EL VENEZOLANO COLOMBIA
La portuguesa Marta Valiñas, presidenta de la citada misión, de la que también forman parte el experto chileno Francisco Cox y el británico Paul Seils, presentó ante la 45ª sesión del Consejo de Derechos Humanos un informe que denuncia ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, torturas y otros abusos.
CRÍMENES DE ESTADO SISTEMÁTICOS
Estas violaciones fueron perpetradas, según la misión, por miembros de las fuerzas de seguridad del Estado y de los servicios de inteligencia venezolanos, tanto civiles como militares.
«Nuestro análisis completo y minucioso de 223 casos que hemos investigado (…) nos llevó a tener motivos razonables para creer que estas violaciones fueron cometidas como parte de una línea de conducta generalizada y sistemática, de conformidad con políticas de Estado que, por esa razón, constituyen crímenes de lesa humanidad», concluyó la investigadora portuguesa.
El informe sugiere que tribunales de fuera de Venezuela, incluida la Corte Penal Internacional, juzguen estas violaciones de las libertades fundamentales, aunque Valiñas se limitó en su intervención de hoy a pedir que las autoridades venezolanas garanticen la rendición de cuentas de los responsables.
El documento fue contestado contundentemente por la delegación del régimen, que actualmente forma parte del propio Consejo de Derechos Humanos y acusó a Estados Unidos y los países latinoamericanos del Grupo de Lima de estar detrás del informe.
Según el embajador venezolano en Ginebra, Jorge Valero, la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos, encargada de organizar esta misión, «ha desembolsado tres millones de dólares para elaborar el informe desde Panamá por mercenarios».
«La CIA y otros órganos del Gobierno de Estados Unidos han canalizado millones de dólares para posicionarlo internacionalmente» utilizando a «ONGs que han convertido a los derechos humanos en un rentable negocio», añadió en su intervención ante el mismo consejo, que en 2019 dio luz verde a la misión.
El embajador ligó la presentación del informe con la reciente gira del secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, por varios países vecinos de Venezuela «buscando concertar acciones para derrocar al Gobierno de Maduro, incluso con una invasión militar estadounidense apoyada por los gobiernos títeres de Colombia y Brasil».
VENEZUELA DESAFÍA A BACHELET
Valero también advirtió a la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos, que dirige la expresidenta chilena Michelle Bachelet, que puede elegir entre proseguir la actual cooperación con el gobierno de Maduro o «mantener una misión fantasma que hace un trabajo a control remoto» y con la que el Grupo de Lima le está «saboteando».
El diplomático venezolano defendió además, frente a las acusaciones de impunidad, que en los últimos tres años se ha imputado a 565 funcionaros de seguridad del Estado por denuncias de violaciones de derechos humanos, 447 siguen privados de libertad y ha habido condenas con sentencia firme contra 127 de ellos.
El informe, de 411 páginas, investigó unas 4.600 muertes a manos de las fuerzas de seguridad venezolanas y más de 3.400 denuncias de detenciones arbitrarias por razones políticas.
La presidenta de la misión tripartita defendió la «total independencia e imparcialidad» de su labor y lamentó que el Gobierno venezolano no les haya permitido llevar a cabo investigaciones «in situ» en el país, ni respondiera a ninguno de sus intentos de comunicación.
En el debate posterior a las intervenciones de la Misión Internacional y de Venezuela, la delegación de la Unión Europea y la peruana en nombre del Grupo de Lima manifestaron su apoyo al informe y a su petición de investigaciones imparciales.
Brasil resaltó expresamente la recomendación de que estos abusos se lleven a la Corte Penal Internacional con sede en La Haya, y exhortó a «poner a las víctimas por encima de todo».
