La migración difícilmente se detendrá: expertos

• En Cúcuta, la Unisimón organizó un foro virtual para tratar la crisis migratoria venezolana tras la pandemia

EL VENEZOLANO COLOMBIA | LA OPINIÓN

Actualmente en Colombia viven casi 2 millones de venezolanos, el 56,74% está de forma irregular, es decir, no posee ningún documento que lo regularice en el país, solo 43,25% tiene un estatus migratorio regular. 

Tras la crisis que ha generado la pandemia de la COVID-19 ya casi 100.000 han regresado a Venezuela tras perder sus capacidades económicas en los países de acogida. 

Las estimaciones de Migración Colombia frente a este escenario es que cada migrante que ha salido o salga regresará con por lo menos una persona más. 

Tomando en cuenta este contexto, la Universidad Simón Bolívar, a través del Grupo de Investigación Altos Estudios de Frontera (ALEF), organizó el foro Realidades y Desafíos para el Migrante Venezolano tras la COVID-19, en el cual expertos en el tema debatieron esta realidad y lo que está por venir.

(En el foro realidades y desafíos para el migrante venezolano  tras la COVID-19 los especialistas debatieron sobre la temática.)

Entre las principales conclusiones destacan que la migración venezolana difícilmente se va detener mientras las condiciones sociales, económicas y políticas en este país no mejoren. Así como también resaltan la necesidad de que los países de acogida trabajen en procesos de mayor inclusión. 

Alonso Hernández, especialista en migración del Colegio de la Frontera Norte de México, habló sobre las condiciones para ser refugiado y ¿por qué un venezolano podría ser refugiado?. 

El especialista destacó que el ejercicio de brindar protección es un acto humanitario de los Estados y que dichos mecanismos de protección deben garantizar, según la Agencia de la ONU para los Refugiados Acnur, 4 estándares mínimos: legalidad, para acceder a documentos que los regularicen;  derechos básicos, para tener acceso a la salud, educación, libre circulación; el no retorno y la accesibilidad.

Sostiene que en Venezuela no existe un conflicto bélico, que es una de las razones para obtener el la condición de refugio en los países de acogida; sin embargo, enfatizó que los venezolanos han huido de su país por la continua violación de los derechos humanos y la violencia generalizada, que abarca la violencia de actores estatales y no estatales. “Estos desplazamientos masivos es un indicador de la violencia de los derechos humanos”.

Rafael Darío Eugenio, subdirector de verificaciones migratorias de Migración Colombia, hizo un bosquejo detallado en cifras de los migrantes en el país, haciendo un recorrido desde el cierre fronterizo y explicando los distintos mecanismos regulatorios implementados desde esta entidad para darle regularización a los migrantes en el país.

Rina Mazuera, de la Unisimón, dio una cátedra enfatizada sobre el contexto de la crisis venezolana. Tomó en cuenta 5 variables: sueldo mínimo, pobreza, empleo, seguridad alimentaria e inseguridad. La profesora destacó que toda una serie de factores son los que han empujado al venezolano a salir, entre los que resaltó los altos índices de violencia. 

Sobre la primera  resaltó que actualmente el sueldo mínimo en Venezuela equivale a 2.70 dólares y para adquirir la canasta básica se necesitan 338 dólares mensuales.

Mientras que sobre el ítem de pobreza explicó que en la última Encuesta de Condiciones de Vida (Encovi), publicada hace dos semanas por la Universidad Católica Andrés Bello, el 79,3% de los venezolanos está sumergido en la pobreza extrema.

Sostuvo que el 44% de la población de 15 años y más está económicamente inactiva, y sobre la seguridad alimentaria manifestó que en dicho estudio se hace referencia a que tanto adultos como niños han limitado la cantidad y calidad en la ingesta de alimentos, que de cada 4 hogares 1 tiene inseguridad alimentaria severa, y que el 30% de los niños venezolanos menores de 5 años padecen desnutrición.

También destacó la necesidad básica insatisfecha del acceso a los servicios básicos como la salud, la educación, el agua potable, la electricidad. 

Miguel Morffe Peraza, de la Universidad Católica del Táchira, explicó las políticas migratorias y las acciones implementadas para la atención a los migrantes tras el contexto del coronavirus.

Estudio en pandemia

La Universidad Simón Bolívar hizo el estudio ‘Realidades y desafíos para el inmigrante venezolano tras la COVID-19’. Los profesores  Neida Albornoz-Arias,  Rina Mazuera y Miguel Morffe Peraza estuvieron  a cargo del mismo y sobre el cual obtuvieron una serie de resultados expuestos en el foro.

Entre los resultados que destaca Albornoz, quien expuso las conclusiones del mismo, está que de los encuestados (total 356), 328 manifestó que después de casi un año de haber migrado, la mayoría tiene un estatus migratorio regular.

“No obstante, solo 232 personas de las cuales 122 son mujeres (52.6%) y 110 hombres (47.4%), indican el tipo de documento que respalda su estatus migratorio. Al observar los porcentajes, se concluye que muy pocos han podido acceder a los mecanismos de protección internacional, en particular, el refugio”, precisa el estudio.

La mayoría está en Perú y Colombia, pero algunos manifestaron que han estado residenciados en diferentes países, dos o incluso tres, con estancias cortas de 3 a 4 meses en cada país según el caso.

Esto quiere decir que a lo largo de este año de migración no han logrado establecerse o tener una estabilidad que le permita quedarse en un mismo país.

Explica la especialista que los “países donde se encuentran los migrantes venezolanos se han visto afectados por la COVID-19, por ende, la situación de cada uno de ellos se ha agravado. Aun así, cuando se levante el confinamiento social y exista movilidad entre países, la mayoría no ha pensado en migrar a otro país en los próximos tres meses”.

Albornoz explica que de los 356 venezolanos encuestados, solo 148 tienen trabajo durante la pandemia. El 58,9% de las mujeres está sin empleo y solo 41,1% tiene un puesto de trabajo, mientras que en el caso de los hombres  50,3% está sin trabajo y 49,7% sí tiene.

“La mayoría que no tienen trabajo, lo perdió durante la pandemia. No obstante, otros migrantes tienen meses sin un trabajo que les permita obtener ingresos para satisfacer sus necesidades”, dice el trabajo de investigación.

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