Cuando el fiscal general de Estados Unidos, William Barr, señaló a Nicolás Maduro como líder del Cartel de los Soles —recibe el nombre de la insignia que llevan en el uniforme los generales en Venezuela— y narcoterrorista por su vinculación con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en marzo de este año, la comunidad internacional mantuvo silencio ante estas acusaciones y sobre la recompensa ofrecida de 15 millones de dólares por su captura.
Los gobiernos europeos optaron por interpretar la acusación del fiscal general estadounidense como un factor para inclinar el voto hispano por Donald Trump en este año electoral, sobre todo el de los venezolanos en el estado de Florida. Un colegio electoral que necesita el candidato republicano ganar para obtener la reelección presidencial el 3 de noviembre.
Además, la vinculación de la corporación criminal venezolana con el gobierno español de Pedro Sánchez-Pablo Iglesias, a través del expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero y el cofundador de Podemos Juan Carlos Monedero, ha permitido que la Unión Europea no acompañe hasta ahora la política de máxima presión ejercida por la administración de Donald Trump al jefe de los Soles y sus socios.
Sin embargo, la dura realidad de los contenidos del Informe de la Misión Internacional Independiente de las Naciones Unidas sobre la determinación de los hechos en Venezuela, en el que se acusa a Nicolás Maduro y varios de sus cómplices locales de crímenes de lesa humanidad, debe motivar a la comunidad internacional para aplicar la política de máxima presión al régimen bolivariano de una vez por todas.
El mismo secretario general de la ONU, António Guterres, urgió a Maduro “tomarse muy en serio” lo que el informe plantea. El subsecretario de Estado para asuntos hemisféricos de Estados Unidos, Michael Kozak, aseveró que “el reporte horroriza”. El Grupo Internacional de Contacto respalda la investigación de la ONU sobre Venezuela en el punto 7 del comunicado del 17 de septiembre. La ministra de Asuntos Exteriores de la UE y Cooperación de España, Arancha González Laya, ha calificado de “preocupante” el informe de la misión de la ONU. “Muestra una serie de violaciones de derechos humanos después de que se quebrara el orden democrático en Venezuela”. El portavoz de Política Exterior del Parlamento de Alemania, Jürgen Hardt, exigió a Maduro entregar el poder al presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, tras la ejecución de delitos de lesa humanidad. Y la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos apoya y se hace eco de las conclusiones y recomendaciones de la misión de verificación de las Naciones Unidas.
Maduro responde con la descalificación del informe a través de su fiscal Tarek William Saab y su representante para las relaciones exteriores, Jorge Arreaza, dentro de su estrategia de máxima resistencia.
Saab dijo que, desde su llegada al cargo, en agosto de 2017, había imputado a “565 funcionarios como presuntos responsables de vulneración de los derechos humanos y a 31 civiles implicados como colaboradores”. Y Arreaza afirmó que su jefe “no conocía las violaciones de derechos humanos que cometía el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional”. También, agregó que el informe de la ONU pretende torpedear el diálogo en Venezuela y que va en contra de la liberación de 110 personas implicadas en delitos establecidos en el ordenamiento jurídico interno. “Nos mantenemos firmes y seguiremos trabajando con Michelle Bachelet”, señaló.
Maduro busca superar la condición de criminal de lesa humanidad por medio de la alta comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet. Cree que, accediendo a la renovación de la Carta de Entendimiento con la alta comisionada, por un año renovable, y al establecimiento de una oficina para la Comisión en Venezuela puede seguir ejerciendo el poder de facto y dirigiendo las operaciones ilegítimas de la corporación criminal en el país bolivariano.
Basta recordar que, en 2018, la Secretaría General de la OEA y un Panel de Expertos Internacionales Independientes observaron también el mismo “patrón de detenciones arbitrarias, violaciones al debido proceso, así como alegaciones de torturas y desapariciones forzadas en los primeros días de detención”, señalados en el informe de la Misión para la Determinación de los Hechos de la ONU (Francisco Cox) y por la misma Bachelet.
El informe de la OEA también identificó la cadena de mando de estos crímenes de lesa humanidad: 11 funcionarios por su responsabilidad política inmediata y otros 146 subordinados por ejecutar órdenes. Esto permitió a Argentina, Canadá, Colombia, Chile, Paraguay y Perú, integrantes del Estatuto de Roma, una iniciativa sin precedentes: enviar el caso de Venezuela a la fiscal de la Corte Penal Internacional y solicitar una investigación, el 26 de septiembre de 2018.
Han transcurrido 2 años desde que se inició ante la CPI la acción contra Maduro y sus compinches internos. Sin embargo, en el mismo 2018 Maduro se hizo reelegir como presidente de facto sin importarle la opinión de la comunidad internacional (más de 50 países) que, en enero de 2019, desconoció su legitimidad de origen y reconoció al presidente de la Asamblea Nacional como presidente interino de Venezuela.
Maduro y sus aliados internacionales (Cuba, las FARC, ELN, Grupo de Puebla, entre otros) creen que pueden superar de nuevo un informe que lo señala como un criminal de lesa humanidad. Que es cuestión de tiempo (resistencia) y maniobras.
En el caso del informe de la OEA ante la CPI han actuado la fiscal Fatou Bensouda y la hermana del prófugo de la justicia estadounidense Tarek el Aissami, Haifa el Aissami, embajadora del régimen ante ese organismo.
Ahora, buscan apoyarse en Michelle Bachelet y Josep Borrell. Con la primera purgaría/eliminaría algunos cuerpos represivos del Estado. Y con el segundo la elección parlamentaria. Hay una “ventana de oportunidad” para que la Unión Europea pueda enviar una misión de observadores a las elecciones legislativas venezolanas.
Las cartas vuelven a estar echadas para arrinconar a Maduro y sacarlo del poder. Un usurpador (para más de 50 países), capo, narcoterrorista (según la Fiscalía General de Estados Unidos) y criminal de lesa humanidad (de acuerdo con la misión de la ONU) debe unir a la comunidad internacional para ejercer la máxima presión correspondiente, que permita llevar ante la justicia al responsable y liberar al pueblo venezolano de tanta opresión.
Si no actúan ahora —qué más necesita para hacerlo: usurpador, capo, narcoterrorista y criminal de lesa humanidad— será demasiado tarde para detener las amenazas transnacionales a la seguridad y la paz del hemisferio occidental.
