integral de las violaciones a los derechos humanos y no discriminación», reza un comunicado de la CEV.
La Fiscalía venezolana elevó este lunes a 20 las muertes en el naufragio y aseguró que se encuentra investigando el hecho por delitos de tráfico y trata de personas, aunque la oposición defiende que se trata de emigrantes.
A través de un mensaje en Twitter, el fiscal Tarek William Saab informó sobre la cifra y la detención del venezolano Luis Alí Martínez, quien «sería el dueño» de la embarcación que naufragó.
Saab señaló que hay seis personas más relacionadas con el caso y solicitó una alerta roja de Interpol para el ciudadano venezolano Alberto del Valle Abreu Cedeño.
«INACEPTABLES» DECLARACIONES DE LAS AUTORIDADES
Sin embargo, la CEV calificó de «inaceptables e inadmisibles las declaraciones de las autoridades» de Venezuela y de Trinidad y Tobago «que están lejos de aceptar su responsabilidad y adoptar las medidas necesarias para la no repetición y la reparación integral de las violaciones a los derechos humanos de las personas migrantes».
Por contra, los obispos criticaron las «declaraciones de criminalización y desprestigio hacia los funcionarios internacionales de los órganos de protección y las organizaciones no gubernamentales que se ocupan de realizar trabajo humanitario con la población migrante venezolana, que es un grupo particularmente vulnerable respecto de sus derechos humanos y su situación humanitaria».
Por eso, llamaron «la atención sobre las obligaciones internacionales vinculantes» para los dos países que están recogidas en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, así como en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención de Ginebra de 1951 sobre el Estatuto del Refugiado.
En particular, apelaron a los principios fundamentales de no devolución y unidad familiar y el artículo 22 de la Convención sobre los Derechos del Niño
Ese artículo dice que los Estados deben adoptar «medidas adecuadas para lograr que el niño que trate de obtener el estatuto de refugiado o que sea considerado refugiado de conformidad con el derecho y los procedimientos internacionales o internos aplicables reciba, tanto si está solo como si está acompañado de sus padres o de cualquier otra persona».
PIDEN A VENEZUELA ATENDER SUS OBLIGACIONES
«Respecto de las obligaciones de las autoridades venezolanas, llamamos la atención sobre sus obligaciones internacionales y de derecho interno en este caso», sostiene la CEV.
Al respecto, piden que se garantice «que la investigación de los hechos se conduzca conforme a protocolos internacionales y con pleno respeto a los derechos que asisten a los familiares en su condición de víctimas».
«Esta investigación no debe ser de carácter meramente formal, sino que debe conducir al establecimiento completo de los hechos, y a actos conclusivos que conduzcan al establecimiento de las responsabilidades penales, civiles y administrativas a las que haya lugar», reclamaron.
