Dairys Jhoainys García se veía contenta cuando se cogía su estómago con las manos. La venezolana, de 23 años, se sentía emocionada, porque esperaba la llegada de su bebé. Tenía 6 meses de gestación y la joven había arribado meses atrás a Cali para buscar un mejor porvenir económico que el de su tierra natal, en Valencia, estado de Carabobo.
Pese a que en la capital vallecaucana no fue fácil sortear las dificultades por dinero, Dairys Jhoainys solía sonreír y tomarse selfies, tomando su vientre.
Pero en aquella mañana del 4 de febrero pasado, la muerte la alcanzó a ella y a su hijo no nacido por un tiroteo en una deprimida calle del barrio Sucre, en el centro de Cali, donde pagaba arriendo barato por el cuarto donde dormía.
La joven murió en el hospital San Juan de Dios, donde los médicos trataron de salvarla, pero por las heridas fue imposible.
Los disparos también alcanzaron a otro venezolano, Kherwin Adrián Rodríguez Urbina, de 26 años, pero familiares de la joven asesinada por personas armadas en motocicleta dijeron que el extranjero no era su pareja.
Con la misma dificultad en la que Dairys Jhoainys viajó desde el vecino país también llegaron allegados de ella para buscar la manera de repatriar su cuerpo, pues no tienen recursos y estaban haciendo una colecta.
Pero su situación es compleja, pues al repatriar el cadáver y el del niño, los gastos son onerosos. Por eso también vienen analizando si la sepultan en suelo colombiano. Aún no han tomado una decisión, mientras que se preguntan por qué los mataron y si habría sido porque eran venezolanos.
El crimen ocurrió en la carrera 11B con calle 17, en el sector donde gran parte de la comunidad vive de la venta de material reciclable.
Un mes antes de este doble homicidio que todavía no se ha esclarecido y por el cual, según la Policía, sigue la búsqueda de los sicarios para capturarlos fue asesinado otro venezolano en el Valle del Cauca. Se trató de Wílmer García a quien le dispararon en el tórax, en la pelvis y en el rostro.
Nadie hasta ahora ha precisado si sería familiar de Dairys Jhoainys o si solo es una coincidencia que ambas víctimas tengan el mismo apellido, nacionalidad y que sus muertes se registraron en el mismo Valle del Cauca, donde entre el primero de enero de 2019 y el 4 de febrero de este 2020 se han registrado 10 asesinatos de venezolanos en todo este departamento.
Tomando ese lapso, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Medicina Legal, hubo cerca de 57 homicidios de estos migrantes en todo el país, por lo que la decena de casos en el Valle corresponde al 17 por ciento de todas esas muertes violentas.
Lo único diferente es que a Wílmer García le dispararon en zona occidental de Tuluá. Fue en el barrio Las Américas, en la madrugada del 25 de diciembre del año pasado. Era vendedor de yogures y estaba celebrando la Navidad en una reunión a donde llegó un pistolero que tampoco ha sido capturado.
El número de crímenes está muy por encima de las víctimas originarias de Ecuador, Estados Unidos, Perú y España.
El número de crímenes está muy por encima de las víctimas originarias de Ecuador, Estados Unidos, Perú y España
Al preguntar sobre por qué matan a estos migrantes, entre todas las víctimas extranjeras en el territorio nacional, la respuesta en la Policía y en las mismas autoridades de la región, por ejemplo, tiene que ver con un elevado grado de intolerancia marcado por xenofobia y hasta por su condición de mujer, al señalar que hay feminicidios.
Así fue tipificado el crimen de una mujer venezolana, a finales de enero pasado, en Bolívar, municipio del noroccidente vallecaucano, al parecer, por quien era su pareja sentimental. El hombre no ha sido capturado y se llevó a la hija de la extranjera, de 6 años.
Estos migrantes también quedan en medio de escenarios del microtráfico, como en el caso de Yeselin Josefina Rangel, quien tenía 27 años. Fue asesinada en marzo del año pasado en una calle del barrio El Poblado, en el Distrito de Aguablanca, oriente de Cali y, según la Policía, todo ocurrió en una zona de disputas por tráfico de drogas.
Así pues, las muerte violentas y con tal nivel de sevicia se volcaron hacia estos migrantes que por la situación de su país han tenido que abandonar sus vidas y casi que pernoctar en las calles, algunos mendigando y otros, pese a que son profesionales tuvieron que volverse vendedores de todo artículo o trabajar como operarios o haciendo aseo o prestando servicios de meseros en establecimientos comerciales.
En el Valle y en Cali, este es el panorama de los venezolanos, quienes no solo tienen problemas a la hora, inclusive, de ser atendidos en centros hospitalarios por no contar con el Permiso Especial de Permanencia para acceder a servicios de especialistas o hasta cirugías y procedimientos complejos. Los crímenes van en ascenso en un departamento que es el séptimo del país con más de estos migrantes.
Esta semana, en una mesa de trabajo de las autoridades en Cali se revisaron las cifras de Migración Colombia, las cuales se revelaron que en el Valle del Cauca hay 85.780 venezolanos. De esas 85.780 personas, 58.213, el 68 por ciento, viven en Cali y es la ciudad vallecaucana donde más los asesinan.
Por la misma crítica situación, algunos han tenido que recurrir a la prostitución, donde como todos los trabajadores sexuales es una actividad que los mantiene vulnerables. Ese fue el caso del asesinato de una venezolana que tenía 18 años, cuyo cuerpo con señales de haber sido degollada fue encontrado por la Policía, envuelto en sábanas y en un pozo de aguas residuales, en el municipio de Dagua, en el occidente vallecaucano.
Por este hecho hubo un capturado, quien dio indicaciones de dónde estaba el cadáver de la joven. Había sido reportada por allegados como desaparecida.Llanto de bebé ayudó a descubrir en 24 horas a asesinos de su madre
En el caso del venezolano Néstor Enrique Paredes Mederos, de 24 años, fue asesinado el 9 de febrero del año pasado en un establecimiento público en el municipio de Tuluá.
El hecho se registró en la noche, en el asadero de pollos Tosti, ubicado en la esquina de la transversal 12 con calle 26 en el barrio La Ceiba.
Paredes era empleado en ese sitio con su esposa, también venezolana. Allí llegó el agresor que le disparó sin mediar palabra siete veces, en la cabeza, el cuello, la espalda y en el tórax.
Observando este preocupante balance, los mismos venezolanos que están viviendo prácticamente en la calle, sobre todo, cerca de la Terminal de Transportes de Cali tienen un clamor: piden ayuda económica y que no los sigan matando.
La Personería de Cali también está de atenta a la situación que viene generando alarma. El estamento informó que hay plazo hasta el próximo 29 de mayo para que la comunidad venezolana que aún no tiene el Permiso Especial de Permanencia lo tramite. El documento de dos años.
Texto extraído de El Tiempo, para leer la nota completa haz click aquí
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