Las amenazas a periodistas se han duplicado en Colombia desde la firma del Acuerdo de Paz con la antigua guerrilla de las FARC, en noviembre de 2016, informó la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP).
El aumento de la violencia ha configurado «zonas vedadas a la información» en los territorios en disputa por grupos armados que buscan el dominio del negocio del narcotráfico y otras economías ilegales, señala el informe «Callar y fingir. La censura de siempre» que presentó la FLIP en Bogotá, con motivo del día del periodista que se celebró ayer.
«En el último año se ha visto de forma muy clara la decisión de los medios nacionales de no enviar a sus reporteros» a las zonas más calientes del territorio y «los periodistas locales se han vuelto más vulnerables» explicó el coordinador del Centro de Estudios de Libertad de Expresión de la FLIP, Jonathan Bock Ruiz.
El estudio de la FLIP dio cuenta de 519 ataques a la prensa en el país en 2019, de los que 131 fueron amenazas, cuatro secuestros y dos asesinatos, los de los periodistas Mauricio Lezama y Libardo Montenegro que trabajaban en proyectos sobre paz y memoria.
TERRITORIO SILENCIADO
Después de la firma del acuerdo de paz «hay nuevos actores que entraron en la disputa por las rutas del narcotráfico y son estos los que están amenazando a los periodistas», explicó Bock en declaraciones a Efe.
Además, las disidencias de las FARC y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) se han fortalecido en algunas regiones, «un factor más de intimidación a los periodistas», argumentó Bock.
A diferencia de países como México o Brasil, que encabezan el ránking de asesinatos a periodistas, «Colombia presentó una reducción significativa de asesinatos en la última década, pero hay que atenerse al número de amenazas, que es muy alto y termina generado zonas silenciadas», añade el estudio.
PERIODISTAS EN REGIONES, LOS MÁS AFECTADOS
Desde la frontera con Venezuela, en el departamento de Arauca, hasta el sur de Colombia en Nariño, limítrofe con Ecuador, la violencia sigue «patrones muy similares a los que se seguían hace veinte años».
La FLIP presentó también el informe «La información como campo de batalla» que entregará a la Comisión de la Verdad -organismo creado a instancias del acuerdo de paz para descubrir patrones y causas del conflicto armado- y que hace un repaso de la violencia contra periodistas en tres de los departamentos más afectados: Arauca, Caquetá y Córdoba.
CENSURA SUTIL
El informe de la FLIP advierte también de «formas de censura más sutiles» como las agresiones a 66 periodistas durante las protestas de los últimos meses contra la política económica y social del gobierno del presidente Iván Duque en las que, según el estudio, los principales agresores fueron «integrantes de la Policía Nacional».
Bock mostró también su preocupación por proyectos de ley que buscan regular las redes sociales y por los despidos masivos de periodistas en Colombia, unos 1.100 en cuatro años.
Además, la FLIP alertó de los 600.000 millones de pesos (unos 174 millones de dólares) de publicidad institucional que otorgaron ocho administraciones públicas a distintos medios de comunicación en 2019 y que según Bock terminan funcionando como «un subsidio disfrazado».
El estudio de la FLIP contabilizó también 66 casos de acoso judicial que llevaron a periodistas a procesos penales.
El Venezolano Colombia con EFE
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