EL VENEZOLANO COLOMBIA
El Gobierno colombiano autorizó los planes pilotos para reabrir los bares del país, cerrados desde marzo por la crisis provocada por la pandemia de la COVID-19, pero esos establecimientos no podrán vender, por el momento, bebidas alcohólicas.
«El funcionamiento de los bares (…) se realizará sin el expendio de bebidas alcohólicas, su funcionamiento es igual al de los restaurantes o expendios de comida», expresó el Gobierno en un circular externa publicada por la Asociación de Bares de Colombia (Asobares).
El documento establece además la implementación de esta medida en municipios «sin afectación o con baja afectación (por coronavirus) y en aquellos con moderada y alta, siempre y cuando, para su desarrollo se cumpla con los protocolos que en materia de bioseguridad adopte el Ministerio de Salud».
En ese sentido, se podrán abrir los bares «siempre y cuando la entidad territorial (autoridades locales) eleve la solicitud al Ministerio del Interior y este la autorice».
PETICIÓN DE FLEXIBILIZACIÓN
Asobares agradeció al Gobierno pero le solicitó que «no incluya o flexibilice la prohibición del expendio y consumo de bebidas alcohólicas al interior de los establecimientos de comercio como restaurantes, gastrobares y bares».
«Los recientes avances en la construcción articulada del protocolo para nuestra actividad económica por parte del equipo técnico del Ministerio de Salud, del Ministerio de Comercio y Asobares son un aliciente que confiamos sea materializado en una resolución posterior a la expedición del Decreto por parte del Ministerio del Interior», agregó la asociación.
En julio pasado, Asobares presentó el sello «COVID Safe», que otorgará a los establecimientos afiliados a esa asociación que cumplan con las medidas de bioseguridad y de sanidad para poder reabrir en cuanto el Gobierno dé la autorización para hacerlo.
Hasta antes de que se decretara la cuarentena por la COVID-19, en Colombia existían 50.000 bares aproximadamente que empleaban a unas 250.000 personas.
El 96,6 % de los establecimientos operaban en locales arrendados y el 84,2 % eran empresas que tienen hasta 50 empleados.
CRÍTICAS A LA DECISIÓN
La decisión fue criticada desde diferentes sectores, cuyos representantes compararon la medida con otras decisiones polémicas del Gobierno del presidente Iván Duque.
«Bares sin alcohol, decretos sin firmas y fracking responsable… ¡Qué más verán mis ojos!», dijo en Twitter Katherine Miranda, representante a la Cámara de la Alianza Verde, al referirse a que la Corte Constitucional declaró inexequibles en julio dos decretos para ayudar a la ciudadanía a mitigar los efectos porque no contaban con las firmas de dos ministros.
Entre tanto la campaña «Échele cabeza» -que busca generar y difundir información sobre Sustancias Psicoactivas (SPA) para la reducción de riesgos y daños- aseguró que la medida es contraproducente porque «promueve la venta y consumo de alcohol adulterado» e «impulsa consumo de sustancias ilegales».
«Abrirán bares a medias para adultos con altos niveles de ansiedad, tolerancia baja al alcohol y otras sustancias por la reducción obvia del consumo en cuarentena. La prohibición la más fácil y mediocre, educar lo más difícil y acertado. Reducción de Daños para volver a la fiesta», expresó «Échele Cabeza»
