EL VENEZOLANO COLOMBIA | RAZÓN PÚBLICA
PERCEPCIÓN EQUIVOCADA
Las declaraciones de la alcaldesa de Bogotá sobre autoría de diversos crímenes por parte de migrantes venezolanos han puesto nuevamente en el debate los efectos del éxodo venezolano sobre la delincuencia en el país.
En todas partes del mundo, la migración puede afectar la percepción de seguridad: mientras que la ciudadanía percibe que la migración deteriora la seguridad asociando el fenómeno con el aumento de ciertos delitos en algunas ciudades, los pocos estudios que se han hecho en el país para analizar el fenómeno muestran lo contrario. Más migración no se traduce, al menos de manera directa y significativa, en más inseguridad.
Para el caso de Colombia, la evidencia dispersa indica que la ola migratoria no tuvo efectos significativos en el aumento de los delitos, particularmente en Bogotá. Por ejemplo, Sebastián Franco encontró que a corto plazo el choque migratorio pudo causar un aumento en los hurtos, pero este efecto se desvanece a largo plazo.
Lo anterior además no necesariamente significa que los migrantes venezolanos cometieran esos hurtos, sino que la migración irregular afecta los niveles de criminalidad a través de mecanismos aún desconocidos.
XENOFOBIA Y POPULISMO
A pesar de lo anterior, la xenofobia y el rechazo contra los venezolanos está aumentando en Colombia.
Pero no deja de llamar la atención que una líder de centro izquierda, cuyo programa de gobierno dice basarse en el cuidado, caiga en la tentación populista de culpar a los migrantes por el deterioro de la seguridad en Bogotá. Esta fue una salida fácil y peligrosa, puesto que el racismo y la xenofobia aumentan la desconfianza y pueden desembocar en el linchamiento, los crímenes de odio y la mal llamada limpieza social.
Y en efecto. El Barómetro de Xenofobia es una plataforma creada para seguir las conversaciones en las redes sobre la migración venezolana en Colombia (Irene Cabrera y otros colegas la analizan en esta misma edición de la revista); según esta plataforma, después de las declaraciones de la alcaldesa, la conversación sobre los migrantes acompañada de insultos y expresiones discriminatorias aumentó en un 83 %.
Una muestra clara de por qué los funcionarios públicos deberían tener más cuidado cuando se refieren a un tema tan sensible y sobre el cual sabemos muy poco.
LO CONOCIDO Y LO DESCONOCIDO
El análisis estadístico demuestra que no hay relación directa entre migración e inseguridad, pero el país está lejos de conocer los cambios en la criminalidad que ocasionó el éxodo venezolano.
En relación con la alcaldesa debo aclarar que—más allá de expresiones nefastas (como que “algunos venezolanos nos están haciendo la vida cuadritos”) —no se puede tildar de xenofóbica la preocupación ante un problema que debería estar en los primeros lugares de la agenda nacional: el problema de cómo nos está afectando la ola migratoria de Venezuela.
En el caso específico de la seguridad ciudadana, si las autoridades no se ocupan de manejar con cuidado un problema evidente, se corre el riesgo de aumentar las agresiones y rechazos contra los migrantes. Por ejemplo, la expresión “el venezolano roba muertos” hace carrera entre los fiscales y comandantes de policía, quienes la usan para referirse a la violencia que presuntamente se volvió norma en los robos efectuados por migrantes venezolanos.
Adicionalmente, son pocas las investigaciones sobre los efectos de este éxodo en la composición de las organizaciones criminales, las modalidades delictivas, o los portafolios de la criminalidad como la trata de personas y la explotación sexual.
Puede que los videos de ejecuciones montados en las redes sociales, el homicidio de un ciudadano dentro de Transmilenio o el ataque reciente con machetes contra un ciclista no impliquen un aumento del delito, pero son expresiones de violencia que la ciudad no estaba acostumbrada a ver.
VÍCTIMAS Y VICTIMARIOS
Es también poco lo que sabemos sobre la victimización de los venezolanos, quienes por su condición de exilio carecen de redes sólidas de apoyo y están expuestos al reclutamiento o la instrumentalización por parte de organizaciones delincuenciales colombianas.
Según la investigación de Brian Knight y Ana María Tribín, los homicidios en los municipios fronterizos aumentaron a raíz de la ola migratoria. Aunque las víctimas eran predominantemente venezolanas, esto no se tradujo en un aumento de las capturas de ciudadanos venezolanos por estos delitos. Hallazgos de este estilo sugieren que proteger a los venezolanos es una forma más efectiva de reducir el delito que deportarlos.
Uno de los principales factores de riesgo es el estatus irregular de la mayoría de los venezolanos que viven en Colombia. A pesar de los esfuerzos del gobierno colombiano, cerca del 58 % de los venezolanos que están en el país lo hacen de manera irregular.
En el caso de Bogotá esto supone que más de 200 mil inmigrantes intentan subsistir en la ciudad, puesto que en la capital se concentra cerca del 20 % de los casi dos millones de venezolanos que residen en Colombia.
Estas personas están obligadas a vivir en la informalidad, lo cual las hace vulnerables al control de las organizaciones delincuenciales: mafias del espacio público, urbanizadores piratas, extorsionistas del transporte informal como el ‘bicitaxismo’ o ‘paga diarios’ bajo el control de organizaciones dedicadas al microtráfico.
Este es un problema serio que necesita más investigación, menos declaraciones de principios y frente al cual la ciudad debe acoger, caracterizar, diferenciar y prevenir el delito y la victimización.
FALTA DE LIDERAZGO
El éxodo venezolano está lejos de concluir y falta el liderazgo nacional o local para enfrentar el problema es evidente.
En el plano nacional no existe una política fronteriza ni migratoria, ambas fundamentales para manejar la crisis e integrar y desarrollar el potencial económico y cultural que supone la migración para cualquier país.
Si bien ambas políticas están consignadas en el Plan Nacional de Desarrollo, las instancias nacionales y locales no se coordinan en la práctica. Esto se refleja en la escasez y dispersión de la información que sería necesaria para atender el problema.
En el caso de Bogotá, los avances de la Secretaría de Integración Social en materia de atención a los migrantes contrastan con lo hecho por la Secretaria de Seguridad.
El secretario de seguridad se comporta como un analista y no como el responsable de la seguridad. Por eso la Secretaría perdió el liderazgo territorial que tuvo en años pasados. Por si fuera poco, el secretario ha tenido roces públicos con la alcaldesa, se ha visto opacado por el secretario de gobierno y tiene una relación confusa con la Policía.
Además, asesores de alto nivel están desconectados de las dependencias encargadas de poner en marcha las estrategias de seguridad y hay renuncias en algunas dependencias claves, como la Dirección de Seguridad o la Oficina de Análisis e Información.
Es cierto que la migración venezolana es un enorme reto para Colombia. El tema exige acciones en materia de prevención del delito y de integración social. Sin embargo, endilgar el deterioro de la seguridad en la ciudad a los migrantes y no a una gestión insuficiente, confunde a la ciudadanía y denota una preocupante falta de humildad para corregir los errores.
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