Venezuela denunció a Estados Unidos ante la Corte Penal Internacional (CPI) por las sanciones contra su economía y reclamó a la fiscal jefe del tribunal, Fatou Bensouda, que abra una investigación contra Washington por “crímenes de lesa humanidad”.
El ministro de Relaciones Exteriores del régimen venezolano, Jorge Arreaza, acudió a la ciudad holandesa de La Haya para presentar una denuncia que supone, según él, “un hecho histórico” pues las sanciones “son un arma de destrucción masiva” contra el pueblo venezolano.
Las medidas de Estados Unidos tienen como víctima fundamental a la “población civil venezolana que ha muerto, que ha sufrido enfermedad y obstáculos para su alimentación”, explicó el canciller en una rueda de prensa posterior a la presentación de la denuncia.
El documento, de unas 60 páginas, contiene “datos estadísticos, tiene hechos, se pasea por las razones jurídicas, por la ilegalidad de las medidas coercitivas unilaterales, por la jurisdicción que tiene la CPI para investigar, enjuiciar y determinar responsabilidades de los hechos”, señaló.
“Es un caso bien sustentado” porque se trata de “ataques generalizados y sistemáticos” contra los ciudadanos del país caribeño, por lo que el Gobierno “va a difundir la denuncia por varias vías”, indicó Arreaza.
El jefe de la diplomacia venezolana puso como ejemplo los efectos que las sanciones han tenido en la industria petrolera venezolana, corazón económico del país, pues han perjudicado al “traslado de piezas, su reparación o a los procesos de refinado”.
La CPI solo investiga la responsabilidad penal de individuos y no trata litigios entre Estados. La denuncia venezolana no nombró a ningún alto oficial de Estados Unidos por su nombre pues, según Arreaza, debe ser la fiscal Bensouda quien los señale.
No obstante, dijo que los responsables están “en la élite de Estados Unidos” y lamentó que haya personajes públicos en Venezuela que defiendan una extensión de las sanciones.
Arreaza dijo tener esperanzas de que la denuncia “siente jurisprudencia para detener la locura de Estados Unidos” contra “todos los pueblos que son sujetos de medidas coercitivas unilaterales”, en referencia a las sanciones.
Aseguró que las medidas contra la economía de su país “se parecen a la persecución al pueblo judío durante el Holocausto” o a “la persecución del pueblo palestino”
Venezuela ha activado el artículo 14 del Estatuto de Roma, carta fundacional de la CPI, para presentar la denuncia. Se trata del mismo mecanismo que utilizaron seis países en septiembre de 2018 -Canadá, Colombia, Chile, Argentina, Paraguay y Perú- para pedir una investigación contra el presidente venezolano, Nicolás Maduro.
A la pregunta de Efe sobre si Venezuela responderá a estos países con una medida recíproca, tal y como temen algunas embajadas en La Haya, Arreaza lo descartó por el momento.
“Lo más importante es ir contra el dueño del circo, contra quien los instruyó a tomar esas decisiones, no dedicarnos a los empleados del circo”, respondió.
Más allá de la documentación presentada este jueves, Venezuela tiene abierto un examen preliminar a propuesta de la Fiscalía por posibles abusos de sus fuerzas de seguridad, tanto en las manifestaciones ocurridas en 2017 y a comienzos de 2019 como en algunas cárceles, donde supuestamente se maltrató a opositores.
Arreaza negó que dicho examen preliminar fuese tratado en la reunión que mantuvo con Bensouda. “Vinimos específicamente a hablar y a introducir esta remisión contra Estados Unidos, un caso totalmente distinto”.
La CPI es una instancia judicial de último recurso y se rige por el principio de complementariedad; es decir, no intervendría si la Justicia venezolana llevara a cabo indagaciones genuinas sobre la violencia en las manifestaciones y las acusaciones de tortura.
El canciller explicó que las instituciones del país “colaboran con las informaciones necesarias” exigidas por la Fiscalía para “demostrar los procesos judiciales que se siguen contra cualquier persona que haya cometido crímenes en Venezuela”.
El Venezolano Colombia con EFE
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