El gobierno ecuatoriano y el movimiento indígena pusieron fin este domingo a las protestas con un acuerdo que deroga el polémico decreto que elevaba el precio de los combustibles, y comenzaron negociaciones para poner fin a la crisis.
Después de más de cuatro horas de negociación con la mediación de la ONU y la Iglesia católica, las dos partes asumieron un compromiso que atiende la exigencia del movimiento indígena: la derogatoria del decreto que había liberado el precio del diésel y la gasolina, con lo que aumentaban hasta 123%.
Miles de personas se volcaron a las calles de Quito para festejar, pese al toque de queda impuesto por el presidente Lenín Moreno debido a los fuertes disturbios de la víspera.
Jaime Vargas, líder de la Confederación de Nacionalidades Indígenas, anunció de inmediato el levantamiento de las protestas que dejaron 7 muertos, 1.340 heridos y 1.152 detenidos, según la Defensoría del Pueblo.
«Se ha dejado sin efecto el decreto 883 y eso es para todo el país. ¡Viva el Ecuador! ¡Viva la paz!», proclamó Vargas al término de las negociaciones con Moreno en persona.
El mandatario explicó que sustituirá el decreto por uno nuevo que contenga mecanismos para focalizar los recursos en quienes más los necesitan.
Alberto Acosta Burneo, analista económico, manifestó a AFP que el próximo acuerdo probablemente signifique que ya el ahorro no será tan grande como el que se esperaba.
Moreno firmó compromisos con el Fondo Monetario Internacional para obtener créditos por 4.200 millones de dólares.
Estos estarían destinados a aliviar el pesado déficit fiscal del que hace responsable al gobierno de su antecesor, Rafael Correa.
A cambio lleva a cabo una política de ajustes que, además de desmontar ayudas, prevén recortar derechos a los empleados públicos.
UNA HUELLA DE DESTRUCCIÓN
El fin de la crisis llegó en pleno toque de queda en Quito. Este domingo todavía podían verse grandes destrozos en puntos de la ciudad.
Decenas de manifestantes regresaron a las calles y prendieron fogatas, y en algunos puntos la policía lanzó gas lacrimógeno para frenar su avance. Aunque no se registraron choques tan violentos como los del sábado.
La protesta que estalló el 2 de octubre también interrumpió el transporte de petróleo por el principal ducto de Ecuador, debido a la ocupación de pozos en la Amazonía.
Moreno decretó el estado de excepción al día siguiente de iniciadas las manifestaciones y movilizó a las Fuerzas Armadas para contener el estallido social. También decidió trasladar la sede de gobierno a Guayaquil.
Los indígenas, que representan 25% de los 17,3 millones de ecuatorianos, alcanzaron una resonante victoria en la mesa de negociación. Son el sector más castigado por la pobreza y trabajan principalmente en el campo.
Con la liberación de los precios de los combustibles debían pagar más para transportar sus productos, al tiempo que temían una inflación generalizada.
El sábado Moreno había acusado a Correa y al mandatario venezolano, Nicolás Maduro, de estar tras la violencia. Ambos líderes se han burlado antes de señalamientos similares.
Con información de AFP
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