Nicolás Maduro presentó el proyecto de “Ley antibloqueo para el desarrollo nacional y la garantía de los derechos humanos” el pasado 1° de octubre, ante la fraudulenta asamblea nacional constituyente, con el objetivo de acabar con el legado de Hugo Chávez: “La nueva ética socialista, la suprema felicidad social, la democracia protagónica, el modelo productivo socialista, la nueva geopolítica nacional, Venezuela como potencia energética mundial y la nueva geopolítica internacional”.
Una herencia que ha sido transferida al pueblo bolivariano durante 20 años a través de la Agenda Alternativa Bolivariana, el Proyecto Nacional Simón Bolívar y los planes de la patria.
Maduro, al ser el elegido como el sucesor del comandante de Sabaneta y resultar electo presidente de Venezuela en abril 2013, convirtió esa herencia en leyes de la República Bolivariana de Venezuela en 2013 y 2019. La primera a través de la Asamblea Nacional, Gaceta Oficial extraordinaria 6118, y la segunda por medio de la ANC, Gaceta Oficial extraordinaria 6442.
Los postulados del socialismo del siglo XXI de “la fusión de los valores y principios de lo más avanzado de las corrientes humanistas del socialismo y de la herencia histórica del pensamiento de Simón Bolívar (…) la suprema felicidad social, (…) [con] la organización social, de tal manera de transformar su debilidad individual en fuerza colectiva, reforzando la independencia, la libertad y el poder originario del individual (…) [para] la eliminación de su división social, de su estructura jerárquica y de la disyuntiva entre la satisfacción de las necesidades humanas y la producción de riqueza subordinada a la reproducción del capital (…), [basándose en] el petróleo [que] continuará siendo decisivo para la captación de recursos del exterior, la generación de inversiones productivas internas, la satisfacción de las propias necesidades de energía y la consolidación del Modelo Productivo Socialista”, dieron origen a la corporación criminal de Maduro: corrupción, narcotráfico, contrabando de minerales y gasolina, violación de derechos humanos de lesa humanidad y el mayor éxodo humano del continente.
Entonces, Maduro y sus compinches necesitan de una nueva estrategia/narrativa para seguir operando la corporación criminal. Pero primero tienen que acabar con el legado del fallecido presidente. Y deben hacerlo en secreto para que las bases del chavismo no se den cuenta, reforzando en el imaginario revolucionario la lucha contra el bloqueo imperialista.
Así es que idean la nueva ley antibloqueo, que pretende ser constitucional aunque no existe en el orden jurídico venezolano y que plantea en el Artículo 1: “Contrarrestar, mitigar y reducir, de manera efectiva, urgente y necesaria, los efectos nocivos generados por la imposición, contra la República y su población”, de las supuestas “medidas coercitivas unilaterales y otras medidas restrictivas o punitivas, emanadas o dictadas por otro Estado o grupo de Estados, o por actos u omisiones derivadas de estos, por organizaciones internacionales u otros entes públicos o privados foráneos”.
No asumen las consecuencias del legado de Chávez. Los resultados de los últimos cuatro años del régimen de Maduro –manejado a través de 27 decretos de Estados de Excepción y Emergencia Económica– son: una contracción económica de 87% según el FMI, una caída del consumo final del sector privado de 82% según Datanálisis, una de-valuación monetaria de 82% y una hiperinflación, entre otros.
Además, si se segregan los datos suministrados por la corporación criminal para justificar la nueva “ley constitucional”, se observa una caída de los ingresos en divisas al BCV de 8,7 millardos de dólares para el período 2016–2018 y 4,3 millardos de dólares para el lapso 2019–septiembre 2020, cuando el gobierno de Donald Trump impuso las sanciones a la estatal petrolera de Venezuela, Pdvsa.
En 6 años, Maduro ha perdido un monto equivalente a los ingresos en divisas al BCV de 2013, menos 477 millones de dólares, a pesar de suspender derechos y legislar a su antojo con los estados de emergencia económica.
Ahora, para seguir mandando, lo que le queda es vender a precio de gallina flaca los activos empresariales expropiados y las participaciones en las empresas mixtas heredadas de Chávez, otorgando incluso actividades reservadas al Estado –la privatización total de la industria petrolera y de la comercialización de los derivados del petróleo–, con excepción de las acciones de Petróleos de Venezuela por aquello de que “Pdvsa es de todos”.
Después de haber confiscado y arruinado las empresas productivas del sector privado y público para establecer el socialismo del siglo XXI, Maduro las entregará a sus compinches internos e internacionales, responsables del usufructo del erario y posterior blanqueo de capitales, actores todos vinculados con la corporación criminal. Por eso, recurre a la confidencialidad, secreto y acceso restringido de las operaciones, “[creando] un cuarto oscuro que impide conocer documentos y procesos”.
Por lo tanto, lo que viene es el reparto de los activos de la República para que Maduro continúe en el poder. Para lograrlo, tiene que matar el legado de Chávez y el arma será la ley antibloqueo.
