EL VENEZOLANO COLOMBIA
Un grupo de organizaciones defensoras de derechos humanos pidió este jueves al Gobierno colombiano un «compromiso real» para detener la brutalidad policial, al tiempo que rechazó la estigmatización y los señalamientos contra sus procesos sociales.
«Hay una estrategia en la que buscan crear chivos expiatorios y esos chivos expiatorios son las organizaciones que están en los barrios consolidando la idea de que la solidaridad es el mecanismo más fuerte de transformación que tiene la sociedad», dijo el portavoz del movimiento Cumbre Popular Urbana, Jairo Oviedo.
Las organizaciones cuestionaron a quienes las acusan de incitar las manifestaciones violentas tras la muerte a manos de policías de Javier Ordóñez que dejaron al menos 13 muertos en Bogotá y la localidad vecina de Soacha la semana pasada.
Ordóñez, de 46 años, falleció en una clínica de Bogotá después de ser reducido por dos agentes que descargaron de manera prolongada sobre él una pistola eléctrica táser en la madrugada del pasado 9 de septiembre.
PROTESTAS INFILTRADAS
El Ministerio de Defensa aseguró el martes que así como se castigará a los responsables de la muerte de Ordóñez, también se buscará a los culpables de la ola de vandalismo que destruyó «la mitad de la infraestructura de seguridad de la capital colombiana».
Según investigaciones de las autoridades, las protestas supuestamente fueron infiltradas por el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y disidencias de las FARC, entre otros grupos de «anarquistas y terroristas».
Sobre esas declaraciones, la defensora de derechos humanos de la organización Ciudad en Movimiento, Pilar Lizcano, cuestionó a los medios de comunicación por reproducir «afirmaciones de miembros del Gobierno Nacional y Distrital (Bogotá) basadas en supuestos informes de inteligencia» en las que se señala a los manifestantes de tener vínculos con grupos ilegales.
«Es urgente que así como en el Gobierno tienen tanta efectividad para estigmatizar a las organizaciones sociales, se desmantele el paramilitarismo y las bandas armadas que atentan contra la vida de los líderes sociales», agregó Lizcano.
Según las organizaciones, los defensores de derechos humanos, vistos «como enemigos por parte del Gobierno», siguen recibiendo amenazas por denunciar las actividades ilegales de bandas criminales, así como intimidaciones para silenciar sus procesos sociales.
«Quienes generan estas campañas han buscado volver ilegítimo el derecho a la organización. Todo proceso se está estigmatizando como si fuera ilegal y hemos recibido incluso amenazas a maestros que tienen procesos legítimos», aseguró la vicepresidenta y coordinadora de la Comisión de DDHH de la Federación Colombiana de Educadores, Martha Alfonso.
AUMENTO DE LA VIOLENCIA
Los defensores rechazaron los asesinatos de líderes sociales y desmovilizados de la antigua guerrilla de las FARC, así como las recientes masacres perpetradas en las regiones más convulsas del país.
El Observatorio del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) ha registrado 57 masacres en lo corrido del 2020, 211 líderes asesinados y el homicidio de 225 exguerrilleros desde la firma del acuerdo de paz en 2016.
«Exigimos una mesa de concertación alrededor de qué está sucediendo en materia de violencia policial, que pare la estigmatización y que se nos respete como defensores de derechos humanos. No somos terroristas, no instigamos al delito», aseguró el representante de la Red Popular de Derechos Humanos de Bogotá, Andrés Felipe Aldana.
